edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
19/01/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Las ventas de inmuebles por empresas promotoras: cambios en el PGC 2007 respecto al plan sectorial

DATADIAR
Una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 1994 aprobaba las normas de adaptación del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias. En dicha adaptación sectorial la norma de valoración 18 establecía que “Las ventas de inmuebles estarán constituidas por el importe de los contratos, sea cualquiera la fecha de los mismos, que corresponden a inmuebles que estén en condiciones de entrega material a los clientes durante el ejercicio.

Para el caso de ventas de inmuebles en fase de construcción, se entenderá que aquellos están en condiciones de entrega material a los clientes cuando se encuentren sustancialmente terminados, es decir, cuando los costes previstos pendientes de terminación de obra no sean significativos en relación con el importe de la obra, al margen de los de garantía y conservación hasta la entrega. Se entiende que no son significativos los costes pendientes de terminación de obra, cuando al menos se ha incorporado el 80% de los costes de la construcción sin tener en cuenta el valor del terreno en que se construye la obra. Elegido un porcentaje que deberá explicitarse en la memoria, se mantendrá, de acuerdo con el principio de uniformidad, para todas las obras que realice la empresa.

Los compromisos, generalmente contratos, relativos a la venta de inmuebles cuando éstos no estén sustancialmente terminados y, por tanto, no sea posible la contabilización de la venta se registrará, en su caso, en las cuentas 437 ó 457, por el importe anticipado”.

Por otro lado, la disposición transitoria quinta del nuevo Plan General de Contabilidad para el 2007 viene a establecer que las adaptaciones sectoriales seguirán aplicándose en aquello que no contravenga el Código de Comercio, a la Ley de Sociedades Anónimas ni de Responsabilidad Limitada ni al nuevo Plan General de Contabilidad (PGC 2007).

El nuevo PGC 2007 en su norma de registro y valoración 14ª (Ingresos por ventas y prestación de servicios) establece unos requisitos, que cambian el anterior criterio, que puede ser utilizado para justificar las discrepancias entre el IVA devengado declarado y las ventas declaradas en el Impuesto sobre Sociedades.

Así, según la norma de registro y valoración indicada  sólo se imputarán como ingresos de ventas, los inmuebles de las promotoras cuando el inmueble esté prácticamente terminado, tenga certificado final de la totalidad de la obra o de la fase correspondiente y se haya otorgado escritura pública de compraventa o el vendedor haya hecho algún acto de puesta a disposición del inmueble al comprador.

Lo anterior justificaría las discrepancias con el IVA en la medida que en este último tributo, si hay pagos anticipados se produce el devengo.

La anterior normativa contable es perfectamente aplicable en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, donde no hay una regulación fiscal específica, por la remisión a la misma del art. 10.3 TRLIS.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Estarán sujetos y no exentos en el IVA la cesión a las compañías aéreas de derechos de exhibición de producciones audiovisuales, para su proyección o audición durante el vuelo. D.G.T. C, (6-10-2009)
La sociedad consultante realiza, como actividad económica principal, la cesión de derechos de exhibición de producciones audiovisuales, teniendo fundamentalmente como clientes a compañías de aerolíneas. Exención de los servicios descritos en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la ley del impuesto.

Cuestiones fiscales relativas al proceso de transformación de una Unión Temporal de Empresas en una Sociedad Limitada. D.G.T. C, 30-10-2009.
La consultante es una unión temporal de empresas (UTE) constituida con arreglo a lo previsto en el Ley 18/1982 y tiene por objeto la colaboración entre las empresas partícipes que la componen, todas residentes en España, para desarrollar y ejecutar la explotación de un varadero en régimen de gestión indirecta situado en la dársena pesquera de un puerto. Se halla inscrita en el Registro de Uniones Temporales de Empresas. En el marco del desarrollo de su actividad y dado que la normativa mercantil no contempla ningún cauce para la transformación de la UTE en sociedad limitada, la entidad está considerando la cesión en bloque de todo su patrimonio, en el momento de su disolución sin liquidación, a una sociedad limitada integrada por los mismos socios y en la misma proporción que constituyen la UTE, mediante la atribución a sus socios de las participaciones sociales que emitiría la sociedad limitada por ampliación de capital equivalente al valor contable del patrimonio recibido. La sociedad limitada asumiría la totalidad del patrimonio y de los recursos humanos de la UTE para sucederla en el ejercicio de su actividad. Los motivos económicos que sustentan la operación proyectada son de índole financiera; el régimen jurídico de las UTEs preceptúa que todos sus partícipes respondan solidaria e ilimitadamente frente a terceros, lo que determina que la obtención de recursos financieros ajenos por la UTE requiera garantías patrimoniales de sus partícipes que encorsetan su política financiera, y condicionan el desarrollo de sus inversiones. Por el contrario, el ejercicio de la actividad por medio de una sociedad limitada permite la racionalización de las garantías ofrecidas en función de los recursos financieros obtenidos y dota de agilidad a la gestión del negocio. Aplicación al supuesto planteado del régimen especial del capítulo VIII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Incidencia de su aplicación respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido; Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tribunales

Incrementos no justificados de patrimonio: operaciones de cesiones de créditos e ingresos realizados en efectivo en cuenta corriente. T.S. S, (16-9-2009)
En relación con estos incrementos no justificados, el legislador aplica el mecanismo de la presunción «iuris tantum» para acreditar su existencia por parte de la Administración Tributaria, correspondiendo la carga de la prueba al sujeto pasivo del impuesto, no siendo suficiente para ello realizar simples manifestaciones cuya sola alegación suponga, a su vez, un desplazamiento hacia la Administración de la prueba de que las presunciones no son ciertas, sino que, por el contrario, es aquél quien debe acreditar la realidad de estas alegaciones en cuanto que es la Administración tributaria la favorecida por la presunción legal, extraída de un hecho base que es precisamente la existencia de un incremento patrimonial que no se justifica con las rentas declaradas. Circunstancias todas ellas que se producen en el presente caso.
 
No es imprescindible que la solicitud de devolución del IVA vaya firmada por el propio sujeto pasivo, sino que es suficiente a estos efectos la firma de un mandatario. (T.J.C.E. S, 3-12-2009)
El concepto de «firma» que figura en el modelo del anexo A de la Octava Directiva es un concepto de Derecho comunitario cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en la totalidad de los Estados miembros.

Tribunales Económico-Administrativos

Dado que nos encontramos ante tareas administrativas relacionadas con las operaciones de financiación, no teniendo la consideración de operaciones de mediación en la concesión de créditas, no estarán exentas en el IVA. T.E.A.C. 6-10-2009.
Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En relación con las operaciones vinculadas, no en todo caso ha de coincidir el valor de mercado de las participaciones en una SIM con el valor de cotización de las mismas. (T.E.A.C. R, 22-10-2009).
No en todo caso «valor de mercado» y «valor de cotización» (de acciones de una SIM) han de coincidir máxime cuando el «valor de cotización» lo han fijado exclusivamente sujetos vinculados y existe una gran diferencia entre el «valor de cotización» y el «valor de liquidación» (de la SIM) a fecha próxima: ese valor de cotización entendemos que no es el que hubieran fijado partes independientes en condiciones normales de mercado que es como la ley define el «valor de mercado».

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