edición: 3023 , Lunes, 3 agosto 2020
12/12/2012

Las medidas para acabar con el colapso de los juzgados en peligro por el enfrentamiento entre Gallardón y los jueces

Javier Ardalán
La reforma integral de la Justicia emprendida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, está en peligro tras el plante de jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia, incluidos fiscales y un sector de los secretarios judiciales.

Hasta un total de 18 colectivos de la justicia, entre los que se encuentran las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía, han celebrado esta mañana un acto conjunto  en el que han rechazado como interlocutor al ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, y han reclamado una reunión directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los representantes de las asociaciones judiciales afirmaron en la reunión de ayer que el ministro ha muerto y, a partir de ahora, no les sirve como interlocutor válido.

Gallardón considera que detrás de este plante general se encuentra una simple reivindicación laboral, acusa a los jueces de ser quienes le pidieron la implantación de las tasas y ha señalado que no podía dejar a jueces y fiscales fuera del "ejercicio de solidaridad" que han hecho otros ciudadanos y los trabajadores públicos, incluido el Gobierno y el Parlamento. Para Gallardón, las propuestas del Ministerio de Justicia se enfrentan a intereses legítimos pero corporativos.

Dentro de su puesta política lanzaba ayer acusaciones que incidían en la separación de intereses de los colectivos unidos en la protesta, al señalar que los jueces son partidarios de las tasas, mientras que los abogados, que las rechazan, están a favor de eliminar a los jueces sustitutos. Algo, que a nadie se le escapa, máxime si se tiene en cuenta que ayer, el presidente del Consejo General de la Abogacía reconocía la legitimidad de las protestas de los abogados ante las tasas, que van en contra de los intereses de los letrados. Una frase lapidaria resume su punto de vista sobre la reforma: “la Justicia puede ser gratuita, pero en ningún caso es gratis”.

Los colectivos han reconocido que les ha unido su oposición a la política del ministro. Las reformas emprendidas son para ellos un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos.

En un manifiesto firmado por todos los colectivos exigen que el ministro de Justicia una rectificación de la gestión actual y la puesta por una nueva etapa en la que, desde el diálogo constructivo, que se fijen soluciones eficaces a los grande problemas existentes.

Los enfrentados a Gallardón forman un grupo muy variopinto. De una parte están los jueces, que conforman el llamado tercer poder, que no son funcionarios de la Administración y que tienen la capacidad de juzgar e, incluso de anular, las leyes aprobadas por el ejecutivo.

Después, están los funcionarios, entre los que destacan los fiscales, un grupo de secretarios judiciales (la asociación mayoritaria no se ha sumado a la protesta y sigue negociando con el Ministerio) y los funcionarios que trabajan en los juzgados. Estos colectivos dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia.

El Partido Popular intentar detener las revueltas. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha convocado a la Comisión Interasociativa, a las siete asociaciones de jueces y fiscales, antes de llevar a votación la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido el inicio de las quejas, según fuentes jurídicas.

A parte de reducir las horas de las que disponen los jueces para sus asuntos propios, la Ley prevé eliminar la figura del juez sustituto cuyas vacantes serán  desempeñadas de manera eventual por jueces con plaza que compaginen el extra con su trabajo habitual, por magistrados que se encuentren a la espera de destino o estudiantes de la escuela judicial. Los jueces consideran que ese modelo es en la práctica inviable ante la dificultad de que un único juez lleve dos oficinas dado el elevado volumen de trabajo que acumulan.

También, las asociaciones judiciales ven peligrar sus prerrogativas en el nuevo sistema de elección de vocales de la cúpula judicial.

Las tasas son consideradas necesarias por jueces y fiscales, pero cuestionan las cantidades, al considerar que impiden el acceso a la justicia, puesto que no guardan la capacidad económica sobre los medios económicos de cada persona que tenga interés en recurrir a los tribunales, que ampara la Constitución Española.

El ministerio trata de reducir los recursos a costa de poner trabas económicas. Sin embargo, entre los jueces existe preocupación de que la propia aplicación de las tasas pueda generar un nuevo campo de recursos cuando se considere que la liquidación de las tasas correspondientes no es correcta, bien por parte de los recurrentes, bien por parte de la propia Administración.

En juego no solo están estas reformas, sino también las leyes de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Integral de los Registros, diseñadas para reducir el atasco de los juzgados con el concurso de registradores de la Propiedad y Mercantiles y notarios. En esta última se espera una guerra de intereses entre estos colectivos y los de jueces y secretarios, pero esta ya es otra historia.

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