edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
25/03/2009

Las relaciones entre Sebastián y la CNE chirrían por todos los flancos

Javier Aldecoa

Ha tratado de mantener tan congelados los desencuentros con el regulador como la renovación de cuatro consejeros que prometió como tarde para abril, pero a Miguel Sebastián le bailan los alfiles de la falta de sintonía con Maite Costa y su Comisión Nacional de la Energía. Por más que el ministro mire a la primera coincidencia tarifaria en mucho tiempo -el regulador recomienda congelar la factura de la luz este trimestre- la CNE se la empaña: no deja de sacarle a Industria los colores de los 16.000 millones del déficit tarifario que no acaba de negociar con las eléctricas. Las tarifas de último recurso, el fracaso del bono social y hasta las eólicas los separan, y lo harán con más fuerza con todas las batallas listas para desatarse a partir de mayo. Ahora que sus informes descuentan que no cerrará la central de Garoña, la CNE le destapa el ‘melón nuclear’ que el ministro no quería ni tocar. Sebastián frena desde hace nueve meses la renovación del regulador con una mano -a la espera de que digirieran algunos de los impasses más indigestos del sector- pero fustiga sus urgencias con la otra. Se empeña en hacer de la Comisión el ‘Gran Hermano’ de las eléctricas, le carga dos nuevas oficinas, pero atraganta sus arterias y estudia una reforma que le deje más sitio en ella a la mano de Moncloa. Los sables están en alto. De lado y lado ya no se oculta.

La coincidencia entre Industria y la CNE sobre la congelación de las tarifas eléctricas en abril es -lo aclara el informe que firma Costa-  coyuntural y temporal, fruto de la rebaja del precio de las materias primas, nada suficiente para ocultar el problema del déficit tarifario o pensar que esté atajado. De hecho, su propuesta de revisión excluye los descensos: aconseja que la reducción del coste de la energía se compense en las tarifas de acceso para reducir el déficit. La Comisión quiere que los consumidores se beneficien del ahorro derivado del derrumbe de los precios de la energía con un recorte del déficit de tarifa de 1.440 millones en el primer semestre. Para obtenerlo, el regulador energético ha propuesto al Ministerio de Industria que no proceda a la rebaja de tarifas que resultaría de esa devaluación y que, además, suba en más del 16% las tarifas de acceso (o peajes por el uso de las redes de distribución). Promete acelerar la guerra dentro de dos meses, se lo recuerda a Sebastián con todas las letras: con la aplicación a partir del 1 de julio de la tarifa de último recurso (TUR), el desajuste que genera la deuda eléctrica se hará más evidente, el coste de la energía correspondiente a la tarifa integral dejará de ser liquidable y, por ello, no tendrá efectos ni negativos ni positivos sobre el déficit. La CNE considera que el mecanismo de subastas previsto por el Gobierno para la adquisición de gas natural y que se utilizará como referencia para la fijación de la tarifa de último recurso (TUR), presenta "riesgos importantes" en el contexto del mercado español.

MÁS TRABAJO Y MENOS INDEPENDENCIA

Miguel Sebastián zigzaguea en decisiones y plazos. Se lanzó a la factura mensual a contrapié del sector e incluso de la CNE -la consideraban temprana e inoportuna-; le bailó las reclamaciones a las asociaciones de consumidores y las deja en manos de la CNE, pero sin financiación ni medios y tardó dos meses en reconocer que hacía falta un modelo unificado de facturación mensual que aún estudia y que no llegará, a lo peor, antes de que jubile el modelo: El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, contempla la posibilidad de volver al sistema de facturación cada dos meses si las quejas persisten y se demuestran "irregularidades" en los informes de facturación. Al regulador, Miguel Sebastián  lo ha obligado a ponerle la cara al fracaso de la tarifa social- en siete meses sólo un 0,78% de los clientes potenciales se habían acogido a ella- a blandir la espada de una factura mensual en la que no creen, a pronunciarse sobre él con el expediente único, a atender las reclamaciones y a ser el muro de las lamentaciones de las eléctricas, que avisaron: no era ni el momento ni la forma. La CNE ha recomendado a Industria que los nuevos cambios regulatorios obliguen a las eléctricas a abonar en tres días los cobros indebidos relacionados con la nueva facturación mensual de la luz. Pero también, que en la facturación mensual de la luz  no se debería poder cobrar en base a estimaciones. Y que, en los meses en los que no haya lectura de contador, la factura deberá elaborarse, en el cálculo del término de energía, multiplicando el consumo estimado por la tarifa correspondiente en cada momento.

Sebastián atraganta a la CNE. Más trabajo y menos independencia: ha visto menguada su potestad a la hora de dictaminar sobre operaciones corporativas y asiste a la negociación de Industria con Bruselas para modificar la legislación que amplió los poderes de la Comisión  y ajustarla a la normativa comunitaria. Pero el equipo de Costa asume cada día más funciones como ‘brazo ejecutor’ de las decisiones de Sebastián. Primero les cayó la responsabilidad de encargarse de las subastas para titulizar el déficit de tarifa entre entidades financieras; después la oficina  del Cambio de Suministrador; ahora la de Defensa del Consumidor de productos energéticos, pero sin más presupuesto y sin que su geografía esté muy clara aún, en un entorno ya saturado de trabajo. Una oficina a los pies de los caballos del conflicto abierto entre las eléctricas y sus clientes, con la que Industria pretende, además, restablecer puentes con las asociaciones de consumidores.

EL IMPASSE  DEL DÉFICIT TARIFARIO

Esperan sentados, desde hace meses, la resolución del déficit y el real decreto que resolverá su titulización. Sentados y atrapados en el laberinto de las promesas y los peajes al viento del olvido de Sebastián: la factura mensual llegó a cambio del juramento de una solución para el déficit; la asunción de la bonificación parcial a algunos clientes a partir de julio, también. Pero el ministro marea el tiempo del acuerdo.  La CNE hace saber que, en el laberinto que Sebastián ha terminado por edificar para las eléctricas, no están de su lado. Los de Maite Costa sintonizan con la sensibilidad de las eléctricas, o al menos con la gravedad de las heridas del déficit, ésas que -Ignacio Sánchez Galán dixit- amenazan las inversiones en el sector y arrinconan sus cuentas. Sólo en 2008 el déficit de tarifa superó los 6.000 millones, el techo de las inversiones pendientes por la primera eléctrica del país, Iberdrola, para los próximos doce meses. Los ingresos netos del sector (622,3 millones de euros) aumentaron un 28% el primer mes del año respecto a enero del 2008, pero los números siguen sin salir. El déficit de tarifa generado por el sistema eléctrico se situó en 16.000 millones de euros, casi tres veces menos que los 49 millones contabilizados en el arranque del pasado año. Pero la previsión del regulador es que a final del 2009 el déficit generado ronde los 4.925 millones, un 5,6% superior a la cifra anterior ofrecida por la CNE, de 4.660 millones.

El regulador le recuerda al ministro que para cauterizar la sangría no servirán los paños calientes. Pero hasta ahora, sólo la recesión y los menores precios de la energía han contraído el agujero negro. Sebastián le carga a las eléctricas los ‘daños colaterales’ de su nueva factura sin que la compensación del déficit se haya materializado. Se empeñó en colgarse en la pechera de los consumidores el logro del nuevo sistema de facturación mensual de la electricidad. Era su empeño personal. Y a pesar de que fueron las eléctricas las primeras en advertirle de que no era ni el mejor mes ni la mejor forma, no dudó en hacerlas pasar por el aro a cambio del déficit tarifario. Hoy, el capricho les ha salido caro: las eléctricas cuentan con el compromiso de que tendrán un aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa pendiente, pero cada día que pasa el coste de financiación crece y los rating empeoran. A cambio, el acuerdo con las eléctricas para cerrar el déficit de tarifa prometido para febrero no llega. Ni tampoco las garantías de Estado a la colocación del déficit de tarifa entre entidades financieras que el regulador le exige a Industria.

Las eléctricas están dispuestas a asumir parte de la bonificación en la tarifa que tendrán algunos clientes a partir de julio- siempre que sea parcial y con ayuda de las CCAA o el Estado- a cambio de un aval del Estado a la deuda provocada por el déficit, que sigue sin titulizarse (unos 6.000 millones. Pero a Sebastián se le caen del calendario las hojas de la negociación prometida con la misma cadencia que el respaldo de sus compañeros de gabinete. Es el mismísimo Pedro Solbes el que se encarga de recordarle que, si la negociación pasa por los Presupuestos Generales del Estado, no será con su aquiescencia, al vicepresidente le parece más injusto trasladar algunas partidas a los PGE que mantenerlas como parte de la estructura tarifaria.

FUERA DE JUEGO NUCLEAR

Costa se le ha puesto estupenda a Miguel Sebastián con el mix energético. Hasta ella reconoce que no se puede prescindir de la nuclear. El ministro juró que no sería él mismo quien se saltara los muros de Moncloa para cogerle el guante atómico en España a Felipe González, la ONU y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Guarda el ‘melón’ de Garoña bajo siete llaves de silencio, pero se enreda con sus propias promesas de cumplir con el informe preeliminar que el CSN presentará en menos de un mes. A pesar de la presión de algunos consejeros de la CNE, hasta ahora no ha acelerado el cambio de precios nucleares. Sólo ha ganado tiempo, como mucho, hasta el próximo semestre para el veredicto de continuidad o cierre de Garoña y hasta 2010 para el examen de Almaraz I, Almaraz II y Vandellós II. La CNE no se lo ponen fácil.

Maite Costa fue su propia ‘telonera’: desde hace semanas advierte que su preocupación 'es el suministro', que también se puede garantizar sin necesidad de incrementar el parque nuclear, pero no cerrando las actuales centrales. El informe anual del CNE de previsiones sobre la evolución de la demanda de energía eléctrica y gas hasta 2012 descuenta que no habrá rebaja de la producción atómica y que Garoña no se cierra ahora.  Se lo ha dejado claro a Sebastián. Y a las certezas de Nuclenor, la propietaria de Garoña, que ha aprobado un paquete de inversiones de 52 millones de euros para el periodo 2009-2011 y acaba de desembolsar 15 millones de euros para completar una recarga de combustible de uranio a comienzos de marzo.

El ministro prometió la recomendación del CSN, pero trató sin éxito de moverle las sillas e imponer el sello socialista en el Consejo. Ahora, la presencia desde enero del consejero pronuclear de CIU Antonio Gurgui se lo deja claro. Más aún el análisis que acaba de publicar en la revista del Consejo de Seguridad Nuclear y que advierte que mantener en funcionamiento es compatible con la legislación en vigor. Tanto como para  que Industria comience a cocinar su “tercera vía” atómica para España, a hacer de la necesidad virtud y pescar para el Ministerio en el desencuentro con las eléctricas y la negociación del déficit tarifario. Si le van a abrir el ‘melón nuclear’ en la mesa en este semestre, al menos el ministro prepara sus propios ‘cubiertos’ para sacar tajada.

RENOVACIÓN CONGELADA

Sebastián tira balones fuera contra el PP, pero la falta de “interlocutores” populares no es más que otra bombona de oxígeno para peinar el viento de la espera con la CNE. Busca hacer de la necesidad virtud y colar la reestructuración y algún que otro enviado, aprovechando que el Pisuerga pasa por la renovación de sus consejeros. Paró desde junio  la partida de la renovación de tres consejeros y el vicepresidente de la Comisión hasta abril, mientras no tuviera a su mano todas las bazas, hasta que las elecciones en el País Vasco no despejaran la fuerza de sus alianzas y la dimensión de sus obligaciones. Esperaba aprobar la Prospectiva Energética hasta 2030,  la Ley de Eficiencia y Ahorro Energético y sobre todo, desenredar el ovillo del déficit tarifario y sus 16.000 millones, la regulación del bono social, la tarifa de protección dirigida a los pequeños consumidores y los derechos de emisión de C02. Pero la hora del ultimátum le caduca a Miguel Sebastián.

El PSOE ha contado con el apoyo silente del PNV para rechazar la moción del PP para instar al Gobierno a impedir que  empresas extracomunitarias tomen participaciones significativas en empresas energéticas que operan en el mercado español. No será gratis. Como no lo fue ya el respaldo presupuestario. Industria paró los caballos del traslado de la Comisión a Bilbao, pero a cambio, el PNV puede tener parte del pasaporte para la remodelación que Sebastián tiene en la cabeza, una catarsis que reduciría sus costuras, aún a cambio de ceder más sitio a peneuvistas y CIU. Para empezar,  Ajuria Enea  quiere aprovechar el proceso de renovación del consejo de la Comisión Nacional de la Energía, para asegurarse un puesto en el máximo órgano del supervisor. El PNV ya ha propuesto al viceconsejero de Innovación y Energía del Gobierno vasco, José Ignacio Zudaire, como su candidato para ser consejero en la CNE.

Miguel Sebastián jura que no busca hacerle sitio a nuevos representantes del Gobierno en los Consejos de la CMT y la CNE, pero Industria ordena todas sus cartas sobre la mesa y, entre sus órdagos, baraja sintonizar con Europa con el ajuste de las estructuras de sus Consejos, la reducción de costes y un mayor control sobre su funcionamiento, a la misma velocidad que le pone nombres y apellidos políticos a sus ‘fichas’ en el ajedrez de los reguladores. Para llevar a cabo el cambio de número de consejeros habría que reformar el artículo 48 de la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento de la CNE de 1999 (el de 2006 fue anulado por el Supremo). Aunque las reformas pueden pasar por el peaje de un Real Decreto, sin que el PSOE mire a los lados, Economía y sobre todo Industria aprovechan para encajar compromisos políticos.

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