edición: 2327 , Viernes, 20 octubre 2017
10/12/2009
España, segunda red más insegura del mundo y plataforma del P2P ‘ilegal’ en la UE, según EEUU

Las presiones de Obama y la industria americana le complican a Zapatero la regulación de las descargas de internet

Moncloa sopesa hacer frente común europeo con EE UU para la propiedad intelectual, pero si prospera el Tratado de Comercio Anti-Contrabando abrirá de nuevo la puerta a cortes administrativos
La solución para Industria pasa por garantizar la intervención judicial para los cortes de webs y perpetuar la Comisión de Cultura como simple ‘delator’
Ana Zarzuela

Busca aún en el taller de la Ley de Economía Sostenible reemplazo para el nuevo ‘sheriff’ del P2P de Sinde, un gendarme con el que llegar allá donde los tribunales no han querido hasta ahora: al bloqueo de las webs de enlaces o que alojan “contenidos ilegales”. Moncloa boceta una ‘cuadratura del círculo’ con la que desandar los desconciertos de ministra y hacerle sitio a las garantías judiciales en la regulación de internet, pero ya sabe que no podrá sin levantar más sospechas de la administración Obama. En Washington no han caído bien las promesas de Zapatero de “no cerrar nada en Internet”.  Le recuerdan que la bitácora de la Comisión Interministerial de Propiedad Intelectual tiene desde su origen más de una brújula en manos ajenas: las de los informes del Congreso americano, que consideran a España el segundo país en su ranking de 'descargas ilegales' después de China. Obama le pidió en octubre a Zapatero gestos de condena al ‘P2P no autorizado’ y una nueva regulación. La diplomacia americana y el lobby de la industria audiovisual  presionan ahora al Palacio de Santa Cruz, a Ferraz y hasta a Génova con la denuncia de que el mercado español -según la gubernamental United States Trade Representative (USTR) es un ‘agujero negro’ para  el negocio del cine americano en España, uno de los primeros mercados europeos de cine en sala y en DVD. Un desencuentro que -advierten en Washington- podría provocar sanciones comerciales contra España.

Moncloa asume que necesitará ayuda exterior para acotar la ‘geografía pirata’: sólo un 30% de las 200 páginas de enlaces más conocidas -a las que la industria le atribuye el 70% de las descargas- están en España. La mayoría se ubica en los EEUU y por cada web que cierra se abren 20. Al día siguiente de que un plan contra las descargas sea aprobado por el Gobierno -o por el Congreso-, el proveedor de alojamiento de la web podrá desalojarla. Washington, a cambio, pondrá a prueba la compensación de Moncloa a su sintonía con la negociación del ACTA. Y el lobby americano, en aliados y facilidades para llegar a los ‘piratas’ españoles. La industria estadounidense mira al segundo oasis pirata de su mapa internacional, pero España es también el segundo mercado con los internautas más activos en redes sociales y mayores crecimientos en contenidos digitales en 2009 de Europa. Y, como la Coalición de Creadores, quieren sacudir a la vez el palo de los bloqueos y la zanahoria de sus propios modelos comerciales a los ojos de los usuarios españoles. Los estudios y las discográficas de EE UU buscan sitio en las dos macrowebs de Promusicae y la Coalición que patrocina Cultura: incluirán su catálogo en español.

Zapatero transitará, de uno u otro lado, por el desfiladero de los desencuentros exteriores, entre la espada de Obama y la pared de Bruselas. La Comisaria Vivianne Reding le dejó claro y a domicilio a Zapatero, que a pesar de la ambigüedad regulatoria del  ‘paquete telecom’, si en España hay bloqueo o cortes de webs sin decisión judicial toparán contra los muros de la Unión Europea.  Desde su paso por la Casa Blanca en octubre, la consigna para Zapatero estaba clara, la misma que Miguel Sebastián se encargaba de poner de largo -por encima de los vaivenes de Sinde- el 19 de noviembre en la Feria Ficod de contenidos digitales de Madrid, dedicada nada menos que a EE UU. Moncloa quería quitarse de encima todas las sombras de ese halo tejido con los informes de la industria cultural americana.

No es otra que la brújula de Obama la que dio a luz a la Comisión Interministerial de Internet que esta semana debe entregar sus conclusiones sobre la propiedad intelectual y la red al Congreso. Ni otra que la carta de navegación de Washington la que optaba por dejar pasar de largo los modelos francés y británico de control de las descargas y centrarse en el castigo  a las webs de enlaces y los concentradores de contenidos. Pero las sombras del spam, el comercio electrónico, la falta de despegue de su plan de ciberseguridad y ahora la guerra de las ‘descargas de internet’ convierten a ZP en el protagonista del ‘antiguión’ que prometió en la Casa Blanca.

Moncloa hace lobby para desmentir los informes estadounidenses y acelera un Plan Nacional de ciberseguridad. Busca terceras vías para la regulación de las descargas en la red que no incendien todos los puentes con Washington, como las del ex presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba - una comisión "pero de jueces" especializada en el cierre de páginas web-o al menos potenciar la web mientras tanto. Su ‘cuarta vía’ pasa por mantener la Comisión del Ministerio de Cultura, pero con menores funciones y sin la atribución de bloquear páginas web que presuntamente vulneren derechos de autor.  Podrá instar al juez al cierre de una web, pero no ordenarlo directamente. Pero no es sólo el repudio europeo, la rebelión de la comunidad internauta española y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional cualquier futura ley que permita bloqueo de webs sin resolución judicial previa lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González-Sinde y sus ‘gateras’ en la Ley de Economía Sostenible.

El Gobierno ya tomó el riesgo electoral de aprobar el canon digital en 2008 y la rebelión de los internautas le ha recordado esta vez, cuál puede ser el precio político de sus facturas. La ministra de Cultura carga aún con el sambenito de la disposición final segunda de la LES y con sus urgencias, las que la llevaron a ‘destapar’ la caja de los truenos con los internautas de espaldas al silencio acordado con Moncloa e Industria hasta que la Comisión Interministerial no entregara sus conclusiones al Congreso esta semana. Pero fue el propio Zapatero el que volvió de Washington, el 16 de octubre, con el ‘encargo’ de limpiar las manchas del que EE UU considera el segundo mercado más pirata de la red y con un calendario y un guión claro, soplado al oído de Sebastián y Sinde por  la gubernamental y por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual.

Los detalles de la ‘correción’ y la regulación definitiva de los contenidos de internet aún no tienen padre. Salvo la vicepresidenta, los silencios delatan la implicación de la cartera de Cultura en la creación del órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) con potestad para, sin autorización judicial, bloquear páginas web que faciliten contenidos protegidos. Desde Ferraz y el grupo parlamentario socialista culpan del error a los asesores jurídicos de Sinde, pero la enmienda de la LES pasó bajo más de una lupa del gabinete de Zapatero antes de saltar a la luz. Y no fue otro que el presidente del gobierno el que puso sobre la mesa as urgencias de una regulación que no iba a ver la luz hasta 2010: son las de los comentarios directos de Barack Obama, los informes de la Casa Blanca sobre el mercado español y la presidencia de la UE los que pusieron de rojo este trimestre en el calendario de Moncloa, González- Sinde y Sebastián. Y los que cambiaron de manos su regulación.

La ministra ha seguido mucho más que la bitácora de la industria cultural española. Era mucho más que el patrocinio del primer “Día Europeo contra la piratería en Internet” y la puesta de largo de un “Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería” con especial dedicación “al copyright y los servicios y contenidos en la red” lo que Moncloa buscaba poner de largo durante la presidencia de turno de la UE. Fue la propia titular de Cultura la que lo explicaba ante la Comisión Europea antes de que la ‘guerra de las descargas’ le pusiera la ‘mordaza’ de Zapatero. Prometió esperar a que los Veintisiete definieran no sólo una política común, sino sus regulaciones nacionales para los contenidos digitales, pero fue Zapatero en persona el que hizo contraorden de la sugerencia. Y la mayoría de sus consejos -y los de EE UU- ya se han cumplido: el Ministerio de Industria no volvió a sentar a la mesa a las operadoras de telefonía y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos que congelaron sus desencuentros desde abril; Moncloa mira al ‘paquete telecom’ de Bruselas y ya no se conforma con la ‘tercera vía’ del impulso a nuevas webs de contenidos comerciales que propuso en el primer momento. La LES se atrevió a recargar los ‘cañones antipiratas’ que Zapatero no había querido nutrir hasta ahora de munición administrativa; y ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni Industria veían con buenos ojos que se ejecutaran cortes de red sin sentencia judicial, pero ahora asumen que habrá cuanto menos modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Internet.

Ahora, como desvelaba Ignacio Escolar, “la Administración estadounidense no sólo advierte por escrito al Gobierno español,  desde la Embajada estadounidense en Madrid han llamado en los últimos días a importantes dirigentes políticos de los dos principales partidos para pedirles que mantuviesen, a pesar de las protestas de numerosos internautas, una reforma que consideran vital para los intereses económicos de Hollywood y las grandes discográficas”. Moncloa sopesa, a cambio, sintonía con la Casa Blanca en su campaña para extender bajo el paraguas de la OMC el  ACTA (el Tratado de Comercio Anti-Contrabando) y tejer una alianza común con Bruselas para consumar una negociación que la UE y Washington barajan en secreto desde hace año y medio.

Washington busca aliados de este lado del Atlántico, tras el pulso que mantiene con Bruselas, después de la que la Comisión desvinculara del control del Gobierno de EE UU a la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN), algo así como un Ejecutivo «light» de ciberespacio, desde ahora supervisada por un panel independiente abierto a otros países y con competencias de seguridad.  La hora de la ‘verdad’ del ACTA -impulsada por entidades de gestión, grandes multinacionales multimedia y empresas tecnológicas y firmado ya  por 40 países industrializados, entre ellos Holanda, Francia y Gran Bretaña - llegará bajo la presidencia española de la Unión en 2010, para empezar con la reunión de enero en Tokio.

La administración Obama se ha reservado la redacción de un capítulo que hace referencia a internet, con el que pretende exportar y ampliar las leyes existentes en EE UU, que se encuentran entre las más duras de todo el mundo. Su objetivo es “acabar con la venta y distribuciones de falsificaciones a través de Internet”, un abanico de opciones que va desde la persecución de vendedores de productos piratas, herramientas que desactiven los DRM integrado en DVDs y CDs y por supuesto, las redes de intercambio de ficheros y los discos duros online como Rapidshare o Megaupload. Pero si se aprueba,  tal como avanza el borrador que han denunciado varios europarlamentarios, bajo el manto del combate a las  falsificaciones, se abrirán las ‘puertas traseras’ para restringir el acceso a la red con cortes de conexión extra-judiciales, legalizar los filtros, e imponer la responsabilidad civil y penal de los servidores de Internet por los contenidos que fluyen por sus redes. Lo harían bajo la apariencia de ley internacional sobre el derecho de autor, internet y la propiedad intelectual, sin la necesidad de pasar por parlamentos estatales o la Eurocámara. Y con la autorización a los propietarios de derechos de autor a exigir a las operadoras de internet a que vigilen el tráfico de sus clientes.

CON LA BITÁCORA DE WASHINGTON

La Casa Blanca ha apretado las clavijas de González-Sinde, de Sebastián y del Secretario de Estado, Ros. La secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que impulsó las conversaciones entre las operadoras (Redtel) y la Coalición de Contenidos, fue durante el 2008 y 2009 la mala de la película a los ojos del Congreso y el lobby antipirata estadounidenses. Y no quería seguir siéndolo. No, desde luego, ahora que EE UU busca aliados de este lado del Atlántico y que todos sus ojos mirarán a la presidencia española de la UE. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional han podido evitar que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, siga viendo a España en su lista global como la cuna de una “pandemia alarmante”, uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá.

Los últimos datos del informe Recording Industry in Numbers: 2009, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) sitúan a España entre los 10 mercados con más piratería”; según sus cálculos, el 81% de los usuarios de Internet menores de 24 descargaban obras de páginas P2P, muy por encima de la media europea, de un 52%. Y en una plataforma -en palabras del informe de la ATTII- desde la que se reexporta ‘mercancía ilegal’ vía P2P a toda Europa. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP "carece en gran parte de voluntad política" para resolver el problema. Respiran por las venas de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) -que representa a la industria cultural de EEUU, genera un 0,7% del PIB y elabora informes anuales para el Departamento de Comercio de Estados Unidos- y el rosario de sus recomendaciones: el liderazgo de la lucha contra ‘la piratería en internet’ debe pasar a Industria de manos de un Ministerio de Cultura al que el Congreso y la IIPA le sacan todos los colores. A pesar de que el Parlamento hizo una petición formal en diciembre de 2008 al Ejecutivo para que estableciera un plan anti piratería, "la Administración aún no ha respondido”.

Se lo acaba de recordar de nuevo, desde EE UU, Don Gorder, director y fundador del Music Business/Management Department en el Berklee College of Music de Boston: el exceso de control gubenamental puede ser peligroso. Y el modelo de control norteamericano de los contenidos de internet --en el que un estudiante acaba de ser condenado a pagar 675.000 dólares por descargarse 30 canciones- no es trasplantable a España. En Estados Unidos no está reconocida, como en España, la legitimidad de la descarga de canciones para uso privado, argumento por el cual, a cambio, el consumidor paga un canon cuando compra CD vírgenes y otros materiales electrónicos de copia o almacenaje. En tierras americanas un 'due process', da la oportunidad de argumentar que lo que uno hace no es ilegal y hay un proceso judicial suficiente antes de que se cierre una web. Además, la doctrina jurídica de "uso justo" reconoce que los derechos de monopolio protegido por leyes de propiedad intelectual no son absolutos: cuando alguien utiliza una obra de creación, de manera que no daña al mercado de la obra original y ayuda al avance de la Educación -entre otras causas- puede ser considerado "justo" y no infracción del derecho de autor.

En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez hasta ahora. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.

Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferraba a la vía administrativa que González-Sinde destapó con la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente de Cultura. Y por eso también la bitácora de Washington le cantó durante el FICOD de octubre a Moncloa que tendría que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito. Más aún: la IIPA recomiendó al Departamento de Comercio de EEUU hacer una revisión especial de la situación de España en el primer trimestre de 2010, para examinar si había cumplido el plan sugerido.

CARAMELO PARA LA INDUSTRIA NACIONAL Y AMERICANA

Los derechos y las garantías de la UE le desvelan que cerrar las páginas españolas de descargas definitivamente no será tan fácil; los atajos tecnológicos le recuerdan que no servirá para cercenar las opciones de los contenidos que consideran piratas; y el perfil del mercado y el ‘efecto Spotify’ le advierten que, a lo peor, toda su guerra no sirve para nada: el mar de los contenidos digitales ya se rige sólo por la oferta, la calidad, la diversidad y el precio. La realidad -se lo dimensiona la Fundación Orange- es que sólo un 8% de los usuarios que ha visto contenidos online ha pagado por ellos y que un 57%  de los internautas visita al menos una vez a la semana webs donde particulares comparten vídeos. Por eso los autores quieren que Moncloa -o la Comisión de Internet que bautizará la LES- les hagan el ‘trabajo sucio’, con o sin jueces; la Coalición de Creadores ya le ha puesto sobre la mesa una lista de 200 webs de descargas para que este ministerio actúe de oficio "inmediatamente" y traslade a la Fiscalía General del Estado la actividad de estos portales.

No es la primera vez, ya lo intentó sin éxito por sus propios medios, pero como la propia Coalición reconoce, “para un juez no sería lo mismo si es la SETSI (la Secretaría de Estado de Comunicación) la que envía la documentación a la Fiscalía”, aunque no sean nada más que dos o tres páginas web las que sirvan de ‘escarmiento’.

Pero la industria de contenidos española agita la zanahoria al mismo tiempo que el palo. Intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo. El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en el 2008 los 27.199 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,1% respecto a un año antes, pero los mayores incrementos fueron en el acceso y la publicidad por la web y los videojuegos. Le acaban de poner cifras los estudios europeos de Forrester Research e  Ipsos MORI -nada sospechosos de apoyar a los ‘piratas’ de la red-: los autores de las descargas ‘ilegales’ -uno de cada diez internautas- son también los que más gastan en compras audiovisuales, al menos 83 euros por encima del resto un 75% más. Y lo hacen tanto en tiendas convencionales como a través de comercio digital.

Nada diferente al mercado nacional, donde según el último estudio de OcioNetwork, un 47,8% de los navegantes reconoce bajarse música, pero también la adquiere reglamentariamente y un 56% de los encuestados se descarga películas al mismo tiempo que va al cine habitualmente. El 28,9 %de los usuarios de Internet utiliza redes de descarga de contenidos audiovisuales que después ve en televisión, según una encuesta sobre "Expectativas del consumidor digital ante la TDT", para la empresa Mirada.

Es verdad que, según el último estudio de Ocio Networks, en el mercado español un 70% de los usuarios “estaría dispuesto a pagar las descargas de música si las condiciones fuesen justas” y la SGAE se mantuviera al margen.  Pero las encuestas le desgranan su aviso para navegantes a la Coalición de Creadores y Moncloa: casi una tercera parte de los internautas consumen música exclusivamente a través de descargas (un 32%), mientras que sólo un 20% adquiere música sólo de forma legal. En el consumo de cine, la exclusividad de las descargas apenas la realiza un 15% de los internautas, mientras que un 30% únicamente va al cine, sin realizar ningún tipo de descarga. Y el rechazo al pago por consumo de televisión a través de la red casi unánime: el 77% no estaría dispuesto a pagar. El corolario de Forrester: la forma natural de consumo de música ha cambiado y ahora los consumidores están demandando precios más bajos y un acceso más simple.

EL CONSUELO ESPAÑOL EN LA CARRERA DE LA CIBERSEGURIDAD

Zapatero quiere limpiarle los manchones de la mirada de Obama a un sector, el de los contenidos digitales, que facturó en 2008 un total de 15.858 millones de euros -un 15,8% más- que implica a 24,3 millones de personas y que ha hecho de España el segundo país del mundo que más utiliza las redes sociales y el líder mundial en firma electrónica, con entre 14 y15 millones de identificaciones. El informe de la empresa de seguridad Sophos le deja a España un sillón propio entre los “Dirty Dozen”, la docena de países más emisores de ‘basura’ en internet. Es responsable del 3,4% del spam mundial -el octavo ‘líder’mundial- y los informes de la Comisión Europea alertan de que los españoles se resisten a comprar por internet por miedo al fraude: sólo el 20% de los españoles ha realizado algún tipo de compra virtual en los últimos meses, frente al 32 % de media en la Unión Europea.

La Comisión Europea calcula que las amenazas digitales podrían costar 250.000 millones de euros a Europa en los próximos diez años, y Obama ha reconocido que en sólo dos años los ciberataques han costado 8.000 millones de dólares a los EEUU. Vuelve a sacudir las medallas de sus ‘peligros’ y la guerra de las descargas el estudio del Risk Group: el 22 % de las Pymes españolas ha sufrido fuga de datos corporativos confidenciales referentes a contabilidad, clientes, productos y planes estratégicos a la Red a través de P2P, tanto como para que en el mapa empresarial estadounidense sea, de nuevo, otro agujero negro.

Se lo recordaba en junio en persona a Zapatero la Secretaria de Seguridad Seguridad Nacional de EE UU, Janet Napolitano, durante su gira a Europa; el mismo mensaje que la Ministra de Defensa Carme Chacón se trajo de Estados Unidos: la ciberseguridad es una de las obsesiones de Barack Obama ha dedicado 90.000 funcionarios del Pentágono y 40 millones de dólares a ella sólo en el último semestre  y quiere aliados de este lado del Atlántico. Italia ya ha comenzado a y tiene en Raoul Chiesa, ex hacker italiano, la jefatura técnica en ciberseguridad del Instituto Interregional de Investigación sobre Crimen y Justicia (UNICRI) de la ONU y ha firmado recientemente un acuerdo con Estados Unidos para luchar contra la ciberdelincuencia, que es un ejemplo del tipo de colaboración por el que abogan organizaciones como IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats.

Barak Obama se quedó sin su 'ciberzar', Melissa Hathaway, la, antigua responsable de los servicios de inteligencia con la administración Bush, y ha aprovechado para llevar al Senado una ley que podría entregar al presidente Barack Obama una especie de llave para apagar internet en determinados sectores privados, la versión mejorada del Cybersecurity Act of 2009 del congresista demócrata por West Virginia, Jay Rockefeller. Para irritación de Silicon Valley, la nueva legislación permitiría que, eventualmente, Obama declare estado de alerta para el sistema no gubernamental de computadoras y active un plan de contingencia para responder al supuesto peligro.

Moncloa comienza a hacer oídos para las advertencias de los analistas: la defensa del ciberespacio requiere una estrategia integral como país, y no solamente por parte de organismos públicos sino también de empresas, personas, y procesos. No quiere perder un tren que ya han seguido Francia o Reino Unido, con planes de ciberseguridad similares al estadounidense. Trata de hacer de la necesidad virtud: en junio, fue el Senado español el que le sacó los colores a la orfandad de una estrategia nacional y una autoridad centralizada y  exigió al Gobierno que mejore la seguridad del ciberespacio, aprovechando la presidencia española de la UE y dé a luz un Plan Estratégico de Seguridad Nacional.

El barómetro de seguridad de Interoute, que mide los ataques en tiempo real, muestra que España es junto a Gran Bretaña el país más ciberatacado del mundo -en torno a 200.000 acciones hasta ahora- y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, pero no hay un responsable claro que aúne todos los esfuerzos. Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CERT, en inglés). Hay seis, tres de ámbito nacional. Por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). De la Vega y Ros sangran por las heridas de la dispersión de competencias. Tanto que, a pesar de seis CERT -en tres ministerios diferentes, Defensa, Industria e Interior- le han pedido a una entidad privada que marque la bitácora del Senado. Son los analistas privados los que le soplan al oído del Senado y de Moncloa las urgencias y las bitácoras del futuro.

Será el  Consejo Nacional Consultivo de CiberSeguridad (CNCCS) -el "lobby" que reúne a las principales empresas españolas de "seguridad informática" (Panda Security, S21Sec, Hispasec y Secuware)- el padrino de la gestación del programa nacional y la creación de la figura de un "ciberzar", pero tratarán de subirse a la obligación asumida por la comisaria Reding y engendrar con apellidos propios un "Plan Europeo de Ciberseguridad", antes que el español aprovechando la presidencia de la UE en 2010. El presidente del Gobierno se conforma por ahora con elevar a su León natal a la categoría de epicentro de la ciberseguridad, al menos la europea, ahora que España acaba de sumarse, a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) al grupo de miembros permanentes de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y colaborará de forma activa en el diseño de la estrategia europea de ciberseguridad. Moncloa busca que su retraso permita hacer un plan nacional a medida del de la UE, impulsar con la presidencia el sector -a la vista de las pérdidas en seguridad de millones de euros que descuentan los analistas- y trata de darle la vuelta a los galones de líder mundial en ciber-riesgos. Después de Estados Unidos y Alemania, España podría ser la tercera potencia en empresas de ciberseguridad.

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