edición: 2637 , Viernes, 18 enero 2019
27/04/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Las mercantiles públicas tendrán más facilidades para convertirse en organismos autónomos

Xavier Gil Pecharromán
La transformación de organismo autónomo en sociedad mercantil pública o en fundación del sector público, se verá sometida a mayor vigilancia con el fin de evitar la huida de los controles del derecho administrativo, exigiéndose la elaboración de una memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la intervención general de la Administración del Estado.
En cambio, se facilita la transformación de sociedades mercantiles en organismos autónomos, que están sometidos a controles administrativos más intensos.

Las transformaciones y fusiones de organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica, bien mediante extinción e integración en un nuevo organismo, o bien mediante su extinción para ser absorbido por otro organismo público ya existente, se regirán por primera vez primera vez por un régimen establecido legalmente, tal y como se prevé en el texto de la futura Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, actualmente en fase de elaboración del anteproyecto.

Otra novedad muy importante es que se suprimen las especialidades que, sin mucha justificación, propiciaban la excepción de la aplicación de controles administrativos que deben existir en toda actuación pública, en lo que ha venido en denominarse la «huida del derecho administrativo». La flexibilidad en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión de fondos públicos.

La fusión se llevará a cabo mediante una norma reglamentaria, aunque suponga modificar la ley que la creó y deberá cumplir con lo previsto en la norma sobre requisitos para la creación de organismos públicos.

A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.

Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio se integren en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo público o al absorbente, según corresponda.

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma sostenible tras la fusión.

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión

Se regula también en el ámbito estatal la disolución y liquidación y extinción de organismos públicos. En este sentido, se detallan las causas de disolución, entre las que destacan el encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos o cuando así lo acuerde la Administración, siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.

El proceso de disolución es ágil, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y se designa un órgano administrativo o entidad del sector público institucional como liquidador. La responsabilidad del empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que le designe, pudiendo ésta, en su caso, repetir contra aquél cuando hubiera causa legal para ello. En el supuesto de disolución por desequilibrio financiero, el organismo debe aprobar además un plan de corrección del desequilibrio.

Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente, y tendrá lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo en la Administración General del Estado, que le sucederá en todos sus derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación se producirá la extinción automática.

Finalmente, se establece un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento al que esté adscrita la entidad u organismo, sin perjuicio del control de la gestión económico financiera que se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado

Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua en el ámbito de la Administración General del Estado estarán sujetas al seguimiento y evaluación del Ministerio de adscripción y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, respectivamente.

Este sistema que sigue prácticas de derecho comparado y busca que sea posible permitir de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Así se evitará tener que realizar, en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en un proceso de extinción.

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