edición: 3002 , Viernes, 3 julio 2020
23/04/2013

Las entidades de crédito de la UE deberán facilitar información desglosada por países para evitar el fraude fiscal

Javier Ardalán
No se autorizarán entidades de crédito que no faciliten información desglosada por países como medida de lucha contra la elusión fiscal, al igual que la Unión Europea empezará a exigir que las empresas faciliten de esta forma la información, según se establece en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

La futura normativa regulará que las autoridades competentes no deben conceder o mantener la autorización a entidades de crédito cuyos vínculos estrechos con otras personas físicas o jurídicas sean de índole tal que puedan obstaculizar el buen ejercicio de su misión de supervisión. Las entidades de crédito ya autorizadas deben igualmente ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes respecto a dichos vínculos estrechos.

Considera la propuesta que la crisis financiera ha demostrado la existencia de vínculos entre el sector bancario y el denominado «sector bancario paralelo». Cierta actividad bancaria paralela entiende que es útil para mantener riesgos fuera del sector bancario y por ende apartados de un posible impacto sistémico o en los contribuyentes.

No obstante, determina que para lograr la estabilidad financiera es necesario comprender plenamente las operaciones bancarias paralelas y sus vínculos con las entidades financieras, y regularlas para aportar transparencia, reducir el riesgo sistémico y eliminar las prácticas impropias. Esto se podrá conseguir en parte exigiendo más información a las entidades financieras, pero también será necesaria nueva regulación específica.

 La referencia al ejercicio efectivo por parte de las autoridades supervisoras de su misión de supervisión abarca la supervisión en base consolidada que debe ejercerse sobre una entidad de crédito o empresa de inversión cuando así se disponga en el Derecho de la Unión.

En tales casos, las autoridades a las que se haya solicitado la autorización deben poder determinar las autoridades competentes para la supervisión en base consolidada de dicha entidad de crédito o empresa de inversión.

La norma dice también, que la Comisión debe velar por que la legislación futura que obligue a las entidades a contribuir a fondos de resolución y otros fondos destinados a limitar el importe de los costes externos trasladados a los clientes y los contribuyentes tengan plenamente en cuenta el perfil de riesgo de falta de liquidez de las entidades participantes.

El texto, que modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, indica que las entidades de crédito y las empresas de inversión que no respeten los límites prudenciales establecidos por esta futura norma deberán contribuir en mayor proporción mayor en lo relativo al riesgo de falta de liquidez que las que sí lo hagan.

Los planes de resolución de crisis («testamentos vitales») constituyen una herramienta importante para facilitar la resolución eficaz de las entidades financieras. En caso de quiebra, deben contribuir a limitar las repercusiones negativas para la economía real y evitar la necesidad de recurrir al contribuyente. Han de revestir especial relevancia en el caso de las entidades de importancia sistémica y en la resolución de casos transfronterizos.

Debe reducirse la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias externas y deben eliminarse gradualmente todos los efectos automáticos derivados de las calificaciones, abunda el texto de la propuesta. Por consiguiente, la regulación debe obligar a las entidades de crédito y las empresas de inversión a establecer criterios para la concesión de créditos y procedimientos de decisión crediticia que sean sólidos.

Las calificaciones crediticias externas podrán utilizarse como un factor más en este proceso, pero no debe dependerse exclusivamente de ellas y no deben ser el factor dominante.

El reconocimiento de una agencia de calificación crediticia como agencia de calificación externa (ECAI) no debe intensificar la exclusión de competidores de un mercado ya dominado por tres empresas principales. Como medio para abrir el mercado a otras empresas, la ABE y los bancos centrales deben contemplar el reconocimiento como ECAI de más agencias de calificación crediticia, sin que por ello se haga más fácil o menos exigente el procedimiento.

La ABE, en colaboración con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), emitirá también directrices de intervención macroprudencial por parte de los supervisores a nivel de Estado miembro, revisará todas estas medidas y, cuando proceda, asesorará a la Comisión si las medidas tomadas son injustificadas. La Comisión podrá solicitar que se revoquen las medidas injustificadas.

A fin de conseguir una aplicación coherente y asegurar la supervisión macroprudencial en toda la Unión, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) elaborará principios adaptados a la economía de la Unión y se encargue de seguir su aplicación.

La presente Directiva no debe impedir a la JERS tomar las medidas que estime necesarias con arreglo al Reglamento 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.

Finalmente, el Parlamento Europeo entiende que la deuda soberana en una unión monetaria presenta una dinámica distinta a la de las monedas independientes. Conviene revisar, por consiguiente, el mantenimiento de la ponderación de riesgo del 0 % de la deuda soberana de todos los Estados miembros y, en caso de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con arreglo al Reglamento nº 1466/97, proceder a limitarla o retirarla como medida disciplinaria para abordar desequilibrios macroeconómicos excesivos y velar por la observancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

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