edición: 2912 , Martes, 25 febrero 2020
24/07/2009
La obra social pasa por sus horas más bajas

Las reservas de las cajas se quedan con el dinero de la filantropía

Con menos recursos, pierden el interés de los gestores políticos
Juan José González

Menuda sorpresa se llevaron los funcionarios del Banco de España destacados en la caja manchega intervenida, amén de otros tantos que están aterrizando en las dos últimas semanas, como hombres de Harrelson, en las cajas que ahora negocian su integración o fusión, según el caso. Esperaban comprobar sobre el terreno el interés de consejeros y alta dirección por el destino de ese porcentaje de beneficios que se destina anualmente a obra social, cuyo criterio aparece claramente recogido en una norma de 1992, que obliga a estas entidades a destinar el 50% de sus beneficios a reservas y el 50% restante a repartir de forma voluntaria entre reservas y obra social. Y a la pregunta de qué pensaban hacer ustedes con la obra social, la contestación fue de ‘cero patatero’ para la filantropía, porque “no están los tiempos para obras, sino para salvar el ahorro de los impositores”, afirmaba con contundencia uno de sus consejeros, hoy de vacaciones forzosas, lejos de la filantropía a la que dejó como la mojama.

Los funcionarios del Banco de España tienen en cuenta en sus reportes el escaso interés generado por todo lo relativo a la obra social, tradicional paraguas de los políticos locales y campo de influencia regional sin igual. Y es que, si el reparto tradicional de ese 50% del beneficio de una caja se distribuía en la relación 55% reservas y 45% obra social, los problemas financieros por los impagados, morosos y fallidos, principalmente del sector inmobiliario y del crédito hipotecario de particulares, han modificado esa relación con un claro desequilibrio que muestra que en la actualidad el 84% se vaya a reservas y el 16% restante a la obra social. Así las cosas, es fácil suponer que el atractivo histórico por la obra social haya desaparecido en muchas de estas entidades.

La tendencia a una menor dotación a la obra social de las cajas, era algo patente que se podía comprobar con la política seguida por las dos cajas más grandes españolas, que en los últimos cinco años venían reduciendo esa aportación hasta dejarla en un 20% de su resultado. Concretamente, Cajamadrid dedicó en 2008 sólo el 8,7% de sus beneficios a obra social, por el 19% de La Caixa. Una reducción que aunque a primera vista pueda parecer espectacular no lo es tanto, debido al matiz que supone el crecimiento de los beneficios en los últimos ejercicios en las dos cajas, cuya suma de gasto en obra social representa el 45% del total del sector de cajas de ahorros (La Caixa el 30% y Cajamadrid el 15%). Se calcula que las 45 cajas de ahorros españolas dedicarán en 2009 más de 1.700 millones de euros a actividades de obra social.

Las cifras indican que la reducción en los volúmenes de inversión de las cajas por esa vía, se traducen en inferior poder y menor influencia política, una situación claramente desincentivadora de la gestión política, algo que es interpretado en medios financieros como un paso adelante en la normalización de algunas entidades locales de crédito. Los problemas a los que debe hacer frente una buena parte de las cajas, entre ellos y en primer lugar, la supervivencia, esta modificando las cuentas, el balance y por tanto, los criterios de distribución de sus inversiones, y donde el capítulo de obra social ha pasado a ser el primer perjudicado. Lo que se esta traduciendo en que los destinos habituales de las inversiones de la obra, dedicadas a la ayuda al desempleo, al fomento y creación de empleo, formación de desempleados, asistencia a familias con desempleados y  minusválidos a su cargo… deban ser redirigidos hacia el capítulo de reservas. Necesidad obliga.

No sería mala idea aprovechar la coyuntura de esos movimientos corporativos de integraciones, fusiones y adquisiciones, para introducir alguna reforma y poner orden en la obra social de aquellas entidades, en su mayoría cajas de mediano y pequeño tamaño, que han utilizado los recursos de la obra social en función de otros intereses, políticos generalmente. El sector financiero se encuentra ahora en fase de revisión normativa y supervisora –tiempos de crisis son tiempos de cambio- en un tiempo del que se prevé saldrá un nuevo mapa de cajas, donde el poder político, al menos en alguna Autonomía, tiende a perder parte de su fuerza tradicional, y las decisiones administrativas regionales apuntan a la necesidad de regirse por criterios profesionales, único camino para solventar los problemas de falta liquidez y morosidad, entre muchos, en definitiva, un horizonte que incentivará el buen uso, por supuesto social, de la obra.

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