edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
12/03/2009
Observatorio Jurídico

Las vacaciones no se pierden aunque el trabajador haya estado de baja por enfermedad

Datadiar.- Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a introducir importantes cambios en la que, hasta ahora, constituía doctrina tradicional del Tribunal Supremo en materia de incapacidad temporal y vacaciones. En nuestro derecho constituye regla general que, salvo pacto en contrario, las vacaciones deben disfrutarse en el año natural en el que se devengan. Esto supone que el derecho a las vacaciones caduca cada 31 de diciembre. Transcurrido el año natural, los días no disfrutados se pierden, y ello aunque el trabajador haya estado de baja por incapacidad temporal, durante todo o gran parte del año, de forma que no haya podido disfrutar de las vacaciones que por ley le corresponden. Únicamente se exceptúan los supuestos en los que la situación de baja haya sido por maternidad o por motivos relacionados con la misma, e incluso esta excepción se ha establecido en época muy reciente.

Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a poner en entredicho esta doctrina y va a afirmar que los trabajadores no pueden perder su derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, cuando no lo hayan podido ejercitar por causa de enfermedad, aunque haya transcurrido el plazo fijado en la ley para su disfrute.

En dicha Sentencia, de 20 de enero de 2009, el Tribunal empieza admitiendo que, de acuerdo el ordenamiento jurídico comunitario, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer en su normativa interna las condiciones de ejercicio y aplicación del derecho a las vacaciones anuales retribuidas.

En este sentido, se afirma que la normativa comunitaria no se opone, en principio, a que la normativa nacional establezca modalidades de ejercicio del derecho a las vacaciones, pudiendo llegar incluso al extremo de incluir la pérdida de dicho derecho al término del período de devengo y/o período de prórroga, siempre y cuando el trabajador, cuyo derecho a vacaciones anuales retribuidas se haya perdido, haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitarlo.

Pero va a precisar que los Estados miembros no pueden supeditar el derecho a unas vacaciones anuales retribuidas a ningún tipo de requisito que impida el nacimiento o constitución del mismo, puesto que nos encontramos ante un derecho que deriva directamente de las leyes comunitarias y que el propio derecho comunitario garantiza a todos los trabajadores.

De ahí que no pueda admitirse la extinción del derecho a las vacaciones en los supuestos en los que el trabajador se hubiera encontrado en situación de baja por enfermedad durante todo el período de devengo de las mismas y/o durante el período de prórroga y, por lo tanto, no hubiera estado en condiciones de ejercitarlo.

Por ello el tribunal va a considerar contraria a la normativa comunitaria cualquier disposición o práctica nacional que prevea que el derecho a unas vacaciones anuales retribuidas se extinga al finalizar el período de su devengo, incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante el mismo y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a unas vacaciones anuales retribuidas.

Y en relación con este último supuesto, en el caso de que la relación laboral se extinguiera sin que el trabajador hubiera podido disfrutar de sus vacaciones, la sentencia va a declarar que el empleado tendría siempre derecho a percibir una compensación económica por el periodo vacacional no disfrutado. El Tribunal de Justicia Comunitario considera, a estos efectos, que son igualmente contrarias a la normativa comunitaria las disposiciones o prácticas nacionales que prevean que, al finalizar la relación laboral, no deba abonarse al trabajador compensación económica alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas, cuando el trabajador se hubiera encontrado igualmente en baja durante la totalidad o parte del período de devengo.

Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a obligar, sin duda, a nuestro Tribunal Supremo a rectificar su anterior doctrina, al no ser conforme con la mantenida por la jurisprudencia comunitaria.

Equipo Jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden de 7 de julio de 2008, por la que se establecen los contenidos y datos mínimos a consignar en las memorias anuales de los Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía (BOJA nº 148 de 25 de julio de 2008)
La regulación legal de la organización de los recursos para las actividades preventivas en la empresa es desarrollada en el Capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que entre las modalidades de organización de estos recursos contempla a los servicios de prevención ajenos, estableciendo entre otras cuestiones, los supuestos en los que el empresario ha de recurrir a esta modalidad, los requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención, las funciones de estas entidades especializadas, el concierto de la actividad preventiva y el procedimiento de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas.

Decreto 46/2008, de 4 de julio, por el que se crea el Registro de Empresas Acreditadas en La Rioja del Sector de la Construcción de La Rioja (B.O.L.R. nº 89 de 5 de julio de 2008)
En el Registro deberán inscribirse, previa solicitud y siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos, todas aquellas empresas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de La Rioja que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción. La inscripción en el Registro, que será única y tendrá validez en todo el territorio nacional, permitirá a las empresas incluidas en el mismo intervenir en la subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas y subcontratistas.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de tenencia de moneda falsa. Delito continuado de falsedad en documento oficial. Derecho a la presunción de inocencia. Competencia de los Tribunales españoles. Error en la apreciación de la prueba. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 10 de julio de 2008
Señala el recurrente como documento acreditativo del error incurrido un documento acreditativo de la compra del vehículo que conducía el recurrente.  Se desestima: el documento carece de la necesaria literosuficiencia a los efectos de acreditar la no  intervención del recurrente en la alteración del número del bastidor y carece de relevancia al apreciarse continuidad delictiva.

Mercantil

Desaparece la litispendencia cuando se produjo la firmeza de la resolución de contraste. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha 21 de mayo de 2008
El objeto del proceso versa sobre derecho de marcas, y concretamente la nulidad unas marcas nacionales e internacional y rótulo de establecimiento por riesgo de asociación con marcas internacionales y nacionales notorias. Asimismo se plantean cuestiones relativas a la aplicación transitoria de la LM 32 de 1.988 y a litispendencia respecto de proceso seguido por nulidad de registro en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

No se cumple el requisito de la prueba irrefutable de los supuestos o ardides o artificios fraudulentos que habrían servido de medio o instrumentos para la obtención de la sentencia. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 15 de mayo de 2008
Requiere la prueba irrefutable de la existencia de ardides, artificios fraudulentos o asechanzas en virtud de los cuales hubiera sido obtenida la sentencia, de su utilización en el procedimiento jurisdiccional a que la misma hubiese puesto término, en términos tales que hubieran torcido erróneamente la voluntad del juzgador, y de la existencia de un eficiente nexo causal entre el proceder malicioso y la resolución judicial.

Civil

No se ha atenido al tenor literal del contrato, sino que lo ha interpretado conjuntamente, de acuerdo con la finalidad perseguida.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 7 de julio de 2008
sólo alega para casar la sentencia un precepto de carácter tan genérico como el art. 1.256, inapto para ello según la jurisprudencia de esta Sala, que convertiría a la misma en un órgano de instancia desnaturalizando el recurso, pues habría de proceder otra vez a interpretar el contrato litigioso, cuando su función reside únicamente en controlar la aplicación de la ley y demás fuentes del derecho al caso.


No cabe la invocación del Art. 1214 C.c. en sede de casación.  TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 5 de junio de 2008
El artículo 1214 del Código Civil no contiene ninguna norma valorativa de prueba, sino que solamente determina a quién incumbe la carga de la misma, por lo que sólo es invocable en casación cuando la Sala de instancia, desconociendo dicha norma distributiva del "onus probandi", haya hecho recaer las consecuencias de una falta de prueba sobre la parte a la que no incumbía la carga de la misma.

Laboral

Infracción de la prevención de riesgos laborales. Recurso extraordinario de casación para unificación de doctrina. Falta de cuantía. No ha lugar. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 23 de julio de 2008
Considerar invariable el pronunciamiento de inadmisibilidad efectuado inicialmente en el despacho ordinario comportaría impedir al Pleno de la Sección llamada a conocer sobre el fondo del asunto que pudiera pronunciarse definitivamente sobre la admisibilidad del recurso una vez tramitado en toda su extensión, como prevé expresamente la Ley de la Jurisdicción.

Existencia y el tipo de responsabilidad en orden a las prestaciones de S.Social de empresas principales y empresas contratistas en supuestos de subcontratación de una obra encargada. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 23 de septiembre de 2008
El    art. 100.1 LGSS    establece la obligación del empresario de comunicar a la entidad gestora el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio. El    art. 102.1    remite a normas reglamentarias la "forma, plazos y procedimiento" para cumplir la referida obligación de alta a cargo del empresario. El    art. 102.2    precisa que "la afiliación y alta sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario ... no tendrán efecto retroactivo alguno". Por su parte el    art. 126.2 LGSS    ordena en términos genéricos la "exigencia de responsabilidad en cuanto al pago de prestaciones" en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de "afiliación, altas y bajas y de cotización".

Administrativo

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Suelo urbano consolidado. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 23 de septiembre de 2008
La sentencia de instancia en ningún momento niega o cuestiona las potestades de la Administración urbanística en orden la modificación o revisión del planeamiento para una mejor satisfacción del interés general. Pero, siendo evidente que el ejercicio de esa potestad debe sujetarse a las prescripciones legales, lo que hace la Sala de instancia es anular las determinaciones del Plan General referidas a una determinada unidad de actuación por entender que su delimitación es contraria a la normativa de aplicación. No hay, por tanto, vulneración ni desconocimiento del ius variandi de la Administración sino aplicación del principio de que toda actuación administrativa debe sujeción a la legalidad. Los terrenos integrados en el ámbito de actuación pertenecen a la categoría de suelo urbano consolidado. Desestimación del recurso de casación.


Ejecución de sentencia relativa a expediente de legalidad urbanística y demolición de obra. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia de fecha: 29 de septiembre de 2008
Es cierto que previamente a la demolición de lo construido, ha de permitirse a los interesados que intenten la legalización de lo construido mediante la solicitud de una nueva licencia de obras, permitiéndose en el expediente que utilice los medios pertinentes para su defensa y sólo si dicha legalización resulta imposible por no ajustarse la parcela sobre la que se construye y la propia tipología de la edificación al Planeamiento vigente, ha de proceder la demolición de lo construido lo que habrá de acordarse por la corporación municipal tras la tramitación del oportuno expediente. No obstante, el auto recurrido en casación, que acuerda requerir al Ayuntamiento para que tome las medidas oportunas para la restauración de la legalidad urbanística, ha cumplido lo ordenado en la sentencia de cuya ejecución se trata, no habiendo providencia ni auto de la Sala de instancia que suponga una extralimitación en relación a lo resuelto en la Sentencia, por cuanto se propugna por el recurrente no ya la paralización de la demolición de la obra, que no ha sido todavía ordenada, sino impedir el mero inicio de los trámites que pueden conducir a la orden de demolición, lo iría en contra de su propia tutela judicial efectiva.

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