edición: 2785 , Martes, 20 agosto 2019
24/02/2014
Causas penales pendientes

Las prisas por resarcir los daños de la crisis bancaria se topan con la Justicia

Lentitud de los procesos y complejidad técnica de las operaciones, mal augurio para recuperar la `inversión´ del Estado
Juan José González

Diez causas penales y un centenar de imputados son demasiadas causas y demasiados imputados como para pretender que la acción de la Justicia aporte alguna conclusión en corto plazo. Procesos largos, con múltiples intervinientes e implicados hacen que las instrucciones se conviertan en procesos farragosos y tortuosos en extremo. Lo cual parece estar obviamente, reñido con los criterios de celeridad y urgencia que pretenden las instancias más políticas como son los ministerios de Economía, Hacienda, Banco de España y, por supuesto, el Gobierno. Y todos impelidos por la también urgente necesidad de explicar a la opinión pública que las responsabilidades por la crisis financiera, a pesar de los retrasos, es un proceso que va viento en popa. Pero el viento es brisa y la justicia desesperadamente lenta, lo cual deja escaso margen a las autoridades para explicar las dificultades de recuperar siquiera un tercio de los 55.000 millones de euros que el Estado ha `invertido´ en los últimos cinco presupuestos anuales (2010-2014) y que ahora, con la recuperación en ciernes, se ven obligados a justificar.

El examen de las cuentas y operaciones que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dependiente del ministerio de Economía, se está encontrando en los últimos días con un trabajo extra. Un análisis de las miles de operaciones dudosas llevadas a cabo por los directivos imputados de las entidades nacionalizadas que traen de cabeza a los técnicos del organismo, a pesar de contar con la ayuda externa y especializada de varios consultores y que no termina de llegar a buen puerto. Porque, que el FROB se encuentre personado en diez causas penales (probablemente puede serlo en dos más, puesto que parecen identificarse otros tantos presuntos delitos) obliga a contar con un numeroso equipo que se encargue de seguir los trámites e investigar las múltiples consecuencias de las operaciones.

Una labor que, sin embargo, choca con la lentitud -conocida y esperada- de la justicia. Limpirar las numerosas responsabilidades surgidas como consecuencia de la crisis financiera es, además de necesario, urgente y los retrasos acumulados, algunos ya de cinco años, injustificables, lo cual sitúa a las autoridades en un posición difícil de explicar y, para la opinión pública, difícil de entender. Las prisas, por tanto, de las autoridades no parecen encontrar la sintonía suficiente con los jueces encargados de la instrucción. Al menos, no se entiende tal cúmulo de retrasos cuando se piensa en que la primera actuación del organismo creado en 2009, data de ese ejercicio como consecuencia de la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha. Es decir, camino de los cinco años para que determinadas conductas comiencen a tener una trascendencia legal, en este caso, en forma de sentencia.

Sin embargo, algo parece estar acelerando el ritmo de ejecución, aunque por el momento los indicios se reduzcan a la esfera técnica y financiera que no jurídica o legal. En este sentido, la premura en las actuaciones del FROB tiene su origen en la presión del ministerio de Economía para que los análisis complejos de las operaciones dudosas, realizados por consultores externos, lleguen en los próximos días a los instructores de los casos. De esta forma se espera que el examen de las operaciones se produzca en breve, lo cual significa que antes del verano ya se podría conocer alguna sentencia firme sobre algunas de las operaciones irregulares y presuntamente delictivas.

La depuración de responsabilidades de la crisis financiera española, que alcanza a todos los directivos de todas las entidades intervenidas -no se reduce sólo al caso de Bankia- no debe ser considerada como un asunto menor, puesto que se trata de actuaciones irregulares en numerosas instituciones de crédito y cuyo resultado, en principio, ha obligado al Estado a `invertir´ 55.000 millones de euros en el período que va desde 2010 hasta 2014 y que, según parece, tan sólo será posible recuperar una tercera parte, en torno a 18.400 millones de euros.

De todo este ejercicio -técnico complejo y jurídico lento- se espera conseguir, al menos, cierto nivel de resarcimiento por los daños causados, por las operaciones de los directivos imputados, por las retribuciones de escándalo y decisiones que llevaron a realizar inversiones ruinosas y que terminaron por llevar a las entidades a la quiebra. Y aunque seguramente las indemnizaciones que contemplen las sentencias no alcancen, si siquiera, ni para la tercera parte de la tercera parte... En todo caso, como mínimo, la justicia, los instructores deberían pisar el acelerador y empezar con las causas de 2009.

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