edición: 2580 , Martes, 23 octubre 2018
02/09/2013
LA OREJA DE LARRAZ

Las multas por atentados contra la competencia son hasta 12 veces más elevadas en la Unión Europea que en España

Xavier Gil Pecharromán

La severidad en las multas promedio impuestas por la Comisión Europea por atentados contra la competencia representan más de doce veces las impuestas por la autoridad española. No obstante, estos datos hay que considerarlos teniendo en cuenta el mayor volumen de negocios de las empresas sancionadas por la Comisión Europea, que desarrollaron su actividad en un mercado relevante mucho más amplio que el español.

El número promedio de empresas implicadas en las infracciones objeto de los procedimientos sancionadores por la Comisión Europea (9,1 empresas) y la CNC (10,5 empresas) es bastante similar, aunque algo superior en el caso de los expedientes resueltos por la autoridad española. Finalmente, en las decisiones de la Comisión Europea se observa que el número promedio de países afectados por el desarrollo de las actividades anticompetitivas sancionadas fue cuatro.
Y la multa más alta impuesta por la Comisión Europea correspondió a la empresa Le Company de Saint Gobain en el caso Cristal de Coches, que ascendió a 896 millones de euros. En el programa español, la multa más elevada se le impuso a la empresa Compañía Transmediterránea en el caso Navieras Baleares, alcanzando los 36 millones de euros.

De esta forma, se explica en el estudio Redefiniendo los incentivos a la colusión: el programa de clemencia, elaborado por los profesores universitarios, Ramón Borrell, Juan Luis Jiménez y José Manuel Ordóñez para la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que señala que el porcentaje de investigaciones iniciadas gracias a la presentación de una solicitud de inmunidad, a través de los programas de clemencia,  que concluyeron con una decisión sancionadora de las agencias de Competencia, superan el 70% tanto en el ámbito español como en el comunitario. Este hecho destaca el papel decisivo en la desestabilización, detección y  desmantelamiento que juega en el ámbito comunitario y español la política de clemencia. Además, en más del 60% de las decisiones con aplicación de programas de clemencia se concedió la inmunidad en el pago de la sanción.

Estos programas establecen una gradación en el potencial beneficio que obtendría la empresa  cooperante en función, básicamente, del momento en que aportara la información  determinante. En particular, para la primera empresa que aportara pruebas relevantes y denuncia, se le  garantiza como mínimo una reducción en la sanción del 75% si lo hiciera antes de que la Comisión hubiese iniciado la investigación y de entre el 50 y 75% si su aportación era después De iniciarse dicho proceso. Por último, se aseguraba a las empresas una reducción en la sanción de entre el 10 y el 50% por el hecho de cooperar con la Comisión.

Si se evalúa el número de decisiones en las que se concede clemencia por parte de la Comisión Europea, respecto al total de decisiones antimonopolio y cárteles, éstas nunca se han encontrado por debajo del 27 por debajo anual y han representado, en promedio para el periodo 2001- 2012, el 47% del total de decisiones.

El 86% de los casos de cárteles sancionados durante los últimos 10 años en el ámbito de la Unión Europea (UE) se han debido a la aplicación de los programas de clemencia -exoneración del que actúa en un cártel y acusa a otro participante-. Sin embargo, el número de casos de cártel aportados por este tipo de exculpaciones en España sólo han alcanzado al 28%, lo que supone que hay un amplio margen de mejora y más del 24% del total de conductas restrictivas. Este menor porcentaje, en comparación con lo observado para las decisiones de la Comisión Europea, puede obedecer a la definición más estricta de cártel que aparece en la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), lo que limita las conductas anticompetitivas a las que se podría aplicar el programa.

Se observa, además, un elevado peso de las empresas que delatan en sus respectivos mercados. Así, de las empresas que colaboraron en primer lugar en el marco del programa de clemencia comunitario, el 57,6% ocupaban la primera o segunda posición en su mercado, y una cifra algo inferior (el 47%) en el español.

Esta es una de las principales conclusiones del informe que explica que el programa de clemencia comunitario ha sido un instrumento esencial en la lucha contra los cárteles. En promedio, se aplicó en el 86% de las decisiones sancionadoras de cárteles.

En las decisiones adoptadas por Bruselas, la mayoría de las empresas denunciantes fueron alemanas (20,3%), seguidas por estadounidenses (13,9%) y británicas y japonesas (10,1%). En España, las empresas alemanas se sitúan en el segundo lugar, con un 18%, tras las sociedades españolas (53%).

La duración media de los procedimientos iniciados por la Comisión Europea, es decir, desde  el comienzo de la investigación hasta la adopción de la decisión final, supera los cuatro años.  Por el contrario, en el caso de la CNC esta duración sólo fue algo más de 2 años.

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