edición: 2830 , Martes, 22 octubre 2019
22/11/2012

Las protestas por la entrada en vigor de la Ley de Tasas llegan más puntuales que los impresos para pagarlas

Javier Ardalán
De que en España se legisla a una velocidad poco adecuada a nadie le cabe duda, pero el colmo del esperpento se ha dado con la nueva Ley de Tasas, que hoy entra en vigor legalmente, pero que efectivamente no lo hará hasta dentro de unas semanas, porque todavía no están preparados los impresos para hacerlo, a pesar de que jueces, procuradores y abogados han realizado ya protestas locales y han convocado para el viernes concentraciones de protesta en todas las ciudades de España.

Así, abogados y procuradores seguirán, de esta forma, trabajando a todo gas y apurando los últimos días exentos del pago judicial para presentar sus pleitos en los juzgados. Desde hace unas semanas los juzgados están recibiendo cerca del doble de demandas de lo que suele ser habitual por estas fechas Este ritmo afecta tanto a los juzgados civiles y mercantiles, como a los sociales y a los de la jurisdicción contencioso-administrativa. Únicamente quedan libres de estas ‘supertasas’  las jurisdicciones Penal y Militar.

El  subsecretario de Justicia, Juan Bravo, lanzaba un aviso a última hora de la tarde de ayer en el que advertía de que la liquidación de las tasas no se podrá practicar hasta que Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, lo comunique, tal y como prevé la ley en su artículo 9, orden que deberá ser dictada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Las tasas tendrán una horquilla que oscila entre los 100 y los 1.200 euros. Entre otras situaciones que serán habituales cuando, de una vez se emita la orden y se publiquen los impresos, como será desembolsar 500 euros por defenderse en segunda instancia tras un revés laboral como una reclamación salarial o un despido o pagar el doble de la sanción impuesta para recurrir una multa de tráfico leve.

Argumentos a favor y en contra no faltan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se ha empleado a fondo  en defensa del proyecto trata de convencer a quienes critican al proceso de que no se trata de un ejercicio de copago. En el Congreso de los Diputados, incluso, llegó a hacer un juego de palabras, al señalar que “no hay repago, ni prepago, ni copago”. Y defiende las tasas, porque con ellas espera que  se cubra el 10% del costo que la Justicia tiene para el Estado, lo cual, según los estudios realizados por el Ministerio de Justicia es mucho menos que lo que se recauda en otros países: en la Unión Europea, por ejemplo, es el 30%, mientras que en Alemania es un 45%, frente al 100% de Austria.

El ministro trata de convencer a la opinión pública de que el dinero de las tasas es solidaridad para los que realmente necesitan el acceso a Justicia Gratuita.

Los diferentes colectivos que componen el mundo jurídico ya han mantenido contactos para crear distintas vías que lleven este asunto al Tribunal Constitucional, puesto que existe un amplio convencimiento de que esta normativa es discriminatoria, afecta a un derecho fundamental como es el de la igualdad y a otro como el de la tutela judicial efectiva.

Los jueces decanos de toda España, en su reciente cumbre de Barcelona, han planteado que sería más eficaz aumentar las tasas a las sociedades mercantiles, que copan el 40% de los litigios, frente a las que el Gobierno trata de implantar, que creen desproporcionadas en exceso.

Los colegios de abogados  buscan como impulsar los contactos precisos para que la normativa termine en el Constitucional. Pueden presentarlo 50 diputados o senadores, la Defensora del Pueblo e incluso jueces con los que ya se ha contactado. También, han abierto contactos para llegar a acuerdos con el PSOE.

Como era de esperar, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado  que los socialistas recurrirán ante el Tribunal Constitucional. El PSOE defiende que las tasas consagran una justicia sólo para ricos. Más allá ha ido Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha tachado la Ley de retroceso e involución en la esencia misma de la democracia.

Al problema de los desahucios, de difícil solución, se suma ahora el del rechazo al cobro de las tasas. Es un suma y sigue en el mundo de la Justicia.

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