edición: 2284 , Viernes, 18 agosto 2017
24/06/2016

Las insolvencias en Brasil amenazan a los acreedores con impagos sin precedentes

Las grandes empresas intentan renegociar su deuda y los particulares y los estados retrasan pagos
Carlos Schwartz
El operador de telefonía del estado de Rio de Janeiro OI, que es además el primer proveedor de líneas fijas en el país y cuarto de telefonía móvil, anunció esta semana que suspendía pagos y solicitaba protección judicial en un procedimiento concursal. Su deuda totaliza 19.000 millones de dólares y es la crisis empresarial más grande en la historia del país... de momento. La situación de la petrolera bajo control estatal Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción político empresarial de dimensiones faraónicas, tiene una deuda viva de 134.000 millones de dólares y no es fácil determinar a priori que la empresa no necesite un proceso de reducción y ampliación de capital mediante el cual absorba pérdidas operativas y se dote de recursos para acometer objetivos pendientes. La caída del precio del petróleo ha cercenado una parte de sus ingresos de forma abrupta y la empresa encara problemas serios de liquidez aunque dista mucho de la situación por la que atraviesa Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las agencias de calificación de riesgos internacionales señalan que el deterioro del escenario impulsado por factores macroeconómicos que escapan al control de las autoridades del país están empujando a las grandes corporaciones de Brasil fuera del listado de sociedades con grado de inversión. Las tres grandes agencias de calificación redujeron el riesgo del país a nivel de bono basura este año lo que desde luego ha afectado aun más a la calificación de la deuda corporativa.

La compañía Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas) intenta negociar una reestructuración ordenada de su significativa deuda. La segunda línea aérea del país Gol Linheas Aéreas Inteligentes esta negociando el canje de una línea de bonos por importe de 780 millones de dólares que implica quitas de hasta el 70% para los acreedores. El país se ve afectado de un lado por el final del ciclo de los altos precios de las materias primas, que han golpeado de lleno a las principales corporaciones del país, y del otro a una crisis fiscal por la caída en la recaudación del estado vinculada no solo a los menores ingresos por las exportaciones de materias primas sino además a la recesión por la que atraviesa el país.

La recesión, que ya se anunciaba en vísperas de las últimas elecciones presidenciales en octubre de 2014 que ganó Dilma Rousseff por el PT, determinó que la propia banca en Brasil empujara a las empresas que consideraba viables a procesos de consolidación alentando las fusiones y junto con ellas la reestructuración de sus deudas. El proceso tiene su complejidad en ese país porque existe una evasión fiscal estándar de las empresas de entre el 20% y el 30% de su facturación, algo que los bancos toleran ”porque no les queda más remedio pero intentan cubrir sus riesgos”, señala un consultor del sector alimentario en Sao Paulo. El producto interior bruto del país se contrajo el año pasado un 4% y este año la caída que se prevé es más aguda.

Los principales acreedores de las grandes corporaciones no son los bancos. Por ejemplo en el caso de OI los bonistas extranjeros representan un 66% del total, los bancos estatales y las agencias estatales de crédito a la exportación representan el 19%, los bancos comerciales el 7%, y los bonistas locales el 8%. Pero la caída de los ingresos fiscales tiene su reflejo en los estados de la federación.

Muchos estados retrasan pagos a sus proveedores, retrasan el pago de salarios y el pago de las jubilaciones. En Brasil el crédito al consumo concedido a los empleados públicos y a los jubilados es un elemento fundamental del negocio financiero entre otras cosas porque los bancos se cobran directamente las cuotas del crédito de la cuenta corriente de los deudores, y porque el empleo público hasta ahora gozó de gran estabilidad y no se registraban retrasos en el pago de las nóminas ni las pensiones.

El cuadro actual ha variado, y eso supone un problema para los bancos. La morosidad en los créditos para empleados públicos cuya amortización está domiciliada contra sus nóminas en los bancos comerciales han crecido hasta el 2,7% en marzo. Por su parte la morosidad entre los empleados del sector privado ha crecido hasta el 5,8%. El crédito respaldado por las nóminas está más extendido entre los pequeños bancos estatales mientras que los bancos más grandes tienen una clientela más diversificada para el crédito minorista. Pero lo que no sufren por el lado de los retrasos en la administración lo padecen por la vía del crédito a las empresas y a los particulares que sufren las consecuencias de la recesión que se ha instalado en el país. Esto quiere decir que la banca privada no está exenta de este riesgo. De acuerdo con los datos difundidos por las agencias de calificación los impagos en el crédito al consumo en el país han comenzado a crecer.

De acuerdo con datos de Fitch, hasta el 30% de la masa salarial de los empleados públicos puede estar comprometida en la amortización de créditos contra nóminas. Mientras, este tipo de crédito representa el 9% de los 900.000 millones del crédito total extendido por la banca del país. El 60% del crédito contra nóminas fue concedido a empleados públicos, un 33% a pensionistas y un 7% a empleados del sector privado.

Esta situación de conjunto refleja un aumento de la erosión del margen de los bancos y el aumento de los problemas de recuperación de crédito. Los pequeños bancos estatales son de momento los que más padecen esta situación, y si la recesión evoluciona desfavorablemente el sector de la banca pública puede verse al borde del abismo. Por su parte la banca privada en Brasil ha visto adelgazar sus márgenes y padecen un incremento de la morosidad entre sus clientes.

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