edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
10/02/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Las sanciones por incumplimientos de las multinacionales en la información ’país por país’ estarán listas antes del 31 de diciembre

Javier Ardalán
El alcance del intercambio de información obligatorio entre países miembros de la Unión Europea  se renueva con una futura Directiva, que incluye el intercambio automático de información de los informes ‘país por país’, que deben cumplimentar las empresas y grupos multinacionales revelando los ingresos y actividades obtenidos en cada una de las jurisdicciones.
Los Estados miembros tendrán que establecer las normas relativas a las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva. Los Estados miembros tienen que identificar a la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre de 2016, estas normas y medidas y le comunicarán sin demora cualquier modificación posterior que les afecte.

La información país por país que deben cumplimentar las grandes empresas en 2016 servirá para investigar determinado tipo de operaciones, de estructuras en determinados países con impuestos muy bajos, realizadas por las multinacionales.

El Gobierno español se ha adelantado a las recomendaciones de la OCDE y a las previsiones de Bruselas y ha incluido esta disposición en su normativa interna, concretamente en el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado en julio de 2015, que desarrolla la reforma fiscal.

En este Reglamento se estipula que las multinacionales residentes en España con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y que tengan la condición de dominantes en un grupo estarán obligadas, a partir de 2016, a suministrar información a la Agencia Tributaria de los impuestos que pagan ‘país por país’. Aunque la información ‘país por país’ se refiere ya a periodos impositivos desde este año 2016, el intercambio de información se hará efectivo a partir de 2017, en coordinación con la OCDE.

Además, España firmó el pasado 27 de enero, en París, junto a otros 30 Estados, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información ‘país por país’, auspiciado por la OCDE.
El 19 de julio de 2013, la OCDE publicó un Plan de acción sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan de acción BEPS), una iniciativa importante para la modificación de las actuales normas fiscales internacionales.

El 5 de octubre de 2015, la OCDE presentó sus informes finales, que fueron refrendados por los Ministros de Hacienda del G-20. Durante la reunión de los días 15 y 16 de noviembre de 2015, el paquete de la OCDE también fue refrendado por los líderes del G-20.

Los trabajos sobre la acción 13 del Plan de acción BEPS culminaron en un conjunto de estándares para facilitar información destinados a los grupos de empresas multinacionales, incluidos el archivo maestro, los archivos locales y el informe país por país. Procede, por tanto, tener en cuenta los estándares de la OCDE a la hora de establecer las normas sobre el informe país por país.

Por lo que se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, ya contempla la obligatoriedad del intercambio automático de información en una serie de ámbitos. Su ámbito de aplicación debe ampliarse para establecer el intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre Estados miembros.

El intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre los Estados miembros debe incluir en cada caso la comunicación de un conjunto definido de información básica que sea accesible para aquellos Estados miembros en los que, atendiendo a los datos del informe país por país, una o más entidades del grupo de empresas multinacionales tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente de un grupo de empresas multinacionales.

Para minimizar los costes y las cargas administrativas tanto para las administraciones tributarias como para los grupos de empresas multinacionales, es necesario prever normas que estén en consonancia con la evolución internacional y contribuir positivamente a su aplicación.

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