edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
24/03/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Las grandes consultoras defienden que se incluya el carácter opcional de la vía económico-administrativa en la reforma fiscal

Xavier Gil Pecharromán

La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por las grandes consultoras (Cuatrecasas, Deloitte, EY , Garrigues, KPMG, PwC, Uría Menéndez y Baker & McKenzie) consideran que es necesario para asegurar la seguridad jurídica del sistema tributario, incluir en la reforma fiscal del Gobierno el carácter opcional de la reclamación económico-administrativa, especialmente respecto de liquidaciones que concluyen los procedimientos de inspección, o bien cuando la impugnación se fundamenta en la ilegalidad o inconstitucionalidad de la normativa aplicada por la Administración tributaria.

También, aboga por ampliar el ámbito de la revocación, admitiendo tanto la revocación parcial como la revocación de resoluciones económico-administrativas, y en la misma línea de reivindicación de la seguridad jurídica reclama asegurar el acceso a la casación para poder formar jurisprudencia de todas las cuestiones fiscales controvertidas, superando el actual obstáculo de un umbral cuantitativo muy elevado -600.000 euros la casación ordinaria-, se considera una prioridad en el informe.

Por otra parte, se muestra partidario de hacer posible que la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia puedan plantear cuestiones prejudiciales, al menos respecto de leyes de nueva promulgación, ante el Tribunal Supremo para anticipar la fijación de jurisprudencia. Y, la admisión del recurso judicial, a los efectos de fijación de criterio, contra las consultas vinculantes de la Administración tributaria (Dirección General de Tributos).

Recomienda el informe que se proceda a limitar el alcance de la comprobación de deducciones y bases imponibles negativas pendientes de aplicar procedentes de ejercicios prescritos. Además, los cambios de criterio en la aplicación de los tributos a un sujeto pasivo, deben operar solamente a partir del momento en que la Administración los manifieste.

Armonizar las normas, procedimientos y obligaciones formales existentes en las distintas Administraciones y reforzar la obligación de coordinación, minimizando la inseguridad y coste para los contribuyentes derivados de la diversidad de administraciones, normas e interpretaciones, es otra de las medidas que considera que se debe incluir en la reforma fiscal para incrementar la seguridad jurídica en el sistema fiscal.

Se trata de un total de diez propuestas en las que se incluyen un amplio listado de modificaciones, que no buscan cambios en la presión fiscal de los diferentes tributos, sino una mejora para la seguridad jurídica, al considerar que la calidad de los sistemas tributarios se mide cada vez en mayor medida por el grado de seguridad jurídica que ofrecen.

Se busca una armonización del sistema tributario español (estatal, autonómico y local), evitando desigualdades excesivas entre contribuyentes residentes en diferentes lugares del territorio español y la fragmentación del tratamiento tributario de la actividad económica de una empresa cuando se realiza en varias comunidades autónomas, como por ejemplo, la imposición medioambiental o la de grandes superficies.

Se demanda la unificación de los procedimientos y obligaciones formales del contribuyente, estableciendo sistemas y procedimientos comunes y coordinados entre administraciones públicas que eviten la actual maraña normativa y la proliferación de formalismos de los diferentes ámbitos territoriales, lo que genera inseguridad jurídica y reduce la competitividad de las empresas.
Por otra parte, se busca que desaparezca la incertidumbre que hoy en día existe en relación con la interpretación de las normas tributarias, haciendo un uso más intenso y eficiente de la facultad reglamentaria y estableciendo mecanismos que permitan obtener certeza sobre el régimen fiscal aplicable al caso concreto.

Se propone establecer reglamentariamente presunciones, permitiendo la prueba en contrario por el contribuyente. Además, reducir los plazos para la contestación de consultas vinculantes, reforzando, cuando sea necesario, los órganos encargados de contestarlas.

Considera la Fundación que la vinculación de la seguridad jurídica con la competitividad resulta manifiesta. Las decisiones empresariales de inversión, contratación o financiación, incluyendo la primera y básica -emprender o no una nueva actividad económica-, son en su mayor parte decisiones a largo plazo, que tienen muy presente el grado de confianza que el sistema tributario ofrezca. Además, la seguridad jurídica favorece la libre competencia y, por esa vía, la eficaz asignación de recursos.

Se propone evitar el abuso de la figura del Real Decreto-ley y, cuando se use, proceder a su inmediata tramitación parlamentaria como proyecto de ley ordinaria. Además, otorgar al Consejo de Estado y a los contribuyentes tiempo suficiente para poder analizar las propuestas de cambio normativo y para adaptar sus sistemas, respectivamente.

Finalmente, la Fundación apunta que el automatismo en la imposición de sanciones tributarias es uno de los grandes males del sistema tributario español, puesto que en general, no debe existir sanción si no hay ocultación, de modo que la declaración veraz y completa del obligado tributario excluya la responsabilidad.

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