edición: 3053 , Jueves, 24 septiembre 2020
17/02/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Las instituciones comunitarias aplican el 80% de las propuestas de la Defensora del Pueblo de la UE

Javier Ardalán
Las instituciones comunitarias han aplicado el 80% de las propuestas de la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, realizadas a lo largo de 2014, según el informe de esta Institución, que va a ser próximamente analizado y presumiblemente aprobado por el Parlamento Europeo.
Como ejemplo, el Defensor del Pueblo español tramitó 16.797 expedientes de queja y de actuación de oficio en 2014. El porcentaje de aceptación  fue del 58,22% frente a un 36,18% no admitido por las instituciones a las que se dirigían y el resto permanecían en estudio al cierre del informe anual presentado a las cortes.

La mayor parte de reclamaciones realizadas se referían a actuaciones de la Comisión Europea (59,6%), seguida por las agencias de la UE (13,7%), la Oficina Europea de Selección de Personal –EPSO-  (9,4%), otras instituciones (8,5%), el Servicio Europeo de Acción Exterior –SEAE- (3,8%), el Parlamento (3,5%) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude –OLAF- (3,2%).

Por lo que respecta a los temas objeto de reclamación, uno que destaca con claridad en el Informe anual del Defensor del Pueblo y que provocó una gran cantidad de reclamaciones es el acceso del público a los documentos de las instituciones de la UE. De todas las investigaciones cerradas en 2014, 86 (21,5%) se referían al acceso a los documentos.

La Defensora del Pueblo remitió 772 reclamaciones a miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo, incluidas 86 reclamaciones enviadas a la Comisión de Peticiones, 144 a la Comisión Europea y 524 a otras instituciones y organismos.

En 2014, 23.072 ciudadanos solicitaron la ayuda de los servicios de la Defensora del Pueblo; 19.170 recibieron asesoramiento a través de la guía interactiva de su sitio web. La Defensora del Pueblo registró 2.079 reclamaciones y recibió 1.823 solicitudes de información.

El número total de  reclamaciones tramitadas por la Defensora del Pueblo fue de 2.163, de las que 736 se inscribían dentro del ámbito de sus competencias y 427 quedaban fuera de ellas; De estas reclamaciones tramitadas, en 1.217 casos la Defensora del Pueblo facilitó asesoramiento al denunciante o transfirió el asunto, en 621 casos comunicó al denunciante que no era posible ofrecer más asesoramiento y en 325 casos incoó una investigación.

Además, abrió 342 investigaciones, de las que 325 se basaron en reclamaciones y 17 fueron investigaciones por iniciativa propia. Concluyó 400 investigaciones, de las que 13 fueron por iniciativa propia, de éstas 335 fueron presentadas por ciudadanos a título individual y 52 por empresas, asociaciones u otras entidades jurídicas.

De las reclamaciones concluidas por la Defensora del Pueblo, el 21,5% se refería a la solicitud de información y acceso a documentos, el 19,3% a la gestión de la Comisión como guardiana de los Tratados, el 19,3% a concursos, oposiciones y procesos de selección, el 16% a cuestiones institucionales y políticas, el 11,3% a normativas administrativas y al Estatuto del personal, el 8,3% a la adjudicación de licitaciones o subvenciones y el 6% a la ejecución de contratos.

Por otra parte, 133 casos fueron resueltos por la institución correspondiente o se cerraron tras una solución amistosa, y en 163 la Defensora del Pueblo estimó que no se justificaba la necesidad de seguir investigando. En otros 76 casos no se detectó mala administración, mientras que sí se detectó en 39 casos y en 13 casos se utilizaron otros medios para concluir el asunto.  En los casos en que se determinó mala administración, la Defensora del Pueblo publicó observaciones críticas en 27 casos y elaboró recomendaciones en otros 12.

El Defensor del Pueblo ofrece la siguiente definición de mala administración, que cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea: “Se produce mala administración cuando un organismo público no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe atenerse obligatoriamente”.

Para las instituciones, ello implica el respeto del Estado de Derecho, los principios de buena administración y los derechos fundamentales. La Carta de los Derechos Fundamentales incluye el derecho a una buena administración como un derecho fundamental de los ciudadanos de la UE (artículo 41), y la Carta es de obligado cumplimiento para las administraciones de las instituciones de la UE.

El plazo de tramitación de la mayoría de las investigaciones concluidas en 2014 fue de entre tres y 18 meses, y que el plazo medio para concluir una investigación fue de 11 meses.

La Comisión de Peticiones, solo en el año 2014 acumuló 2.714 peticiones, lo que la convierte en un dispositivo importante en el funcionamiento institucional de la Unión Europea que acerca el Parlamento a la ciudadanía, y que una estrecha colaboración entre la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones mejoraría el nivel de control democrático de la actividad de las instituciones europeas.  El presupuesto del Defensor del Pueblo constituye una sección independiente del presupuesto de la UE.

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