edición: 2364 , Jueves, 14 diciembre 2017
07/07/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Las listas de morosos y condenados por delitos fiscales pasan hoy el filtro del Congreso

Javier Ardalán
El Pleno del Congreso de los Diputados celebra hoy el debate de totalidad de la reforma legislativa que permitirá publicar el listado con los nombres de los contribuyentes que tienen deudas con el Fisco y de los condenados por delitos contra la Hacienda Pública.
Se trata de dos normas distintas. De una parte, la modificación parcial de la Ley General Tributaria y, de otro, el proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

La reforma de la Ley General Tributaria permitirá publicar la lista de deudores con Hacienda, y en ella aparecerán personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas aplazadas o suspendidas.

La publicación de una lista de morosos con Hacienda afectará a contribuyentes, empresas y personas físicas, que adeudan más de un millón de euros a la Agencia Tributaria y han agotado el plazo legal de pago. Hacienda considera que se trata de una medida ejemplarizante y que fomentará el abono voluntario.

La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre de este año e incluirá a quienes, a fecha del 31 de julio de 2015, incurran en las circunstancias mencionadas. Al establecer una fecha concreta, se abre la posibilidad de saldar antes las deudas para evitar aparecer en las listas. La segunda propuesta va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública,

En los listados se incluirá la identificación de los deudores y el importe conjunto de las deudas y sanciones pendientes de pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación. La Administración, de oficio o a instancia del interesado, podrá acordar la rectificación cuando se acredite fehacientemente que no concurren los requisitos legales o que los datos publicados son inexactos.

Además, no se incluirán las deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas y se concederá un trámite de alegaciones a los interesados previo a la publicación, y el acuerdo final se podrá impugnar en la vía contencioso-administrativa.

Los asesores fiscales se quejan de que en el texto presentado por el Gobierno se trata igual a quien se niega a pagar sanciones tributarias que a quien no paga porque simplemente no tiene dinero para poder hacer frente a sus pagos. Y en las jornadas que se han realizado sobre la futura Ley, una de las cuestiones recurrentes es que muchos empresarios se han visto en situación de falta de solvencia por la morosidad o los exagerados retrasos en los pagos de las Administraciones Públicas.

El proyecto de Ley Orgánica por la que se Regula el Acceso y Publicidad de Determinada Información Contenida en las Sentencias Dictadas en Materia de Fraude Fiscal. La norma va a permitir que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública.

La ley busca ejemplarizar. Por ello, el proyecto de ley introduce un nuevo artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se reconoce el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias que sean especialmente relevantes para el control fiscal. Estas son, básicamente, las que incluyen delitos contra la Hacienda Pública, de insolvencia punible y delitos de contrabando, en los casos en que resulte perjudicado el erario público.

La publicación de la sentencias no será completa; únicamente se podrán conocer aquellos aspectos que sean estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada. De esta manera, se respetan los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal. Tampoco aparecerán los datos de otras personas que, aunque hubieran podido participar en el proceso, no hayan sido condenadas en el mismo. La publicidad afectará sólo a sentencias firmes y no podrán publicarse fallos contra los que se pueda recurrir.

A partir de la entrada en vigor de la ley, los secretarios judiciales ordenarán la publicación de esos datos relevantes de las sentencias firmes en el Boletín Oficial del Estado.

A propuesta del CGPJ, se introduce la posibilidad de que el condenado evite la publicación del fallo si, antes de que la sentencia sea firme, paga la cuantía correspondiente al perjuicio causado a la Hacienda Pública. De esta forma, los acusados del delito evitan que se dé publicidad a los hechos que han cometido y la Hacienda Pública recibe el dinero que se le debe, con lo que su actuación gana en eficacia.

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