edición: 2831 , Miércoles, 23 octubre 2019
07/12/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Las empresas ferroviarias podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales a finales de 2020

Javier Ardalán
La Comisión del Parlamento Europeo respalda la reforma de los servicios ferroviarios nacionales, el paquete de la "IV reforma ferroviaria", que ofrece más opciones para mejorar los servicios, que todavía tiene que ser apoyada por el pleno del Parlamento en diciembre. Las empresas ferroviarias europeas podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales a partir del 14 de diciembre de 2020.
El paquete de la ‘IV reforma ferroviaria’, presentado por la Comisión Europea en enero de 2013, tiene por objeto mejorar la competitividad del sector ferroviario y la calidad de los servicios ferroviarios mediante la introducción de una mayor competencia en los servicios de pasajeros y la igualdad de condiciones para los operadores en la obtención de autorizaciones y certificaciones.

Las normas actuales para la adjudicación directa de los contratos para un operador ferroviario específico tendrán los días contados, después de que el Parlamento apruebe la norma que impone un periodo máximo de siete años, dejando la competencia entre operadores como norma general.

También se establecerán incentivos para pasar a un sistema de licitación competitivo incluso antes de esa fecha, como la reducción de la duración de los contratos adjudicados directamente.

Sin embargo, la concesión directa podrá seguir siendo posible, bajo nuevas condiciones y más estrictas. Por ejemplo, si la adjudicación directa de un contrato se justifica porque ofrecería una mejor calidad de servicio o una mayor rentabilidad, se incluirán en el contrato los requisitos de rendimiento, tales como la puntualidad y la frecuencia de los servicios, la calidad del material rodante y la capacidad de transporte.

El Parlamento quiere que se centren las condiciones en las necesidades de los pasajeros. Por ello, la adjudicación directa se concederá para contratos de servicio público por debajo de un determinado valor o umbrales de pasajeros.

Los Estados miembros también podrían limitar el derecho de acceso de un nuevo operador si un nuevo servicio comprometer el equilibrio económico de un contrato de servicio público existente.

Los operadores de servicios públicos también tendrán que cumplir las obligaciones aplicables en el ámbito de la legislación social y laboral establecidas por el Derecho de la UE, la legislación nacional o los convenios colectivos.

Un acceso más fácil para todos los operadores ferroviarios a los mercados ferroviarios nacionales debería dar a los pasajeros más opciones y servicios de mejor calidad bajo el proyecto de reglas respaldado por el Comité de Transporte y Turismo el lunes.

Las nuevas normas combinan la concesión de acceso a los operadores ferroviarios para el uso de vías férreas y estaciones en los mercados ferroviarios nacionales de la UE y la licitación, por regla general, para los contratos de servicio público.

La mayoría de los servicios ferroviarios nacionales de la UE se prestan actualmente en el marco de contratos de servicio público, muchos de los cuales se adjudican sin licitación.

Un acceso más fácil al mercado de los operadores ferroviarios debería alentarlos a proporcionar nuevos servicios de pasajeros en los mercados internos de los países de la UE ya impulsar las empresas y las inversiones. También debería impulsar mejoras en la calidad del servicio y la innovación en el sector, que está rezagado respecto a otros modos de transporte en cuanto al número de pasajeros transportados.

Para asegurar la continuidad de los servicios de pasajeros en virtud de un contrato de servicio público, el análisis económico objetivo por el regulador determinaría cuándo el acceso abierto puede ser limitado.

El acceso de los servicios de pasajeros de alta velocidad a las infraestructuras ferroviarias se regirá por normas especiales, con vistas a desarrollar el mercado de los servicios de pasajeros de alta velocidad.

Se requerirán mayores salvaguardias y evaluación de los conflictos de intereses para garantizar que los administradores de infraestructuras funcionen imparcialmente, de modo que todos los operadores tengan igual acceso a las vías y estaciones.

Se añadirán nuevos requisitos de rendimiento (puntualidad y frecuencia de los servicios, calidad del material rodante y capacidad de transporte) para mejorar el enfoque en las necesidades de los pasajeros.

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