edición: 2739 , Viernes, 14 junio 2019
01/12/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Las modificaciones en el IRPF aumentan la imposición sobre los salarios más bajos en casi toda la UE

Xavier Gil Pecharromán

La cuña fiscal -porcentaje que representan los impuestos sobre las rentas salariales y las cotizaciones sociales sobre el total de Coste laboral- sigue siendo elevada en muchos Estados miembros de la Unión Europea, al tiempo que sigue siendo un problema importante la elevada el que siga en aumento, especialmente para los salarios bajos y los segundos perceptores de renta.

Así se explica en el Proyecto de Informe Conjunto Sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo Europeos. Los cambios en la cuña fiscal total se han debido principalmente al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que ha experimentado aumentos en quince de veintiún Estados miembros. Los aumentos del IRPF (al menos por lo que respecta a este tipo particular de hogar y al 67% del salario medio) han sido especialmente acusados en Portugal y Hungría, mientras que en el Reino Unido y Grecia se han experimentado descensos bastante sustanciales.

Sumando el IRPF y las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los empleados, la carga que pesa sobre estos ha aumentado en diez Estados miembros, a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de los empleadores (solo tres países han experimentado un aumento de la carga fiscal). En general, el nivel de las cotizaciones a la mayoría de los Estados miembros, con algunas excepciones; en Polonia y Eslovaquia han tenido lugar subidas relativamente fuertes y, al mismo tiempo, el nivel ha descendido de manera bastante considerable en Francia.

A modo ilustrativo, en el caso de los trabajadores con salarios bajos (67% del salario medio), a la reducción de la cuña fiscal que tuvo lugar entre 2008 y 2010 en la mayoría de los países le siguió un aumento en los tres años siguientes en prácticamente todos los Estados miembros. Los niveles de 2013 se situaron entre un máximo del 20% en Malta (2012) e Irlanda y más del 45% en Bélgica, Alemania, Francia y Hungría.

Las desigualdades han aumentado desde el inicio de la crisis económica, en la mayoría de los Estados miembros del Sur (España, Grecia, Italia y Chipre), en Croacia, Estonia, Dinamarca y Hungría y, ligeramente, en Irlanda y Austria. A pesar de las mejoras recientes, las desigualdades también siguen preocupando especialmente en Bulgaria, Grecia, Letonia, Rumanía, España y Lituania.

A modo ilustrativo, en el caso de los trabajadores con salarios bajos (67% del salario medio), a la reducción de la cuña fiscal que tuvo lugar entre 2008 y 2010 en la mayoría de los países le siguió un aumento en los tres años siguientes en prácticamente todos los Estados miembros. Los niveles de 2013 se situaron entre un máximo del 20% en Malta (2012) e Irlanda y más del 45% en Bélgica, Alemania, Francia y Hungría.

Las previsiones económicas de la Comisión para el otoño se caracterizan por un crecimiento lento y una tasa de desempleo elevada, aunque relativamente estable (24,6 millones de parados). Las divergencias entre países, especialmente en la zona del euro, siguen siendo amplias. Incluso en las economías cuyos resultados son comparativamente buenos, el desempleo empieza a ser estructural, como pone de manifiesto el creciente número de parados de larga duración.

La lucha contra el trabajo no declarado es un reto en algunos Estados miembros. El trabajo no declarado abarca una serie de actividades que van desde el trabajo no declarado en una empresa formal hasta el trabajo clandestino de los trabajadores por cuenta propia, pero excluye el relacionado con bienes o servicios ilegales. El trabajo no declarado tiene diversas implicaciones negativas. Desde una perspectiva macroeconómica, reduce los ingresos fiscales (impuesto sobre la renta e IVA) y socava la financiación de los sistemas de seguridad social.

Desde una perspectiva microeconómica, el trabajo no declarado y otras formas de empleo atípicas, como los falsos autónomos, tienden a distorsionar la competencia leal entre las empresas, allanando el camino para el dumping social, que frena la creación de empleo regular con plena protección social.
Asimismo, da lugar a ineficiencia productiva, ya que, tradicionalmente, los negocios no oficiales evitan acceder a los servicios e insumos oficiales (créditos, por ejemplo) y no crecen. Aunque no es fácil disponer de datos totalmente fiables sobre la magnitud de la economía sumergida y el trabajo no declarado, los datos brutos indican que el asunto supone un auténtico reto en algunos Estados miembros.

Por otra parte, el alcance del trabajo no declarado puede estar creciendo como consecuencia de diversas tendencias socioeconómicas, como la reasignación sectorial y la internacionalización de la economía, la reducción de las formas de trabajo estándar y las dificultades sociales en algunos Estados miembros.

Algunos países han emprendido reformas, en consonancia con las recomendaciones específicas por país. Los efectos positivos de las reformas son visibles, por ejemplo, en el aumento de las tasas de actividad. No obstante, es necesario seguir invirtiendo para estimular el crecimiento e instaurar un entorno positivo para la creación de empleo digno.

Muchos Estados miembros se han esforzado por introducir medidas destinadas a mejorar la oferta de capacidades y promover el aprendizaje de adultos. Algunos países han tomado medidas para mejorar su sistema de educación primaria, secundaria y superior, mientras que otros han optado por una estrategia educativa global. Los Estados miembros deben seguir reformando sus sistemas de educación y formación profesionales, a fin de aumentar la productividad de los trabajadores ante la rapidez con la que cambian las necesidades en materia de capacidades.

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