edición: 2977 , Viernes, 29 mayo 2020
01/02/2012

Las sociedades limitadas podrán establecer su sede fiscal y social en países distintos

Javier Ardalán
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva, que será debatida en el Parlamento Europeo mañana jueves día 2 de febrero, para las sociedades de responsabilidad limitada que permitirá que puedan instalar en distintos países la sede administrativa y la social, mediante la separación del domicilio registral y el administrativo. La Directiva permitirá a las sociedades ejercer su derecho de establecimiento mediante el traslado a un Estado miembro de acogida sin perder su personalidad jurídica, sino a través de la conversión en una sociedad regida por la legislación del Estado miembro de acogida, pero con la novedad de que no tendrá que ser disuelta.

No obstante, la propuesta prevé regular que el traslado no debe servir para que la empresa no pueda eludir las condiciones jurídicas, sociales y fiscales del país de origen. El traslado deberá  revestir un carácter fiscalmente neutro conforme a lo dispuesto en la Directiva relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones y aportaciones de activos y además, el traslado no debe afectar a las relaciones jurídicas de la sociedad con terceros.

El traslado ha de surtir efectos en la fecha de registro en el Estado miembro de acogida. A partir de la fecha de registro en el Estado miembro de acogida, la sociedad ha de regirse por la legislación de dicho Estado.

La dirección o el consejo de administración de la sociedad que tenga previsto trasladarse deberían estar obligados a elaborar un informe y un plan de traslado. Antes de que la dirección decida sobre ambos, los representantes de los trabajadores o, a falta de éstos, los propios trabajadores, deben ser informados y consultados sobre la propuesta de traslado.

El informe se deberá presentar a los accionistas y a los representantes de los trabajadores y deberá describir y justificar los aspectos económicos, legales y sociales del traslado y explicar sus consecuencias. Los accionistas, los acreedores y los trabajadores, que podrán examinarlo durante un periodo determinado que no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses antes de la fecha prevista para la aprobación del traslado por la junta de accionistas.

La Comisión Europea prevé que tanto el informe y el plan de traslado se han de presentar a los accionistas y a los representantes del personal de la empresa para su examen con antelación suficiente con respecto a la fecha fijada para la junta de accionistas de la empresa.

La junta de accionistas debe aprobar la propuesta de traslado conforme a las modalidades establecidas y por la mayoría necesaria para modificar los estatutos sociales con arreglo a la legislación aplicable a la sociedad en el Estado miembro de origen.

En caso de que la empresa esté gestionada sobre la base de la participación de los trabajadores, la junta de accionistas puede condicionar el traslado a su aprobación expresa de las disposiciones sobre participación de los trabajadores.

Los Estados miembros podrán adoptar disposiciones destinadas a garantizar una protección adecuada para los accionistas minoritarios que se oponen al traslado, como por ejemplo, el derecho de salirse de la sociedad, de conformidad con la legislación aplicable en el Estado miembro de acogida de dicha sociedad.

La autoridad competente designada por el Estado miembro de origen deberá expedir un certificado en el que se declare de manera concluyente que se han cumplido antes del traslado todas las gestiones y todos los trámites administrativos exigidos.

Dicho certificado, junto con una copia de los estatutos sociales previstos para la empresa en el Estado miembro de acogida y una copia de la propuesta de traslado, se deben presentar en un plazo apropiado al organismo responsable del registro en el Estado miembro de acogida. Dichos documentos deben bastar para que la empresa quede registrada en el Estado miembro de acogida.

La autoridad competente del registro en el Estado miembro de acogida debe verificar que se cumplen las condiciones sustantivas y formales para el traslado, incluidos los requisitos establecidos en el Estado miembro de acogida para la constitución de tal empresa.
La autoridad competente del Estado miembro de acogida debe notificar de inmediato el registro a las autoridades correspondientes del Estado miembro de origen.

A continuación, las autoridades del Estado miembro de origen deben suprimir la empresa de su registro. Con el fin de proteger a terceros, el registro en el Estado miembro de acogida y la supresión del registro en el Estado miembro de origen deben publicarse adecuadamente.

No se debe autorizar que sociedades contra las que se hayan iniciado procedimientos de disolución, liquidación, insolvencia o suspensión de pagos, o procedimientos similares, procedan al traslado transfronterizo de su sede social.

Por lo que respecta a los procedimientos judiciales o administrativos pendientes iniciados antes del traslado de la sede social, se debe considerar que la sede social de la empresa está ubicada en el Estado miembro de origen. Los acreedores existentes deben tener derecho a un depósito de seguridad.

Los derechos de participación de los trabajadores se deberán preservar a lo largo del traslado. En principio, la participación de los trabajadores se ha de regir por la legislación del Estado miembro de acogida.

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