edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
19/07/2010

Las empresas se desesperan con la declaración y documentación de operaciones vinculadas

Javier Ardalán
La declaración del Impuesto sobre Sociedades que actualmente están realizando la mayoría de las empresas residentes en España está planteando, como era de esperar, multitud de problemas y quebraderos de cabeza a causa de las obligaciones de documentación sobre las operaciones vinculadas. Para los exentos, la clave está en tener en cuenta que cuando no existe obligación de documentar una operación vinculada, no existe obligación de declararla. Lo complicado ocurre en los supuestos en los que existe la obligación de documentar la operación,  pero no es obligatorio informar de la misma en la declaración.

Para quienes tienen que declarar las exigencias de documentar operaciones comparativas de las empresas competidoras o de su propio sector nacional e internacional son las más complicadas, según revelan los asesores fiscales.

Y esta tensión es así a pesar de que el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, ha incluido importantes exclusiones de  estas obligaciones de documentación. Los niveles se sitúan en un importe neto de la cifra de negocios en el período impositivo inferior a 8 millones de euros, cuando el importe total de las operaciones vinculadas realizadas por ellas en el ejercicio (incluidas las operaciones específicas) no supere 100.000 euros de valor de mercado.

Además, el Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, que ha modificado el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas, ha establecido otro  límite independiente del anterior situado en operaciones de 250.000 euros. Por debajo de esta cifra  no es necesario elaborar, salvo que las sociedades estén ubicadas en paraísos fiscales, las obligaciones de documentación exigidas por el Reglamento, que hayan sido realizadas en el mismo período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cualquiera que sea el tamaño de la empresa y el carácter interno o internacional de las operaciones.

Por encima de ese límite no existe exoneración de las obligaciones de documentación, la obligación de documentación es para todas las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada y no sólo por aquella parte que supere dicho límite.

En la práctica, la nueva regulación libera a una gran mayoría de las empresas de reducida dimensión de cumplir con las obligaciones formales relacionadas con las operaciones vinculadas que realicen en su actividad empresarial habitual. Dicha exoneración se extenderá también a las operaciones que se realicen entre agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas (UTE) para cualquier operación que realicen con una entidad del mismo grupo fiscal al que pertenezcan sus miembros. Las entidades de crédito integradas a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), en las operaciones que tengan relación con el cumplimiento del referido sistema.

Para aquellas que sobrepasen dicho límite y tengan que cumplir las obligaciones de documentación, se establecen límites máximos para las sanciones que se les puedan imponer cuando el incumplimiento formal no acarree perjuicio económico para el Tesoro. La sanción nunca podrá superar el 10 por ciento del valor de mercado de la operación ni el 1 por ciento de la cifra de negocios de la entidad. Una auténtica rebaja sobre las tablas del régimen sancionador general.

No obstante, la exoneración de la obligación de documentación no se aplica a las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un paraíso fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.

Adicionalmente, se establece una segunda simplificación en el artículo 18.4 e) del RIS que alcanza a todos los sujetos pasivos del Impuesto, incluidas las empresas cuya cifra de negocios no supere los 8 millones de euros.

Como ejemplo, supongamos que una entidad, cuyo importe neto de cifra de negocios en el período impositivo es superior a 8 millones de euros, realiza operaciones vinculadas con otra entidad por valor de 300.000 euros (90.000 de un tipo de operación y método de valoración y 210.000 de otro tipo de operación y método de valoración distinto). Sus obligaciones de documentación y declaración serían las siguientes: al superar el límite de 250.000 euros en operaciones vinculadas con la misma entidad, tendría obligación de documentar la totalidad de las operaciones. 

Sin embargo, con respecto a los 90.000 euros de un determinado tipo de operación, como no se supera el límite de los 100.000 euros establecido para la obligación de declarar, no habría obligación de declararlos. Por el contrario, respecto a los 210.000 euros del otro tipo de operación, al superarse el límite de los 100.000 euros establecido para la obligación de declarar, sí habría que informar en la declaración.

Las  empresas podrán tener disponible la documentación de las operaciones vinculadas no sólo en papel, sino también en la red interna de las empresas o en Internet y cualquier duda sobre este asunto puede despejarse en el portal de la Agencia Tributaria (www.aeat.es), en el que se puede acceder a las interpretaciones doctrinales de la Dirección General de Tributos y a un buen número de ejemplos a tener en cuenta a la hora de realizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

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