edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
27/03/2009
Tributos devuelve la situación a su punto de origen

Las empresas sí podrán deducir los ingresos de sus administradores en Sociedades

Considera fiscalmente deducibles las retribuciones cuando los estatutos reflejan el carácter remunerado del cargo
Las empresas podrán seguir pagando a sus administradores sin necesidad de detallarlo en los estatutos
Javier Ardalán

Hacienda ha arrojado luz a un tema que llevaba de cabeza a las sociedades, como es el de la deducibilidad de los ingresos de sus administradores, integrantes de los consejos de administración, en el Impuesto sobre Sociedades. Algunas sociedades se habían propuesto, incluso, la posibilidad de cambiar el modelo societario para evitarse problemas. Dos sentencias del Tribunal Supremo, ambas fechadas en el mes de noviembre de 2008, venían a modificar la tradicional doctrina civil e imponían un punto de vista mercantil por el que se obligaba a las empresas a cambiar sus estatutos sociales y a incluir con todo tipo de detalles los ingresos percibidos por cada miembro del consejo de administración. De no hacerlo así, debería considerarse que estos pagos constituían una liberalidad y, por lo tanto, no era posible practicar su desgravación como gasto en el Impuesto sobre Sociedades.

Textualmente, exigía que "sea cual sea la modalidad por la que se opte -una remuneración fija, una cantidad variable, o un sistema mixto que combine los anteriores-, ésta debe quedar reflejada claramente en los estatutos de la entidad".

Basaba la Sala Tercera su argumentario, en la necesidad de que un gasto fuese obligatorio para poder ser deducible y consideraba que únicamente si se estaba reflejado en los estatutos sociales se cumplía esta condición.

En el texto de ambas sentencias se especificaba que "para que la remuneración de los administradores sea un gasto obligatorio a efectos de su deducción en el Impuesto sobre Sociedades no basta con que los estatutos sociales hagan una mención a las mismas", sino que "ha de constar con certeza" y no ser contraria a lo dispuesto en el artículo 130 de la ley de Sociedades Anónimas de 1978, texto legal sobre el que versaba el litigio, que respondía a un recurso de la empresa Cervera Mahou.

El miedo de las sociedades se cifraba a partir de ese momento en el derecho de la Administración tributaria a comprobar los ejercicios no prescritos a la luz de esta nueva interpretación doctrinal.

Por eso, el informe emitido por Tributos es fundamental, ya que devuelve las cosas a su punto de origen, salvo para aquellas sociedades que se encuentren en las mismas circunstancias que se encontraba Mahon, es decir, con una sanción impuesta por la Inspección bajo la normativa anterior al año 1996, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades y que hayan recurrido a los tribunales.

Dice Tributos, que desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1995 y, aún más con la actual normativa de 2004, el concepto de gasto deducible se ha visto modificado, porque la Ley 43/1995 no dedica ninguna norma específica a las retribuciones de los administradores sociales, frente a lo que hacía la derogada ley 61/1978.

Considera fiscalmente deducibles las retribuciones satisfechas a los administradores cuando los estatutos reflejan el carácter remunerado del cargo, aun cuando estos estatutos no cumplan con todos y cada uno de los requisitos de certeza exigibles según la norma mercantil. 

El artículo 19,3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2004  regula que los gastos para que sean deducibles deben haberse contabilizado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias o en una cuenta de Reservas, si así lo establece una norma legal o reglamentaria y que  “tendrán la consideración de gasto contable del ejercicio, dado que esos suponen un decremento sobre el patrimonio neto como consecuencia  de una salida del activo fruto de la cantidad monetaria satisfecha”.

Dice también el informe que "las retribuciones de los administradores se consideran un gasto realizado para la obtención de ingresos de la entidad, cuestión que no ha sido puesta en duda, ni por las sentencias del Tribunal Supremo señaladas, de 13 de noviembre de 2008, ni por ninguna otra sentencia y no tienen la consideración de liberalidad".

Problema, por tanto, zanjado. Las empresas podrán seguir pagando a sus administradores sin necesidad de detallarlo en los estatutos, bastará con que conste el carácter remunerado de los cargos y unas generalidades sobre el sistema de pago empleado.

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