edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
14/08/2009

Las primeras protestas vecinales por la subida de impuestos municipales en buena parte España auguran un otoño caliente

Cuando llegue el momento de abonar los recibos con mayores cargas fiscales se enconarán los ánimos
Algunos municipios ya han dado muestras de indignación, un avance de la tensión que se avecina
Manifestación en Estepona el pasado marzo por la subida de impuestos
Javier Ardalán

La caída de los ingresos de las arcas municipales por la crisis de la construcción y el turismo se han visto compensados con importantes subidas de impuestos en buena parte de los municipios españoles. El aplazamiento del nuevo sistema de financiación para las corporaciones locales augura un nuevo incremento en sus presupuestos de 2010, que será mayoritariamente debatido a finales de año, con lo que muchos vecinos no van a estar de acuerdo, una vez que les lleguen los recibos de 2009. Todo indica que habrá un otoño caliente en buena parte del país.

Las protestas vecinales ya han comenzado a celebrarse en muchos pueblos turísticos contra la subida de impuestos, fundamentalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), impuesto de circulación, de acceso a los garajes, del alcantarillado, etc, cuyos recibos se están recibiendo para su pago.

Estepona (Málaga), Noja (Cantabria), Castro Urdiales (Cantabria) Deleitosa (Cáceres), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Mazagón (Murcia) o Alcalá de Henares (Madrid) han sido los primeros en quejase en la calle por las subidas impositivas que en algunos lugares alcanzan el 90% de incremento de la base tributaria y en otros han desaparecido las subvenciones que los municipios habían aprobado para que las subidas, desproporcionadas, no afectasen a los vecinos empadronados sino sólo a los forasteros.

Las mayores tensiones se han vivido en Noja, que tuvo que ser tomada por la Guardia Civil para evitar que el cabreo de los veraneantes llegase a mayores y en Sant Vicenç dels Horts, donde los miembros de la corporación municipal, formada por el PSC y PP, ha presentado una querella criminal contra seis de los vecinos de la localidad que protestaron por el aumento del 63% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del 300%  de la tasa de basura.

En el caso del municipio catalán, estos hechos se remontan a los últimos días de diciembre, fecha en la que se votaron los presupuestos municipales. En el caso de los demás municipios, las reacciones han tenido lugar al llegar los recibos a los vecinos, actuación que ocurrirá en otoño en una buena parte de las corporaciones municipales españolas.

Sobre estas manifestaciones sobrevuela el recuerdo de Cangas del Morrazo en 1999, donde los vecinos obligaron al alcalde, Lois Pena, a presentar la dimisión como consecuencia de la subida de IBI que su corporación había aprobado para aquel ejercicio. La guardia civil y la policía ocuparon varias veces el pueblo ante la virulencia que alcanzaron las manifestaciones e, incluso, los vecinos llegaron a protagonizar una batalla campal con la policía.

En las manifestaciones los vecinos se quejan de que en sus respectivas poblaciones se están pagando por la titularidad de las viviendas más impuestos que se pagan en las capitales de sus respectivas provincias e, incluso en algunas poblaciones como Noja o Deleitosa, se denuncian que pagan más IBI, incluso que en Madrid.

En estas primeras poblaciones, junto al derroche municipal, las acusaciones más generalizadas van lanzadas a que los partidos políticos han ido colocando a lo largo de los años una ingente cantidad de trabajadores  entre sus respectivas militancias o afines que hace imposible que en la actualidad puedan  mantener las nóminas salvo que se dejen de atender parte o todos los servicios.

En casi todos los municipios, casi sin excepción, la respuesta de los partidos políticos es la misma, los que están en el Gobierno de la corporación tratan de justificar las subidas, mientras que los que se encuentran en la oposición quieren ponerse a la cabeza de la manifestación vecinal y acusan de derroche a los ediles.

En Castro Urdiales, por ejemplo, el secretario general del PSOE, Daniel Rivas, denuncia estos días, que en el Pleno en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales para 2009, el portavoz del PP, José Miguel Rodríguez, aseguró que la subida del 9,9 por ciento en el IBI iba a tener una subvención del 6 por ciento para los empadronados, hasta reducirse al 3,9, cosa que no se ha visto reflejada en los recibos distribuidos en agosto. El cabreo de los vecinos empadronados es monumental. Esta situación también ha empezado a darse en Estepona.

En Noja, mientras tanto, son los miles de forasteros que durante estos meses llenan la localidad quienes están mezclando descanso en la playa  con las concentraciones de protesta contra las subidas de impuestos.  Aunque la decisión se tomó el pasado 31 de diciembre, los veraneantes se han enterado con el reparto de recibos en agosto, justo cuando están en el término municipal.

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