edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
02/03/2011
El CGPJ solicita la tramitacióin urgente del anteproyecto de Ley de Agilización Procesal

Las subastas judiciales por embargo no podrán cerrarse por menos de un 50% del valor de tasación de la vivienda

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciera uso de esta facultad, el secretario judicial procederá al alzamiento del embargo
Se va a extender el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago
Javier Ardalán

En pleno debate sobre las ejecuciones hipotecarias, sobre si basta con entregar la vivienda para saldar la deuda, el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo han solicitado a los grupos parlamentarios la tramitación urgente de los anteproyectos de ley Agilización Procesal, de modernización y de Tribunales de instancia, que introducirán nuevas reglas para las subastas judiciales de embargo en las que se regula que en ningún caso, ni aun cuando actúe como postor rematante, podrá el acreedor adjudicarse los bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por cantidad inferior al 50% del valor de tasación. Además, en el Anteproyecto de Ley de Agilización se establece que cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciera uso de esta facultad, el secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado. Y si en una subasta judicial no aparece ningún postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 50% del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, si fuera mayor.

Ambas instituciones consideran que el aumento de la litigiosidad ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad.

En el área económica, se precisan cuestiones sobre la adjudicación de bienes al ejecutante, en cuanto al valor mínimo por el que la misma es posible, en aras de una mayor fluidez en el desarrollo y terminación de las subastas, ya que la regulación original deja lugar a dudas de interpretación que suponen la paralización de muchas subastas, que tras nuevos trámites y recursos concluyen tardíamente con la asignación a los bienes embargados de un valor que no se corresponde con el real, y frecuentemente en perjuicio del deudor.

Así, se incluyen medidas de agilización de los procedimientos en los casos de falta de pago. Por ello, se va a extender el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente a la expulsión, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución; evitándose asimismo la celebración de vistas innecesarias.

En cuanto a la ejecución de sentencias, se clarifican aspectos relativos a la relación entre la ejecución especial hipotecaria y la ordinaria, precisando la forma en que la ejecución especial, dirigida contra determinados bienes, pasa a convertirse en general, dirigida contra todo el patrimonio de los responsables.

Se excluye también el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía y en aquellos procesos cuyas sentencias, por disposición legal, carezcan de efecto de cosa juzgada. Con ello se trata de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales.

También, se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos y, en cuanto a la casación, se procede a una modificación en cuanto a las resoluciones recurribles por la cuantía en los procesos civiles y administrativos para que el Tribunal Supremo pueda cumplir de forma más eficaz los fines legalmente establecidos.

Se reducen trámites en la sustanciación de las tercerías de dominio y de mejor derecho, que ahora se ventilarán por los trámites del juicio verbal. La remisión al juicio declarativo ordinario resulta desproporcionada, y la nueva remisión al juicio verbal evitará dilaciones indebidas en la ejecución.

En el caso se la Ley de Tribunales de Instancia se busca simplificar el acceso del ciudadano a la Justicia –un solo Tribunal donde ahora hay juzgados diferentes- y mejorar el funcionamiento del primer escalón de nuestro sistema jurisdiccional, introduciendo fórmulas más eficientes de gestión y organización.

En el ámbito social, también, a través del proyecto de la Jurisdicción Laboral se produce una unificación de la materia laboral que permite dar una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral. Es el caso de la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes orden civil, contencioso-administrativo y social.

Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado.

En este punto la ley sigue al pacto social concretado en la “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012)”, así como a un amplio consenso de la doctrina científica. Así mismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivados daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para combatir la lacra de los accidentes de trabajo sino que además se disponen los recursos para disipar el fantasma del riesgo.

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