edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
20/11/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

Las tres caras de la crisis

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
En su Boletín Económico de enero de 2009, el Banco de España certificaba la entrada en recesión de la economía española. A la continua pérdida de impulso durante los tres primeros trimestres del año pasado, se sumó en el cuarto trimestre una caída intertrimestral del PIB del 1,1% según las estimaciones del Banco. La confirmación oficial se ha producido con la publicación de los datos de la Contabilidad Nacional correspondientes al último trimestre de 2008, conforme a los cuales la crisis económica por la que atraviesa España se cuantifica ya en una tasa de variación del PIB intertrimestral del -1,0% (un -0,7% en términos interanuales). De esa manera, el crecimiento del PIB anual cayó desde el 3,7% en 2007 al 1,2% en 2008.

Con respecto al futuro inmediato, las estimaciones del Gobierno español resultan increíbles. Son optimistas en exceso cuando sugieren una recuperación en un plazo no muy largo. En concreto, su cuadro macroeconómico incluye un crecimiento del PIB del 1,2% en 2010. Esto contrasta fuertemente con las previsiones de otras instituciones, como el FMI y la Comisión Europea que coinciden en que el PIB español caerá no sólo en 2009 sino también en 2010.

En relación con ese exceso de optimismo gubernamental, hay que insistir en que la crisis económica es el resultado o la manifestación del ajuste interno que precisaba la economía española. Es cierto que el prolongado episodio de inestabilidad financiera internacional complica enormemente ese ajuste, incrementando sus costes. Ahora bien, la raíz de los problemas actuales hay que buscarla en los muchos desequilibrios que se han ido enquistando en la última década, mientras la economía crecía sobre unos cimientos débiles sin que se abordaran las reformas necesarias para darles mayor solidez, desaprovechando así el amplio margen que permitían los momentos de bonanza.

En ese sentido, la crisis del sector inmobiliario y de la construcción es paradigmática. Este sector ha sido uno de los motores del crecimiento español reciente, hasta alcanzar unas dimensiones a todas luces insostenibles. En 2007, año en que el parque de viviendas aumentaba nada menos que en 800.000 unidades, la construcción suponía un 11% del PIB y un 13,25% de la ocupación. El gran dinamismo del sector se sostenía sobre el creciente endeudamiento, tanto por el lado de la oferta (empresas promotoras, por ejemplo), como por el de la demanda. De esta manera, se incrementaba la exposición de la economía a los riesgos de un ajuste brusco del sector.

Y ese ajuste llegó al desencadenarse la tormenta financiera internacional que, si bien no se manifestó como tal en nuestro país, sí ha significado graves dificultades para una economía tan necesitada de la financiación exterior como es la española. Por supuesto, los sectores donde la dependencia de la financiación es mayor sufren estos problemas con mayor intensidad.

Por el lado de la demanda, la crisis del sector inmobiliario se ha concretado en el derrumbe de la inversión residencial que, junto con la caída del consumo privado, ha tirado de la demanda nacional a la baja.

Más allá de las consecuencias de la crisis internacional y de los aspectos coyunturales, la crisis económica española es de naturaleza estructural y específica de nuestro país. Asistimos a las consecuencias de la severa crisis de competitividad que se ha ido incubando a lo largo de los últimos quince años, tal y como el Círculo advertía en sus publicaciones sobre el tema.

El actual patrón competitivo está totalmente agotado. No es viable un crecimiento basado sólo en la mejora de las tasas de participación y empleo, o en la ampliación de la población potencialmente activa. Tampoco lo es un modelo alimentado por una expansión continuada de la inversión residencial y el consumo, financiada con endeudamiento frente al exterior.

La prosperidad depende en última instancia de los avances de la productividad, algo en lo que, evidentemente, falla nuestra economía. Y la productividad no se puede impulsar con meros estímulos de gasto. Se precisan las reformas estructurales que no se emprendieron cuando las cosas marchaban bien y para las que ahora tampoco parece existir voluntad política.

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