edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
22/01/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Las sanciones penales comunitarias máximas por operaciones con información privilegiada serán de cinco años de reclusión

Javier Ardalán

El Parlamento Europeo debatirá en su próximo Pleno, en la primera semana de febrero, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, que establece unas normas mínimas en materia de sanciones penales aplicables a las prácticas más graves de abuso de mercado.

Entre estas prácticas destacan  las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, con el fin de garantizar la integridad de los mercados financieros de la Unión y aumentar la protección de los inversores y la confianza en esos mercados.

Las sanciones graves conllevarán un período máximo de reclusión de cinco años como mínimo, el resto será sancionable con un período máximo de reclusión de dos años como mínimo. Al evaluar la proporcionalidad de las sanciones, los Estados miembros deberán tener en cuenta los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por las personas consideradas responsables, así como los daños resultantes de la infracción para otras personas y, si procede, los daños causados al funcionamiento de los mercados o a la economía en el sentido más amplio.

Los Estados miembros deberán tomar las medidas necesarias para asegurarse de que las conductas señaladas por la norma constituyan una infracción penal cuando se cometan por imprudencia o intencionadamente la ejecución de una transacción, la formulación de una orden de negociación o cualquier otra conducta que tenga como consecuencia que se transmita, o pueda transmitir, señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero.

En este instrumento financiero de tendrá en cuenta el valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, o de un contrato al contado de materias primas relacionado con él.
 
También cuando fije o pueda fijar el precio de uno o varios instrumentos financieros, incluido el valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, o de un contrato al contado de materias primas relacionado con ellos en un nivel anormal o artificial.

Lo será de la misma forma, la ejecución de una transacción, la formulación de una orden de negociación o cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar al precio de uno o varios instrumentos financieros o un contrato al contado de materias primas relacionado con ellos, que emplee dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio.

También, la difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o de cualquier otro modo que, directa o indirectamente, tenga las consecuencias de enviar señales falsas o pueda fijar el precio, cuando el autor de la difusión sepa o debería haber sabido que la información era falsa o engañosa, o que suponga un encubrimiento; y la transmisión de información falsa o engañosa, el suministro de datos falsos o engañosos, o cualquier otra actividad equivalente que también suponga una manipulación intencionada del cálculo de un índice de referencia.

Con el fin de garantizar que las sanciones tengan efectos disuasorios para el público en general, deberán publicarse, cuando proceda, sin demora indebida, incluyendo al menos información sobre el tipo y carácter del delito y sobre la identidad de las personas responsables del mismo, salvo que dicha publicación pueda perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros. Cuando la publicación pueda causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las medidas y sanciones de manera anónima.

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