edición: 2789 , Lunes, 26 agosto 2019
10/02/2014
Sacyr, YPF y Bank of Florida

Las grandes empresas recelan de la `inteligencia´ del Gobierno

El Ejecutivo intenta evitar sorpresas y el contagio a otros grandes proyectos internacionales
Juan José González

Dudas, escepticismo, malestar, desconfianza... Son algunos de los sentimientos que está levantando el polémico proyecto sobre el nuevo Sistema de Inteligencia Económica (SIE) del Gobierno, conocido como `CNI económico¨. Se sabe que el sector empresarial -las grandes empresas- no terminan de ver con buenos ojos el pretendido objetivo de un departamento que, a modo de inteligencia está orientado a "proteger los intereses empresariales de España dentro y fuera del país". Pero lo cierto es que el proyecto de inteligencia económica, "mal explicado" en palabras de un empresario del Ibex, tenía fecha de puesta en marcha en otoño de 2012, lo que mostraría que el retraso de más de año y medio no sería debido tanto a problemas de organización como de `venta´ política del proyecto entre los grandes grupos empresariales, que serían según los más críticos los más afectados, mientras que por parte del CNI, ministerio de Economía, Comercio, Presidencia, Asuntos Exteriores, serían los más beneficiados. Pero las empresas no quieren más controles del Gobierno.

Constructoras, energéticas y financieras no quieren oír hablar del SIE, asunto que tan sólo conocen por referencias verbales en conversaciones informales. Suelen ser informaciones parciales y genéricas que apuntan a que un órgano impulsado desde Moncloa, y por tanto, gestionado por un departamento anexo al Gobierno, se encargaría de favorecer la defensa y protección de los intereses de las empresas españolas en los mercados interior y exterior, y establecer una especie de escudo de protección ante espionaje industrial y tecnológico, serviría al mismo tiempo para controlar la acción de grupos especuladores en los mercados financieros. Se trata de una idea que en su día impulsara el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana y que los `populares´ consideraron de gran utilidad para el control de información y proyectos económicos de las empresas españolas, principalmente en el exterior.

Idea que acabó convirtiéndose en un proyecto que se desarrollaría desde Economía y Moncloa, y que pasaría a integrar una parte de la próxima Ley de Seguridad Nacional. El futuro organismo parece ser actualmente el centro de una polémica dentro del Gobierno, y por cuyo control se pelean la Oficina Económica del Gobierno y el ministerio de Economía. Al margen de la pugna interna, el aspecto de mayor preocupación es el relativo a la aceptación del organismo, sus objetivos, funciones, organización y modus operandi. 

Al parecer, todo gira en torno a la obtención de información financiera y empresarial sobre proyectos de compañías españolas en el exterior. Por tanto, se trataría de que dicha información estuviera a disposición del SIE. El campo de los movimientos internacionales de las compañías se suele mover en el terreno de la discreción más absoluta, y la mayoría de las operaciones empresariales son conocidas por un grupo muy reducido de personas para garantizar la confidencialidad. Por tanto, el conocimiento de algunos movimientos de operaciones financieras y empresariales por parte del SIE, implicaría la ampliación de la información. Las reticencias de las empresas a compartir informaciones corporativas, choca con los intereses del `CNI económico´ pretendido por el Gobierno.

Lo cierto es que el Ejecutivo ya ha tropezado en varias ocasiones con problemas para la puesta en marcha del departamento de inteligencia económica, lo cual alimenta las sospechas de varias compañías sobre nuevos planes para asegurar que el SIE esté listo para antes del verano. Sin embargo, las reticencias empresariales sobre el nuevo departamento de `inteligencia empresarial´, estarían siendo superadas por las prisas oficiales a raíz de los últimos acontecimientos empresariales en los que por diversas razones se han visto implicados los intereses financieros españoles. 

Uno de ellos, el más reciente, es el relacionado con la crisis de las obras del Canal de Panamá, en las que, además de los intereses de las empresas del consorcio que lidera la española Sacyr, está en juego el riesgo financiero de los avales del Estado español, y que según diversas informaciones rondaría los 150 millones de euros que debería cubrir las dos pólizas de CESCE que se activarían en el caso de que la empresa española no cumpliera con el contrato con la empresa gestora de las obras del Canal. Otros asuntos similares que motivaron la preocupación del Gobierno español guardan relación con operaciones como la expropiación del 51% de las acciones de la filial de Repsol, YPF, en abril de 2012. De la misma forma, el Gobierno español habría estado interesado en conocer con carácter previo algunos aspectos financieros de la operación llevada a cabo por Miguel Blesa en la adquisición del City National Bank of Florida.

No parece sencillo que constructoras, financieras, telecos o energéticas se muestren dispuestas a avanzar al departamento de inteligencia en cuestión ningún proyecto en marcha, o conversaciones preliminares, contactos exploratorios o demás situaciones que dejen entrever una futura operación empresarial o financiera. Porque no será lo mismo que tratar de averiguar quién estuvo detrás de los ataques especulativos que en el verano de 2012, con la prima de riesgo española por encima de los 600 puntos básicos, que pudo terminar en intervención de la economía española. Este puede haber sido un buen precedente para que el Gobierno mejore los sistemas de prevención económica, pero no pasa necesariamente, por conocer con antelación los planes de cada empresa en el exterior.

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