edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
09/04/2013

Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden aprobar sus juntas en segunda convocatoria

Javier Ardalán
Las sociedades de responsabilidad limitada no pueden celebrar sus juntas generales en segunda convocatoria, porque el Registro Mercantil no admitirá las actas, puesto que lo prohíbe la Ley de Sociedades de Capital, pero cuya ignorancia es generalizada como reflejo de las convocatorias de las sociedades anónimas y de asociaciones o juntas de vecinos.

De esta forma, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ratifica la negativa de una registradora que negó la admisión de los acuerdos de disolución de una sociedad de responsabilidad limitada en base a dos razones específicas.

La primera se refiere a la previsión legal para que se puedan adoptar acuerdos. Esta se basa en la exigencia de un determinado porcentaje de votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social, ya que implica un quórum de asistencia que exigiría una previsión específica para el caso de que fuese posible una segunda celebración, que no se da en el artículo 198 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

La segunda consideración se refiere a que aceptar una segunda reunión no prevista legalmente implicaría la atribución al órgano de administración de unas facultades discrecionales sin distinción de quórum requerido y sin limitación en las fechas, lo que conllevaría una pérdida de seguridad jurídica y una amenaza para los derechos del socio.

La DGRN, en esta resolución de 26 de febrero de 2013, que complementa a las de 1 de enero y 11 de noviembre de 2002, enriende que estos dos motivos son más que suficientes para rechazar el argumento de la liquidadora de la sociedad, que argumentaba en su recurso administrativo, que al no estar prohibida expresamente la celebración de junta en segunda  convocatoria para sociedades de responsabilidad limitada hay que entender que es válida.

“En realidad, es al contrario, al determinar la Ley que la junta de sociedades de responsabilidad limitada se lleve a cabo de acuerdo a requisitos específicos, no puede  admitirse la llevada a cabo en contra de los mismos”, concluye el Centro Directivo.

Esta conclusión la refuerza con el hecho de que, la regulación que contiene el Texto Refundido actual (artículos 176, 177, 193 y 194), lejos de llevar a cabo la generalización o extensión normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades de capital a que hace referencia el apartado II de la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha preservado la distinción en este punto que para ambos tipos sociales preveían sus leyes especiales.

También, en esta misma resolución, la DGRN da la razón a la registradora ante la negativa a admitir la convocatoria llevada a cabo por representante de uno solo de los administradores mancomunados.

De la regulación legal resulta con toda claridad que la obligación y competencia para convocar incumbe a los administradores por lo que, de acuerdo con la estructura que haya adoptado la sociedad para su órgano de administración, será preciso que concurran los requisitos de actuación previstos para cada uno de ellas.

En este caso, entiende que tratándose de dos administradores mancomunados, el cumplimiento de la obligación de convocatoria debe ser llevado a cabo por los dos (artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital) sin que quepa soslayar la necesaria intervención de uno de ellos ni sea aceptable la representación de tercero.

Y recuerda que en su Resolución de 25 de febrero de 2000 (en un supuesto de hecho sustancialmente idéntico), la previsión legal es que a falta de convocatoria debida por quien tiene la obligación y competencia para hacerlo (artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital) la convocatoria sea llevada a cabo por el juez de lo Mercantil del domicilio social a instancia de quien se encuentre legalmente legitimado.

El Texto Refundido de 2010 sólo hace una excepción en el supuesto previsto en el artículo 171 para el caso de fallecimiento o cese de administrador que impida el normal ejercicio de las competencias del órgano de administración, limitando además el objeto de convocatoria a la debida provisión de cargos sin amparar, como ocurre en el presente supuesto, otros posibles puntos del orden del día.

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