edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
20/03/2010
LA OREJA DE LARRAZ

Las medidas fiscales se convierten en estrellas de la estrategia anticrisis de Zapatero

José Luís Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno
Xavier Gil Pecharromán

El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de presentar la próxima semana a los grupos políticos un documento con las reformas urgentes frente a la crisis en las que se ha logrado un consenso político En él se incluirá la reducción del tipo del IVA que se aplica a la rehabilitación de vivienda, que pasará del 16% al 7%. El concepto de rehabilitación sobre el que se aplicará esta rebaja es el que exige que el destinatario sea una comunidad de propietarios o una persona física que no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda para su uso particular.  La vivienda debe haber concluido sus obras de construcción, al menos, dos años antes, para evitar que se solapen las deducciones correspondientes a las obras. Y, finalmente, que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del operación.

Además, se prepara una ampliación del concepto de obras consideradas de rehabilitación estructural para que haya más obras de renovación que puedan aplicarse un IVA reducido.

También es destacable la propuesta realizada por el Gobierno sobre una deducción extraordinaria del IRPF del 10% por obras de mejora en la vivienda habitual realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 para los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros y siempre que tengan por objeto una rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda.

Al contrario que con la rehabilitación de viviendas, la falta de consenso ha obligado al Congreso a aplazar para después de Semana Santa el debate de la enmienda del grupo socialista que elimina los blindajes en las sociedades anónimas.

La Comisión de Economía

El PNV presentaba una enmienda transaccional en la que proponía que las empresas cotizadas puedan mantener los blindajes, salvo cuando una empresa se haga con al menos el 75% del capital tras lanzar una opa. Demasiados intereses enfrentados para lograr un acuerdo, algunos de ellos en el corto plazo, pesan sobre esta medida.

El Consejo de Ministros, mientras tanto, ha aprobado un Real Decreto, que era esperado desde hace mucho tiempo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduanas y la figura del representante aduanero.

Este Real Decreto reduce los requisitos necesarios y amplía las formas de acceso a la condición de representante aduanero. Además, incorpora el principio de libertad de prestación de los servicios que contempla el código aduanero comunitario, pero respetando la condición y regulación de la profesión de Agente de Aduanas y manteniendo en vigor su normativa básica. También aborda la presentación de declaraciones ante la aduana con ánimo de facilitar el conocimiento del derecho aplicable a esta presentación y su aceptación.

Finalmente, la Ley Sinde, que prevé el cierre de webs con descargas ilegales, será remitido por el Gobierno al Parlamento sin ninguna modificación sobre el anteproyecto que fue acordad en Consejo de Ministros, en enero. Así, la Audiencia Nacional se encargará del cierre 'exprés' de las páginas denunciadas por las sociedades de gestión.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se mostraba esta misma semana satisfecho con esta nueva competencia jurídica y auguraba que no será una gran carga de trabajo para los jueces y magistrados de lo Contencioso Administrativo, que serán los encargados de autorizar las medidas cautelares del cierre, a través de los juzgados centrales, y decidir si se debe proceder al cierre definitivo o no de los portales denunciados.

La norma prevé un sistema mixto, según el cual un órgano nuevo, la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, podrá adoptar las medidas para bloquear un sitio de internet que vulnere la propiedad intelectual con ánimo de lucro, pero siempre con la autorización previa de la Audiencia Nacional. Una vez la comisión notifique al juez su resolución, este tendrá cuatro días para autorizar o denegar el cierre de la web en un auto, tras escuchar a las partes.

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