edición: 2847 , Viernes, 15 noviembre 2019
03/02/2012

Las entidades públicas no pueden despedir por causas económicas al no regirse por criterios mercantiles

Javier Ardalán
Las entidades de derecho público no pueden llevar a cabo extinciones de contratos por causas objetivas de carácter económico y productivo, puesto que su finalidad no es concurrir en el mercado como si de un competidor más se tratara que pueda regir su actuación por los mismos principios y objetivos que una sociedad privada, es decir con la finalidad de obtener beneficios y rentabilidad económica.

Así lo determina una interesante sentencia del Juzgado de lo Social nº 12 de Barcelona que establece que sus resultados no pueden medirse ni valorarse con los mismos parámetros de beneficios o pérdidas inherentes a las sociedades capitalistas privadas, sino en los términos que resultan de su propia identidad como ente público orientado a la gestión del interés social general y, de acuerdo con su presupuesto.

De ahí que el ponente, el magistrado Faustino Rodríguez García, señale que aún cuando tanto las empresas como las Administraciones Públicas pueden aparecer como sujetos empleadores en una relación laboral, las peculiaridades propias que presenta la Administración Pública en cuanto empleador impide que la dinámica del contrato de trabajo en que ésta participa puede equipararse sin más a la propia de la empresa privada en general, pues hay matices importantes que impiden a la Administración Pública recurrir a mecanismos que la ley reserva, aún cuando esto no se diga expresamente, a las empresas en el sentido estrictamente mercantil del término.

Mientras que las empresas rigen su actuación por la lógica de la iniciativa propia y la libertad de empresa, las Administraciones Públicas se han de dedicar de modo exclusivo a servir con objetividad los intereses generales, lo cual se materializa mediante la prestación de los servicios públicos incardinados dentro de su esfera competencial de acuerdo con la Ley.

En tanto que la empresa se desenvuelve conforme a las leyes del Derecho privado y del mercado en general, en concurrencia y competencia con otras empresas, la Administración Pública debe sujetarse al derecho público y no queda afectada por las leyes del mercado ni de la competencia.

 Las empresas desarrollan su iniciativa mediante la inversión y el beneficio (o la pérdida) y por tanto se encuentran expuestas a los riesgos inherentes a ello incluso su propia existencia depende de su éxito, las Administraciones Públicas no sufren riesgos empresariales de ningún tipo precisamente por el carácter reglado de su proceder y por la circunstancia de que atienen su proceder de modo escrupuloso al Presupuesto de que deben disponer.

Finalmente, mientras que en las empresas existe o puede establecerse una relación entre el coste social que supone cada trabajador a la empresa y el ingreso que para el empleador representa la aportación en forma de trabajo del mismo, y que tiene su reflejo en el resultado de explotación, lo que permite valorar la pertinencia de acordar medidas de regulación de empleo incluso de manera diferenciada, por puesto de trabajo, cuando el coste de cada trabajador es superior a la valoración económica del trabajo que el mismo aporta a la entidad, según técnicas de contabilidad analítica, en las Administraciones Públicas no hay tal relación ni puede establecerse, por cuanto la actividad que la Administración desempeña no se vende en el mercado, sino que se financia mediante los tributos.
 
El ponente concluye que todas estas diferencias hacen ver que, aún cuando tanto las empresas como las Administraciones Públicas pueden aparecer como sujetos empleadores en una relación laboral, las peculiaridades propias que presenta la Administración Pública en cuanto empleador impide que la dinámica del contrato de trabajo en que ésta participa puede equipararse sin más a la propia de la empresa privada en general.

Existen matices importantes que impiden a la Administración Pública recurrir a mecanismos que la ley reserva, aún cuando esto no se diga expresamente, a las empresas en el sentido estrictamente mercantil del término ".
 
Estas diferencias ponen de manifiesto la distinta consideración que debe merecer, por una parte, el resultado de la cuenta de explotación como consecuencia de su actividad productiva orientada a conseguir un beneficio y por lo tanto un reparto de dividendos entre los socios, pero con el riesgo contrario también de poder incurrir en pérdidas, en el caso de las empresas privadas, y, por otra, el equilibrio presupuestario como consecuencia de la gestión de su actividad y funciones orientadas a satisfacer intereses generales de carácter social.

La empresa pública, cuenta con su presupuesto, con la posibilidad de incurrir en superávit o en déficit, debiendo ser integrado en el primer caso en el propio Tesoro Público y en el segundo ser cubierto mediante dotaciones presupuestarias, en el caso de las entidades o Administraciones Públicas, lo que justifica que no puedan tener la misma posibilidad de actuación legal respecto a las medidas que afecten a la reducción de plantilla éstas que aquéllas.

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