edición: 2470 , Lunes, 21 mayo 2018
10/07/2009

Las empresas necesitan renovarse en la gestión del riesgo medioambiental

Un reciente Real Decreto cuantifica por primera vez de forma obligatoria los costes y riesgos
Beatriz Lorenzo

Empleo de materiales tóxicos, escapes accidentales, erosión del territorio, mal uso del suelo. Graves consecuencias que, cada cierto tiempo, se derivan de la actividad empresarial afectando a comunidades enteras y dañando al medio ambiente. Un tema que preocupa, y mucho, a los directivos de las compañías, quizás no tanto por los daños, como por la alarma que suele dispararse cuál resorte en una sociedad para la que las imágenes de Chernobyl todavía están muy recientes. Sobre este tema, y con el Real Decreto 2090/2008 todavía recién salido del horno, se ha debatido ampliamente en una mesa redonda organizada por ACE Europa de la cual se extraen importantes conclusiones sobre el análisis del riesgo ambiental en el panorama empresarial actual.

El nuevo Reglamento de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental y el Real Decreto 2090/2008 –que entró en vigor el pasado 23 de abril– cuantifican, por primera vez, los costes y riesgos ambientales de la compañía de forma obligatoria, lo que supone una oportunidad para que la empresa mejore su gestión medioambiental.

Las pautas principales para una buena gestión pasan por una correcta cuantificación del entorno de la empresa en cuestión, además de una identificación correcta y coherente de todos los factores que conforman su ámbito organizativo y de cultura empresarial. Aún así, la valoración de subjetividades mucho antes de que se produzcan es un riesgo y una dificultad añadida que hoy por hoy no parece tener fácil solución.

Además, se ha demostrado la eficacia de la valoración con técnicas cuantitativas, llegándose a resultados óptimos en aquellas empresas que consiguen ligar el análisis de riesgos al cálculo de la garantía financiera. Modelos como el implantado por el Gobierno Vasco, que se ha decantado por un proyecto de puesta en marcha de la norma UNE 150.008 han demostrado también ser muy adecuados.

La UNE 150008, que se ha implantado en marzo de este año, es de aplicación a todo tipo de empresas y especialmente útil para aquellas organizaciones afectadas por la Ley de Responsabilidad Ambiental, entre ellas eléctricas, refinerías de petróleo y gas, coquerías, de metales y minerales, sustancias peligrosas, gestión de residuos, vertederos y de aguas.
Tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, describir el método para analizar y evaluar el riesgo ambiental de las empresas y administraciones y, por otro, establecer las bases para que las organizaciones pueden llevar a cabo una gestión eficaz del mismo y así poder tomar las decisiones más adecuadas sobre esos riesgos.

La crisis financiera se presenta también en este ámbito como una oportunidad de enraizar la política de riesgos en la gestión, sobre todo en el caso de las pymes, cuyos sistemas son mucho menos protocolizados que los de las grandes compañías.

En ACE Europa se debatió también la posible pérdida de competitividad para las empresas que vendría derivada de los aumentos de costes inherentes a la entrada en vigor de la Ley y de su Reglamento, llegándose a la conclusión de que  “Tenemos una forma nueva pero conocemos el fondo. La Ley ordena lo que antes estaba disperso”. Lo que más preocupa es que “el Reglamento no tienen carácter imperativo, que es una ley de mínimos, lo que es peligroso en España. Y que, en muchos asuntos, hay una norma en cada CCAA, por lo que cada región puede determinar que una gestión distinta”.

BLINDAJE MEDIOAMBIENTAL

A partir del año 2011, más de un millón de explotaciones agrarias, más de 5.000 empresas industriales y cerca de 30.000 compañías de transporte de mercancías deberán contar con garantías financieras -pólizas de seguro o mecanismos similares- ante posibles desastres medioambientales, tanto más exigentes cuanto mayor sea el daño potencial que puedan causar sus actividades.

Las industrias deberán reparar todos los daños causados al entorno, con independencia de si hubo culpa o no. Sólo quedarán exentas aquellas cuyos eventuales perjuicios impliquen pérdidas por debajo de los 300.000 euros. En esos casos, el Ministerio de Medio Ambiente se hará cargo de las reparaciones.

Cuando los daños sean entre 300.000 y dos millones de euros, los operadores podrán suscribir garantías financieras o sumarse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental. Por encima de los dos millones de euros será obligatoria la póliza de garantía financiera.

Estas son las disposiciones que plantea la Ley de Responsabilidad Medioambiental que viene a ser completada por el reciente Real Decreto
Una legislación cuyos objetivos se centraban en intentar terminar con el escaso blindaje que existía en España en ese momento. Hasta la entrada en vigor de la Ley, tan sólo el 1% del sector industrial contaba con seguros para hacer frente a los daños graduales que pudieran ocasionar al medioambiente y, por lo general, esas pólizas apenas ofrecían cobertura suficiente para pagar los altos costes que generaba la descontaminación.

El nuevo Real Decreto aporta más precisión en este ámbito, al ser pionero en cuantificar los riesgos y costes medioambientales, tratando así de eliminar todo vestigio de descontrol o laguna normativa.

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