edición: 2556 , Martes, 18 septiembre 2018
18/01/2011
Reforma y rebelión de la CNE y la CMT

Las tormentas de los reguladores nublan también a Sebastián y agudizan sus guerras con Moncloa, Ferraz y Salgado

A la CNE le sabe a poco la reforma tarifaria de Sebastián en su PIN 2020, aprovecha la avanzadilla de la CNC y las dudas de Salgado para promover la reforma en la subasta Cesur
La CNE está dispuesta a llegar a Bruselas por competencias tarifarias eléctricas y gasistas; la CMT a buscar en la UE competencias audiovisuales
Sebastián buscaba aliados en la renovación de CMT y CNE, pero la ‘coordinación’ estará bajo auspicio de la CNC y Economía
Maite Costa, presidenta de la CNE
Ana Zarzuela

Agotan su tiempo. Y sus opciones. Pero con cada página que deja caer la proximidad de la aplicación de la Ley de Economía Sostenible (LES), Maite Costa y Reinaldo Rodríguez deshojan nueva munición en su ‘guerra fría’ a Industria y Moncloa. Nada que ni los desencuentros del mix energético,  el déficit de tarifa y el fraude fotovoltaico -con la CNE- o la financiación de RTVE y la regulación de la fibra -con la CMT- hayan hecho más que agravar. Dejan en evidencia al ministro y someten a presión la intervención de Salgado. Si Sebastián buscaba en el nuevo modelo de reguladores de energía y telecomunicaciones un enviado de Industria o al menos la adscripción de sus competencias, ahora ya sabe que el futuro de la CNE y la CMT responde al modelo de Salgado y su ‘coordinación’, a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Si el ministro buscaba sumar aliados, ahora ya sabe que el reemplazo de Costa en la CNE no será obligatorio y que los nuevos consejeros llegarán con sitio para enviados del PNV. Los dos reguladores han encontrado además amparo en Bruselas: la CNE cuenta con el tercer paquete legislativo de la UE para reclamar derecho sancionador, pero sobre todo para definir las tarifas eléctricas y gasistas. Para Costa, la nueva tarifación y el modelo liberalizador de ‘quasi’ final de la TUR desde abril con el Plan de Acción Industrial pueden ser su oportunidad de control sobre la parte regulada de la tarifa. Su desafío -exige el final de las subastas Cesur- llueve sobre mojado en la rebelión de la CNC -que reclama un nuevo modelo de costes-.

La CMT no digiere la venganza audiovisual que De la Vega le dejó: pelea el CEMA al amparo de la UE. Aprovecha las reticencias de Jáuregui y Rubalcaba -que han tomado las riendas de la regulación audiovisual de manos de Sebastián-, las zozobras de Ferraz -que aún no ha conseguido poner en marcha el CEMA tras la Ley General Audiovisual- y la avanzadilla del PP y CiU para buscar sitio en la futura Comisión de la Propiedad Intelectual y recuperar las opciones de modelo de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) integrado en una CMT convergente. El presidente de la CMT agota su ‘tiempo de descuento’ pero hace sangre de nuevo en todas las contradicciones y los retrasos de Industria: rechaza la tasa para RTVE, quiere que el ministro se pronuncie sobre la neutralidad de la red y promete vigilar cualquier acuerdo bilateral sobre internet; ha colocado líneas rojas al desenfreno de las wifi municipales y cuestiona la validez -por duplicidad- de las tasas municipales para operadoras móviles sobre las del espectro radioeléctrico; denuncia la falta de incentivos para nuevas redes -sobre todo la FTTH y la LTE móvil- y le pone ‘peros’ al modelo de servicio universal de banda ancha que Industria acaba de retrasar al menos un año más.

En Castellana 160 ya no pueden más que encajar, en silencio, el perfil y los estatutos de los reguladores que dependen de Industria. De hecho, tiene que hacerlo ya por partida triple, en composición, en adscripción y en competencias. Tras rebajarle dos Secretarías de Estado, recortar un 13% su presupuesto y dejar en fuera de juego el perfil de su internacionalización (reducido en torno al 50%), al Ministro le quitan la capitanía de la Comisión de Política Industrial, Moncloa y Ferraz han retrasado -como pronto hasta abril- el PIN 2020 y Salgado se hace sitio (propio y para la CNC) en el futuro de la CNE y la CMT. Sebastián ha tirado hasta ahora balones fuera contra Génova, pero para lo que llamaba la falta de “interlocutores” populares no ha sido hasta ahora más que otra bombona de oxígeno para el viento de la espera. La renovación de los cuatro consejeros -Antoni Elías, Albert Martí, Crisanto Plaza y Gloria Calvo-  y el presidente de la CMT y otros tres en la CNE ha visto pasar de largo el ultimátum autoimpuesto por el propio ministro de abril de 2009. Y es que el ‘annus horribilis’ y la luz verde en el Senado -tras el pinchazo en el Congreso- a la Ley de Economía Sostenible (LES) dejarán sobre la mesa de Sebastián la derrota de su modelo de reguladores.

Desde el último intento hace más de un año por doblarle el brazo a Moncloa primero y al Grupo Socialista en el Congreso después, el ministro optó por dejarlo pasar y esperar el nuevo perfil de la LES con el recorte de consejeros y un modelo pactado con Elena Salgado. Uno en el que la CNC, bajo los auspicios de la vicepresidenta económica, tendrá a cargo las riendas de la coordinación con la CNE y la CMT, aún por definir en sus detalles en un Reglamento posterior a la Ley. Industria no pudo sacar adelante su propuesta de un representante directo en el organismo; tal como buscaba la vicepresidenta, los reguladores sectoriales se coordinarán con la Comisión Nacional de la Competencia, tendrá preeminencia y aunque sobre el papel la relación no tiene que ser necesariamente de jerarquía, la CNC puede actuar sobre cualquier actividad económica y los demás sólo en su sector.Si Presidencia y el Grupo Socialista acompasaron -y le forzaron al titular de Industria- a la interinidad de cuatro de los consejeros de la Comisión Nacional de la Energía durante casi dos años a cambio de una solución a medio plazo que Moncloa prometía en 2010, ahora ya sabe que no será ni en el plazo previsto, ni menos aún con su guión. El apoyo de los nacionalistas vascos a la LES está, además, condicionado a la aceptación por parte del Ejecutivo de la ampliación a los miembros de la Comisión, de cinco a siete y con presencia peneuvista. Con ellos, Moncloa se lo pone más difícil a la posibilidad de una reforma profunda del modelo de tarifación eléctrica que la CNE acaba de volver a pedir.


DESENCUENTRO EN TODAS LAS ARISTAS ENERGÉTICAS

El ministro y el equipo de Maite Costa no comparten ya la mayoría de criterios sobre el sector  energético. Ni la interinidad  ya desde 2009 de tres de sus consejeros y la incertidumbre sobre sus composición y sus competencias impidieron al regulador ser una de las primeras voces del sector en criticar un Real Decreto de incentivos del carbón autóctono que, según sus cálculos supondrá aumentar los pagos por capacidad en un 72%, hasta casi 700 millones de euros, como compensación a las centrales perjudicadas por el real decreto de incentivo al consumo del carbón autóctono. Tras el cuestionamiento de las retribuciones al Régimen Especial (Costa era la primera en advertir que en 2010 batieron el récord de 6788 millones de euros) y la regulación del Decreto ley de Transitividad del 5 de agosto para intentar perseguir el fraude fotovoltaico,  la Comisión ha intentado limpiar las manchas de las dudas que el Ministerio echó desde 2009 sobre su capacidad para destapar y contener las irregularidades en la retribución a los huertos solares. Como avanzaba El Mundo, acaba de dejar sobre la mesa de Sebastián y Hernández los resultados de su última investigación fotovoltaica y con ellos, un ultimátum para el Ministerio, impelido ahora a definir sanciones, aún a costa de chocar contra las CCAA que otorgaron licencias a plantas solares para acogerse a las primas favorables del RD 661/2007 aunque no contaban con capacidad para operar ni verter a la red sus Mw renovables. De los 4.016 huertos sospechosos investigados, 3.016 se hicieron con la licencia sin estar operativos, 264 producen más energía de la autorizada y 682 no tienen la documentación en regla. Y la CNE e Industria van ahora a por otras 9.041 plantas, del total de 50.000 instalaciones en activo en el mercado español.

Industria ha ‘resuelto’ con la prórroga por un año más el contencioso entre las eléctricas y los 54.500 organismos públicos que no se han adscrito a ninguna tarifa, tras la liberalización del sector y que, según la CNE, podían ser ya sancionados -incluso con el corte del suministro- por las compañías. La CNE -en el informe aprobado en su último Consejo antes de Navidad- ha arremetido contra Industria por pagar más a las distribuidoras de gas, con una subida de la tarifa del gas de 3,9% el 1 de enero para elevar esta retribución y recuerda ahora que ya en julio se aprobó un incentivo para las plantas de regasificación, para que el ahorro de pérdidas supusiera un aumento en su retribución. El organismo propone cambiar la metodología y que se apruebe “un régimen retributivo concreto, a efectos de cálculo de la retribución financiera del gas para gasoductos y regasificadoras y que sea ésta coherente con el concepto propio de retribución financiera”. La Comisión está dispuesta además a pelearle a Zapatero el futuro de las interconexiones gasistas y eléctricas, no se conforman con el repudio galo a la interconexión de Midcat. Cree que “el 'mix' energético para 2020 incluido por el Gobierno en su propuesta de pacto político” debe incluir el conjunto de las tecnologías con el peso de las renovables: un aviso para navegantes que, en sintonía con la CSN, aboga aún por una nueva prórroga para Garoña tras 2013. “La energía renovable -advierte el regulador- necesita tener siempre un 'backup' que complemente o que acuda en los momentos en que no funcionen las variables externas al sistema” y “que determinan el funcionamiento de la generación de las energías renovables”, en cuyo caso, deben “ser suplidas por tecnologías gestionables”, “fundamentalmente el gas”.

Costa abogaba ya antes del Real Decreto Ley del 23 de diciembre por la eliminación en la retribución de los activos de transporte ya amortizados antes de 2008, así como por descontar el coste de los planes de eficiencia y ahorro entre 2006 y 2009, cuya imputación a la tarifa consideró ilegal el Tribunal Supremo. Reclama reformas regulatorias que concilien la necesidad de cumplir los objetivos comunitarios en renovables con la financiación adecuada de estas energías (recuerda que en 2011 supondrán el 38% de las actividades reguladas) y vuelve a pedir en su voto particular al informe de la CNE acerca de la revisión de tarifas de acceso de la luz a partir del 1 de enero -aunque sin detallar propuestas- “que no sólo los consumidores eléctricos asuman el coste de las renovables”. Un nuevo embite al debate del ‘céntimo verde’ que el Ministro Sebastián ha tenido que enterrar, bajo los recelos de Salgado y Zapatero, a pesar de que la Subcomisión de Energía del Congreso ya incluyó la posibilidad de tasas a los carburantes -aunque diluida-, por petición del PP- en su Estrategia Energética a 25 años.

Hoy, de nuevo, las relaciones del Ministro y de su círculo más estrecho con la CNE son casi tan malas como cuando Sebastián quiso reemplazar -hace ya más de un año- a Maite Costa por Luis de Guindos después de que la Comisión exigiera subidas de la luz para amortiguar el déficit de tarifa. Lo seguirán siendo, además para disgusto del ministro, ahora que la nueva regulación de la LES no le deja ya en bandeja la renovación necesaria de la presidenta del CNE, que podría tener, sobre el papel, aún dos años más de mandato. La LES no obliga a remplazar a Maite Costa, -sí a Reinaldo Rodríguez en la CMT- pero su nombre camina en la cuerda floja de los desencuentros con Sebastián y Zapatero desde hace meses. Ahora que se aproxima la LES y que se ha conseguido un acuerdo sobre el TC -después de tres años en funciones de Maria Emilia Casas-, son la CNE y la CMT los que calientan la mesa de los asuntos pendientes de Moncloa, de Ferraz y de Génova y los que volverán a poner en juego las ‘bazas’ de CiU y el PNV.

El ‘affaire’ Garoña, el desencuentro del déficit de tarifa y la nueva facturación de las eléctricas marcaron un antes y un después desde 2009 en una sintonía que, por parte del ministro Miguel Sebastián, ya había nacido muerta, desde que él llegó a la cartera de Industria y se encontró con Maite Costa (que llegó a la CNE en 2005) entre las ‘herencias’ políticas de Montilla y Clos. Pero en las últimas semanas, con cada impulso a la tramitación de la LES y con cada nuevo informe del regulador energético, cada declaración se ha ido clavado en los muros del desencuentro. Sin embargo, Maite Costa le busca las líneas de la sintonía al ministro, hace saber que puede convertirse en el ‘mal menor’, lo ‘malo conocido’ capaz de contener las tormentas energéticas que los de Berenguer estarían dispuestos a librar, de sintonizar con el ministro para un nuevo modelo tarifario ante los criterios y las competencias de Salgado. No es casualidad que ninguno de los consejeros de la CNE asistiera a la toma de posesión del Secretario de Estado, Fabricio Hernández, el pasado 11 de enero.  Lejos quedan el idilio regulatorio con el Secretario General de Energía que precedió a Marín, Ignasi Nieto, y los puentes quebrados con el equipo de Marín de Maite Costa. Tampoco es casualidad que la presidenta de la CNE fuera la única en avalar desde el regulador a Hernández como el nuevo inquilino de un sillón ‘eléctrico’, para el que el ministro llegó a buscar candidatos, incluso en el perímetro de una CNE diezmada -al fin y al cabo- por el virus de la interinidad y las zozobras de su nuevo destino, si Moncloa impulsa su reforma y su renovación, como tiene previsto, desde mayo o junio.

La CNE no modifica sus cálculos para todo el 2010, de 3.190 millones de euros de desajuste añadido en el déficit eléctrico -frente a los  4.616 millones de desajuste con los que concluyó 2009-, pero, con un déficit tarifario acumulado ya de 16.048 millones y el compromiso de Moncloa para acabar progresivamente con él en 2013, los ingresos recabados vía factura de la luz siguen sin ser suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema. Nada que los ajustes previstos por Industria para la retribución del Régimen Especial ni el Real Decreto ley del 23 de diciembre y los 4.600 millones de ajuste adicional a los costes del sistema eléctrico vayan a solucionar. No de manera definitiva.  En julio, la tarifa debería subir un 20%, según los cálculos de la patronal eléctrica y del regulador, que ha visto ya cómo el Ministerio y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos capitaneada por la vicepresidenta Salgado -en contra de los criterios de la CNE- decidía mantener congelada la parte regulada de la TUR en su revisión del 1 de enero. 

Industria aspira a que con su PIN-2020, desde julio de 2011, con el 90% de los consumidores fuera de la TUR, las eléctricas puedan aflorar los costes reales a los que la tarifa regulada del Gobierno daba la espalda, pero tendrán que digerir un déficit superior a 19.000 millones y un modelo en el que, aparte de los costes de producción, los costes totales regulados, llamados a superar al menos en 3.048 millones los 12.709 millones que ingresará el sistema durante 2011, ahora “sólo” lo harán en unos 2.000 millones, por debajo del techo del déficit de tarifa que Industria sube ahora también para evitar denuncias. Será, además, a cambio, con 1.300 millones de nuevas facturas en tres años para las cinco grandes compañías: deben correr desde ahora con peajes de generación y los costes de ahorro y eficiencia y el bono social que la política de Moncloa ha decidido, pero que no quiere que paguen ni los consumidores, ni los PGE.

LA BAZA DE ‘BRUSELAS’ A MANO DE LAS ASPIRACIONES DE LA CNE

La CNE hace saber, además, que cuenta con el tercer paquete legislativo de la UE para reclamar derecho sancionador directo sobre el mercado, pero sobre todo para definir las tarifas por encima del Ministro y está dispuesta a hacerlos valer. No es casualidad que la Comisión haya publicado -y publicitado- su ‘Informe sobre las implicaciones tras la aprobación de la nueva normativa comunitaria en materia de energía’ aprobado por su Consejo de Administración desde el 22 de julio de 2010. Los de Maite Costa airean de nuevo las directrices de Bruselas, buscan asomar al Ministro y a las filas socialistas al modelo de regulador energético que la UE ha destilado desde 2007 para los Veintisiete a través de los Planes de acción de la UE, el "Tercer Paquete", el "Paquete Verde", y los "Objetivos 20-20-20". Tampoco, que el vicepresidente del regulador, Fernando Martí, acabe de emitir un voto particular al informe de tarifas eléctricas de enero en el que lamenta que el papel de la CNE en el cálculo de las tarifas apenas pase de "un mero trámite administrativo", sin tener “como debería todas las competencias en la elaboración de las tarifas".

Si Moncloa y Ferraz no aprovechan la tramitación de la LES para estirar las costuras de la CNE y sus competencias hasta adaptarlas a su dimensión europea, los de Costa están dispuestos a llegar hasta Bruselas con sus reivindicaciones. Miran ya hacia la nueva Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER), que tiene previsto entrar en  pleno funcionamiento en marzo de 2011 y contará entre los ocho miembros de su Consejo de Administración con el español Carlos Westendorp. Aunque la CNE viene participando activamente en el contexto del CEER y ERGEG, el nuevo contexto institucional introducido por la ACER hace que la CNE se proponga intensificar su participación en el proceso Europeo a través de la Asamblea General del CEER y el ERGEG y las Iniciativas Regionales del ERGEG, pero sobre todo, de ahora en adelante, a través de su representación en el Consejo de Reguladores de ACER y su presencia a nivel técnico en el “staff” de la Agencia, en calidad de experto nacional destacado.

Las enmiendas de la LES plantean incorporar al ordenamiento jurídico una habilitación que permita a la CNMV intercambiar información con las autoridades competentes en materia energética, una propuesta -en palabras de los propios socialistas-, importante para permitir una adecuada supervisión del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica (MIBEL) y una mejora en la cooperación y supervisión entre España y Portugal. Pero como la CNE recuerda en su informe publicado con fecha 7 de octubre, “el progreso de MIBEL/MIBGAS como mercado único podría retrasarse significativamente si sigue persistiendo la presente situación de asimetría entre las competencias que detentan los organismos que integran el Consejo de Reguladores del MIBEL”. En efecto, los reguladores portugueses (ERSE, CMVM) ostentan facultades normativas de rango equiparable a Reglamentos u Órdenes, en tanto que sus contrapartes españolas (CNE y CNMV) pueden únicamente emitir Circulares o Resoluciones de carácter técnico. Esta situación es tanto más patente cuanto mayor es el grado de interrelación entre los mercados de contado y a plazo, máxime en lo que atañe a normas de carácter extraterritorial dentro del ámbito del Convenio de Santiago.

Es cierto -la propia CNE lo reconoce- que en términos generales, España ya cumple “formalmente y con carácter general en grado elevado” las principales exigencias que la nueva normativa impone a los reguladores nacionales”. Según su propia autoevaluación, y gracias sobre todo a la disposición adicional undécima de la Ley de Hidrocarburos 34/1998, de 7 de octubre, la CNE “tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, dispone de medios personales, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes, goza de autonomía para establecer su organización y funcionamiento internos y para seleccionar y contratar a su personal, el mandato de los miembros del Consejo de Administración respeta las previsiones contenidas en las nuevas directivas, y las causas de cese de aquéllos son tasadas”. Pero es verdad también, que la transposición literal de todo el paquete regulatorio comunitario le permitiría a la Comisión española contar con potestad para sancionar a las empresas directamente y, sobre todo, para fijar las tarifas de luz y gas, lejos del actual procedimiento, que en España sólo permite al regulador sugerir precios y emitir un informe sobre las decisiones del Ministerio.

Sobre todo, la CNE ha metido todos ‘los dedos’ de sus informes en las llagas del déficit de tarifa: además de solicitar formalmente al Ministerio de Industria que concrete en el nuevo decreto que le permitirá revisar trimestralmente los peajes de acceso de la luz en qué “condiciones excepcionales” podrá aplicar la revisión trimestral de los peajes de acceso de la luz, la CNE le enciende, en sintonía con la patronal UNESA, todas las luces rojas del déficit de tarifa a Moncloa. Lo hace, en realidad desde hace meses. Pero, por primera vez, su oportunidad encuentra sitio en la presión colateral de las tesis de la CNC -coinciden en considerar que el sistema de la subasta Cesur tiende a ser inflacionista- y en las dudas del Ministerio de Economía, ahora que en los despachos de los asesores de Salgado -una vez que se consideran ya cerrados los ajustes a los costes del sistema eléctrico- se baraja la posibilidad de reformas a la parte no regulada de la tarifa, los costes de generación y distribución. 

BATALLA TARIFARIA ACOTADA POR SALGADO Y BERENGUER

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, agota también sus últimos meses de mandato -abocado a dejar el próximo año su cargo-, con la artillería al mercado energético más a mano que nunca, mucho más allá -que también- de su habitual carga al mercado de los carburantes. Revive un enfrentamiento ya no tan soterrado con el Ministerio de Industria, a cuenta del modelo de tarifas y comercializadores de último recurso y del proceso de liberalización eléctrica. “El sistema de formación de precios del pool eléctrico es un escándalo al que no pueden pasar ni un mes más sin que se le ponga fin”. “Hay que ir a un cambio total” de la formación de precios del mercado eléctrico, advertía en entrevista con Expansión Berenguer, que aboga, de hecho, por una integración de todos reguladores en una especie de supertribunal de la Competencia. En sus propias palabras, “las comisiones horizontales son más difíciles de capturar por un sector empresarial”.

Los desencuentros de Costa y Sebastián pueden, además, llover sobre mojado en el terreno abonado de la influencia de la vicepresidenta Salgado sobre el ‘negociado’ energético de Miguel Sebastián. El Presidente y la vicepresidenta han preferido, al calor del Real Decreto Ley de reajuste de los costes del sistema eléctrico demarcar sólo la inercia del déficit de tarifa hasta 2013. A pesar de que Sebastián hubiera sido partidario de considerarlo, en Moncloa no quieren ni oír las dudas de la CNE, que advierte de la “poca presión competitiva de las subastas entre comercializadores de último recurso, de cuyo resultado depende cerca del 50% de la Tarifa de Último Recurso. Su Consejo de Administración ha pedido al Ministerio que introduzca los cambios regulatorios propuestos por la propia Comisión desde hace tres años para que las subastas de electricidad entre comercializadoras sean “más transparentes y eficientes”.

Es verdad también, que la transposición literal de todo el paquete regulatorio europeo le permitiría a la Comisión española de la Energía contar con potestad para sancionar a las empresas directamente y, sobre todo, para fijar las tarifas de luz y gas, lejos del actual procedimiento, que en España sólo permite al regulador sugerir precios y emitir un informe sobre las decisiones del Ministerio. No es nada de lo que en Castellana 160 quieran ni oír hablar. Menos aún en Economía, ahora que Salgado le ha dejado claro al ministro que la última palabra no la tiene el Ministro de Industria, sino la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.  Al fin y al cabo, ya para lograr en julio que la tarifa eléctrica final no subiera y desandar sus propios cálculos, Industria tuvo que contradecir las recomendaciones de la Comisión y pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE). Y ahora, en la revisión del 1 de enero, la Comisión Delegada apostó por  colocarle a Sebastián la línea roja de la subida de la tarifa del 10,9% y por “no tocar” la parte de la tarifa que incluye los costes regulados para intentar suavizar la subida de los precios de la subasta Cesur del 14 de diciembre, que fue del 21,3%.

LAS ÚLTIMAS ESCARAMUZAS DE REINALDO RODRÍGUEZ

Nada que, para Sebastián no se haya reproducido, golpe a golpe, con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Comisión y su presidente Reinaldo Rodríguez (propuesto por el PSOE y que sustituyó a Carlos Bustelo en mayo de 2005) transitan sobre la cuerda de la interinidad a la que los ha condenado desde diciembre de 2008 el impasse de Industria, de la vicepresidencia económica y de Moncloa. Rodríguez, después de dos condenado a la incógnita sobre un tercer mandato, que depende de la interpretación en manos del gabinete de ministros, ya sabe que, si nada cambia con el trámite en el Senado, con la Ley de Economía Sostenible, no sólo llegará un nuevo modelo de regulador del mercado de las telecomunicaciones, sino nuevos apellidos para capitanearlo. Moncloa espera que antes de dos meses después de que la LES vea la luz tengan que dejar la Comisión los cuatro consejeros en interinidad y Rodríguez -al igual que los miembros en interinidad en la CNE-, a pesar de la oposición del regulador, que ya desgranó sus recelos al dictamen del Consejo de Estado sobre la LES ante el nuevo modelo de regulador.

El presidente de la CMT sigue esperando, pero no con los brazos cruzados: hace sangre de nuevo en todas las contradicciones y los retrasos del Ministerio de Industria. Cuestiona el precio de la banda ancha y la ausencia de fondos públicos del servicio universal incluido en la LES; sonrojaba  a España con el cuarto informe de precios de banda ancha y la denuncia de que el adsl nacional es entre  un 19% y un 70% más caro que el precio medio que ofrecen los operadores dominantes en el resto de países europeos. Y le enciende a Industria todas las luces rojas de Bruselas: el servicio universal puede incurrir en compatibilidades con la regulación comunitaria (que impedirían encuadrar en él la inclusión de la banda ancha) y, si es así, será la propia CMT -y Rodríguez desde el regulador paneuropeo Berec- los que aboguen por ponerla en tela de juicio. Antes de nada, ya han comenzado a recordarle a Industria que la universalización del servicio habría de sufragarse, necesariamente, con cargo a los presupuestos públicos, nada de fijar un precio máximo para las operadoras.

Rodríguez ha colocado líneas rojas al desenfreno de las wifi municipales y cuestiona la validez -por duplicidad- de las tasas municipales para operadoras móviles sobre las del espectro radioeléctrico. A solicitud de las operadoras de telefonía, le dejaba clara su postura a la Administración en plena guerra por las tasas municipales: según el organismo que preside aún Reinaldo Rodríguez, la metodología propuesta por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para determinar la tasa local para la telefonía móvil supone una doble imposición, ya que contempla conceptos incluidos en la tasa del espectro radioeléctrico. Nada que Industria -impelida a mediar- esté obligada a considerar, por más que le saque los colores. La CMT denuncia la falta de incentivos de las administraciones para nuevas redes -sobre todo la FTTH y la LTE móvil- y hace del recuerdo del retraso del dividendo digital y del reparto de frecuencias el último plato roto de un divorcio en el que Sebastián había optado hasta ahora por dejar que fuera la Setsi la que tendiera los últimos puentes con Reinaldo Rodríguez.

Y si Sebastián buscaba en la CMT el silencio justo para dejar pasar de largo el debate de la neutralidad de la red y el final de las tarifas planas ilimitadas en internet, no lo encontrará en Rodríguez. A falta de resolución por parte de la Comisaria Noeliee Kroes, que no llegará hasta mediados de 2011, la Comisión preferiría que el Ministerio se ‘retratara’ formalmente. Rodríguez defiende que “las operadoras puedan cobrar distintos precios en función del consumo que los usuarios hagan de sus redes, pero no que puedan acceder al negocio que las empresas de servicios generan en Internet” y promete vigilar de cerca cualquier acuerdo bilateral sobre internet, aunque sea a contrapié de Kroes y de Castellana 160.

OTRA VEZ, LA GRIETA AUDIOVISUAL CON INDUSTRIA Y PRESIDENCIA

Pero sobre todo, son las últimas batallas audiovisuales las que ahondan las grietas entre Sebastián y Rodríguez. Las presiones de Salgado para fiscalizar a las operadoras de telefonía y amortizar el reparto de las frecuencias móviles, los compromisos con el PNV ante la CMT, la herencia ‘audiovisual’ de De la Vega (en la Ley General Audiovisual, el CEMA y las tasas a las operadoras) y la ‘Ley Sinde’ le complican al ministro no sólo el tiempo de descuento de Rodríguez al frente del regulador, sino la ‘paz’ que buscaba con el sector TIC y, de paso, le hacen al ministro sangre con Reinaldo Rodríguez. Tanto Ramón Jáuregui como Alfredo Pérez Rubalcaba intentan, al calor de la tramitación de la LES, zafarse de buena parte de la herencia audiovisual de Fernández De la Vega, que se sirvió fría desde 2009 su venganza a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: a contrapié de la mitad del Consejo, decidió gestar en exclusiva la Ley General Audiovisual,  engendrar un CEMA en plena guerra con la CMT y ralentizar la Agencia Radioeléctrica.

Pero desandan las líneas maestras de De la Vega con las riendas en manos del Ministerio de la Presidencia, e incluso de vicepresidencia, de espaldas a la cartera de Industria, a pesar de que desde el CEMA, al dividendo digital o la segunda transición televisiva -al HD- impactan, al menos en teoría, en el perímetro de Castellana 160. La Ley Audiovisual zanjó el debate adscribiendo el CEMA y sus competencias colaterales al Ministerio de la Presidencia. Miguel Sebastián ya tuvo que dar la cara ante el Congreso de los Diputados, a contrapié de sus propios criterios y de las preferencias de la SETSI y del ya ex secretario de Estado Francisco Ros, para defender el ‘bautismo’ del nuevo CEMA. Prometía que no acarrearía gastos extras al Gobierno, por más que la CNC, la propia CMT y la Setsi lo vean desde que se anunció su creación como una duplicación de funciones innecesaria y que hasta el titular de Industria reconozca que “una gran parte de las competencias que le atribuye a este órgano regulador el proyecto de ley audiovisual coinciden con las que en la actualidad ya tiene el Ministerio de Industria”.

Ahora, Rodríguez sigue convencido de que sus competencias tienen que ser convergentes. Se aferra a la señales cambiantes de Ferraz, que durante la fallida tramitación de la LES en el Congreso dejó entrever un nuevo diseño convergente que reuniera el CEMA y la CMT bajo un mismo paraguas, el de una Comisión del Mercado Audiovisual y de las Telecomunicaciones (CMAT). De hecho, como la autoridad audiovisual no ha sido constituida todavía, ni se ha previsto aún partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado en 2011, sus funciones de registro están siendo ejercidas transitoriamente desde Barcelona por la CMT, como organismo competente. La CMT asegura en el informe consultivo remitido al Gobierno sobre el anteproyecto de ley audiovisual que si le concede las nuevas competencias del sector, se podrá lograr un ahorro anual de 34 millones de euros al año y con él, además, otro motivo de irritación para las telecos y las televisiones privadas: si en principio se preveía que tendrían que sufragar el CEMA con el 10% de la tasa de dominio público radioeléctrico y la tasa de comunicación audiovisual, ahora una enmienda de última hora de la LES pretende obligar a que las telecos destinen el superávit de la CMT a las arcas del Tesoro.

Por eso, aunque Jáuregui, anunciaba ayer mismo la creación antes del verano del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con capacidad interventora y sancionadora (e incluso retirar la licencia a aquellos medios, radios y televisiones que infrinjan determinadas normas) que Moncloa no ha podido poner en marcha desde que se aprobó la Ley General de Comunicación, los de Reinaldo Rodríguez pelean aún la posibilidad de integrarlo en la CMT, tal como defendían la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y como el PP y CiU defendían durante la tramitación de la LGA (mientras que el PSOE insistió en que fuera un organismo autónomo, cuyos miembros fueran elegidos por el Parlamento), aunque sólo ERC presentó una enmienda al respecto para unir ambos órganos con sede en Barcelona.

Rodríguez cuenta desde 2009 con el apoyo explícito de Millie Banerjee, consejera de Ofcom, la autoridad reguladora con más predicamento de Europa, del Parlamento Europeo desde su Directiva de Servicios de comunicación audiovisual de 2007. Y del secretario general de Agcom, el regulador italiano, dos ejemplos de reguladores convergentes a los que la nueva Comisaria de Telecomunicaciones, Kroes, es favorable. Hasta el presidente de la CMT ajustó sus reticencias y desde abril de 2009, reclama claro y alto extender las funciones del organismo en regulación en el ámbito audiovisual. Sintoniza con la mayoría de los miembros del consejo de la CMT, se han subido a los caballos que hasta hace meses sólo cabalgaban Angel García Castillejo, José Pascual o Gloria Calvo y consideran que hoy que el órgano supervisor de las telecomunicaciones debería evolucionar hacia una mayor “convergencia” con el mundo de los medios audiovisuales.

Ahora que el expediente abierto en Bruselas, la recomendación a España a modificar la financiación de RTVE y la decisión de la SETSI de matizar finalmente la obligación de las televisiones con la financiación de RTVE -sólo pagarán sobre la facturación bruta derivada de su actividad como operadoras- acentúan la batalla de las operadoras de telefonía por el 0,9% de su facturación que deben aportar, la CMT suma y sigue con su particular guerra de tasas ante Moncloa. El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la aportación de los operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE, pero en su auto -a la espera de la decisión de Bruselas- abre la puerta a las decisiones y las matizaciones del regulador y llega a aconsejar a las operadoras “acudir ante la Comisión para resolver un asunto como éste”. Fueron las valoraciones de la CMT las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago. Ahora, de nuevo, la Comisión ha vuelto a recordarle a Moncloa que no encaja en su mapa regulatorio la tasa a las operadoras para financiar RTVE y propone -a través de su consejero Ángel García Castillejo, que sean los ciudadanos los que “asuman el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública”, un modelo que ya propuso en su momento el consejo independiente, el comité de sabios que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE aunque sólo el ejemplo británico es un éxito.

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