edición: 2766 , Martes, 23 julio 2019
04/06/2014
Falta de protección al deudor hipotecario

Las taras de la Ley Antidesahucios reabren el debate sobre la distancia entre legislador y ciudadanos

Un auto del Tribunal Constitucional destapa los defectos de la norma, que excluye de su protección a las familias sin hijos
Los lectores se apoyan en la baja calidad de la ley para demandar un cambio en el poder legislativo, retomando el diálogo entre gobernantes y gobernados
ICNr

La actividad legislativa es uno de los más claros exponentes de hasta qué punto los intereses de quienes componen las Cortes se encuentran alejados de los que defienden los ciudadanos. Esta máxima se ha generalizado en los últimos años, y responde a una larga lista de ejemplos, entre los que ayer volvió a destacar una norma muy comentada un año atrás. Se trata de la famosa `Ley Antidesahucios´, menos conocida como Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En ella se estableció un ya de por sí estricto numerus clausus de supuestos en los que se podía posponer el desahucio por impago de la hipoteca, destinado a familias en situación de especial vulnerabilidad. Ayer, un auto del Tribunal Constitucional acotó aún más este concepto, limitando el número de familias con posibilidad de acogerse al paraguas de la norma.

Se trata de un fallo que despertó críticas entre la opinión pública durante la jornada de ayer, y ello porque, según asegura el Tribunal, la Ley no permite la paralización del desahucio de una familia -por no cumplir los requisitos de `especial vulnerabilidad´- si ésta no tiene hijos a su cargo. Según el Alto Tribunal, la ausencia de descendencia es condición indispensable para que se conceda la protección que diseña la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en mayo del año pasado.

Ello lleva a que, por ejemplo, en el caso resuelto, no baste que uno de los miembros de la pareja sufra una incapacidad superior al 33 por ciento y se encuentre en situación de desempleo sin prestación por tal concepto, y que su esposa también se encuentre desempleada.

El punto a favor lo marca un voto particular firmado por dos magistrados -Asua Batarrita y Valdés Dal-Ré-, en el que se pone en duda, por estricta, esa interpretación de la norma. Según los dos magistrados, la interpretación del concepto de unidad familiar que lleva a cabo el auto recurrido y el propio Constitucional resulta `reductora e incluso contradictoria con los supuestos establecidos en el artículo 1.2 de la Ley de lo que ha de entenderse por unidad familiar, excluyendo aquellos supuestos en los que no existan hijos, interpretación extravagante y absurda que cercena de manera notoria el alcance de la Ley´.

Con todo, el criterio del Constitucional es tajante: el artículo 1.4 b) de la norma debatida `considera unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar´. De ahí que quepa interpretar, `sin que se pueda tachar de irrazonable a los efectos del artículo 24.1 CE, que la definición legal de unidad familiar requiere la existencia de pareja e hijos´.

El caso se remonta a 2013, cuando el afectado solicitó ante el Juzgado de Primera Instancia 32 de Madrid la suspensión del lanzamiento de su vivienda habitual en la que convivía con su esposa, amparándose en la aplicación de la ley de que protege a los deudores hipotecarios. El juzgado, sin embargo, desestimó esta petición al entender que no concurría el requisito de unidad familiar previsto en el artículo 1.2 de la citada Ley. Según éste, `la falta de hijos del deudor ejecutado origina que no pueda ser considerada unidad familiar y acogerse a la posibilidad de una suspensión temporal de la medida acordada de lanzamiento´.

UN SISTEMA `CORRUPTO´

Las críticas de los ciudadanos no se hicieron esperar: los internautas comentaron cómo resulta a todas luces absurdo que la falta de niños implique la inexistencia de un núcleo familiar. `Que dice el Constitucional que una pareja sin hijos no es una familia´, ironizó un lector a través de Twitter. `Otro absurdo de la ley de desahucios. Cumplir todos los requisitos, pero no ser unidad familiar si no hay hijos´, señaló otra internauta. Y es que, según los lectores, es claro que el problema está en el diseño de la norma, que deja un escaso margen de actuación a los jueces. Con todo, la existencia de un voto particular deja a las claras que el `derecho a la pataleta´ existe y que no es irrazonable atender a principios superiores, como el derecho a la igualdad ante la justicia, a la hora de interpretar las normas que no cumplan con tales exigencias constitucionales.

De ahí que los internautas se mostraran a favor del criterio emitido por los dos magistrados `díscolos´, que llegaron a asegurar que la interpretación dada por el juzgado, y ahora por el Constitucional, resulta `pretendidamente literal´ y `precipitada sin mínima reflexión´. Además, se dieron algunos ejemplos de esa incongruencia: `Lo que no resulta razonable es convertir tal previsión en un requisito de composición mínima de la familia, de manera que una viuda con familia numerosa no quedaría incluida; ni un padre o madre con un hijo menor de 3 años; ni una víctima de violencia de género salvo que viva con sus padres, etc.´

Más allá de la letra de la norma, de lo concreto del caso y de la injusticia que ello suponga, el supuesto del auto de ayer no hace sino revelar un problema más grave y profundo: la falta de utilidad de las leyes cuando se trata de responder a los intereses de los ciudadanos. Para los lectores, cuando se trata de paliar problemas graves es cuando más intensamente sale a la luz ese choque de versiones: la normativa antidesahucios, como paradigma de este problema, debía responder a una necesidad tan básica como el derecho a la vivienda en casos de extrema pobreza y desprotección, es decir, su utilidad debe responder a los más elementales principios reconocidos por un Estado de Derecho como el español. Sin embargo, tampoco en estos casos el Ejecutivo –ni el Legislativo- han sabido estar a la altura de las circunstancias, y eso es algo que los internautas no perdonan. 

Tal vez por eso muchos de los comentarios de los lectores se centraron en la falta de representación ostentada, a día de hoy, por los partidos mayoritarios, de forma que el auto del Constitucional sirvió, indirectamente, como apoyo para quienes demandan importantes cambios dentro de los poderes del Estado. Es la única receta, aseguran, para retomar el diálogo entre gobernantes y gobernados. 

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