edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
03/07/2010
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Las reformas de las políticas activas de empleo

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

La estrategia general en que se integran las políticas activas de empleo españolas está bien diseñada, pero no por ello exenta de deficiencias. Responde en su espíritu al principio de las obligaciones mutuas. Es decir, hay una cierta integración de las políticas de empleo activas y pasivas, a las que se une la supervisión del proceso de búsqueda de empleo. Bien aplicada y correctamente diseñada en sus detalles, esta estrategia debería animar a los trabajadores a la búsqueda activa de empleo y a la inversión en formación que incremente su empleabilidad. Desafortunadamente, la ejecución y puesta en práctica de dicha estrategia no termina de funcionar (OCDE, 2008), por lo que pueden recomendarse algunas medidas que subsanen las deficiencias existentes, mejorando el Sistema Público de Empleo Estatal y completándolo con agencias privadas de colocación.

En cuanto a la mejora del Sistema Público, las reformas prioritarias serían las siguientes:

• Redistribución del gasto en las políticas activas. El gasto en gestión de colocaciones e intermediación laboral (Servicios Públicos de Empleo y Administración de Programas) es muy pequeño en comparación con otras políticas cuyos resultados son peores. Por ejemplo, debería hacerse menos énfasis en subsidios pagados a los empleadores para así dedicar más recursos a las políticas de intermediación y gestión de colocaciones, las cuales se han mostrado más eficaces y eficientes en otros países.

• Introducir mecanismos de gestión empresarial en el funcionamiento de estas agencias: hoy por hoy las políticas activas españolas apenas si se someten a alguna evaluación rigurosa de su eficacia, de sus costes o de las alternativas disponibles para el logro de unos mejores resultados en términos de los objetivos antes referidos. Es fundamental una gestión profesionalizada que permita poner en correspondencia necesidades del mercado de trabajo y las políticas aplicadas. Se deben analizar las necesidades del mercado de trabajo con el objetivo de planificar las actividades de los servicios públicos a medio plazo. Para todo ello hay que revisar objetivos, prioridades e instrumentos y evaluar resultados al modo en que lo hacen las empresas u otros servicios públicos de empleo.

• Coordinación efectiva: el desarrollo del Estado de las Autonomías ha ido modificando la configuración del entramado institucional de las políticas de empleo. A mediados de los años 80 comenzó el proceso de transferencias de las políticas activas de empleo hacia las comunidades autónomas. Sin embargo, esa nueva configuración se desarrolló sin una normativa paralela que fuera capaz de establecer ciertos mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones. Provocó así una falta de transparencia y coordinación en las actuaciones realizadas que no se ha podido solucionar en su totalidad a pesar de distintas reformas.

Por ello, es necesario potenciar mecanismos de coordinación eficiente entre las propias administraciones con competencias en políticas activas y entre éstas y la administración con competencias en políticas pasivas. Hay que recordar que en España, el Servicio Público Estatal de Empleo, y concretamente en el ámbito de las políticas activas, está configurado como un sistema prácticamente descentralizado –a excepción de País Vasco, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la gestión del sistema de prestaciones –políticas pasivas- se desarrolla a través de un sistema central. De este modo, la falta de suficiente coordinación genera efectos perniciosos, como una fragmentación de la información del mercado, una reducida movilidad geográfica de los trabajadores o una integración menos eficaz de las políticas activas y pasivas.

El modo en que está configurado el Servicio Público Estatal de Empleo hace que, en ausencia de una buena coordinación, los incentivos de la administración central y las autonómicas no se alineen. En concreto, la administración central financia las políticas de empleo activas y pasivas, mientras que son las CCAA las encargadas de gestionar las activas. Este diseño hace que las CCAA no perciban todos los beneficios de una reducción del paro en la región, ya que es la administración central la que soporta el pago de las prestaciones por desempleo. El resultado de esta no corresponsabilidad fiscal es un aumento de la probabilidad de que las políticas activas se desvíen de los que deberían ser sus objetivos. Por ejemplo, las políticas activas pueden dedicarse a promover una ocupación temporal para así garantizar una percepción posterior de la prestación por desempleo. Se precisan entonces una mayor coordinación, un control más estrecho y mayores niveles de transparencia y evaluación.

• Favorecer la competencia en la intermediación. Además de las mejoras señaladas y otras que cabría desarrollar en el sistema público de empleo, parece conveniente dar entrada a las fuerzas de mercado en los servicios que tienen que ver con la intermediación entre oferta y demanda de trabajo.

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