edición: 2861 , Jueves, 5 diciembre 2019
22/07/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Las víctimas de delitos contra la Competencia en la UE podrán ser compensadas en un futuro cercano

Javier Ardalán

Aunque recientemente se han observado algunos signos de mejora en algunos Estados miembros, hasta la fecha la mayoría de las víctimas de infracciones de las normas de Competencia de la UE no obtienen en la práctica el resarcimiento por el perjuicio sufrido.

Existe un riesgo importante de que, sin una reglamentación a escala de la UE de la interacción entre la aplicación pública y la privada, y en particular una norma europea común relativa a la disponibilidad, a efectos de las demandas por daños y perjuicios, de información procedente de un expediente de una autoridad de competencia, se resienta la aplicación pública eficaz por parte de la Comisión y las autoridades nacionales de competencia.

Por ello, la Comisión Europea planteó esta propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. La norma ha sido aprobada en primera lectura por el Parlamento Europeo y por el Consejo y, cuenta con el visto bueno del Consejo Económico Social Europeo (CESE).

Dado que la Comisión Europea y las autoridades nacionales de Competencia pueden intercambiar información en el marco de la Red Europea de la Competencia (REC), los solicitantes potenciales de clemencia probablemente tengan en cuenta la legislación nacional que ofrezca el nivel más bajo de protección (por miedo a que, llegado el caso, sea esa autoridad nacional de Competencia la que se pronuncie sobre su asunto).

Por tanto, el nivel percibido de protección de la información sobre clemencia vendrá determinado por la legislación nacional que ofrezca el nivel de protección más escaso, en detrimento de las normas aplicables en otros Estados miembros. Así pues, en relación con la interacción entre la aplicación pública y la privada es necesario elaborar una norma que sea común a todos los Estados miembros. Eso solo se puede lograr a nivel de la UE.

El primer objetivo de la presente propuesta de Directiva es optimizar la interacción entre la aplicación pública y la privada de las normas de competencia de la UE, asegurar que la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia puedan mantener una política sólida de aplicación pública, y que las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia puedan ser indemnizadas por el perjuicio sufrido.

El segundo objetivo es garantizar que las víctimas de infracciones de las normas de competencia de la UE puedan ser indemnizadas por el perjuicio sufrido. Aunque el derecho al pleno resarcimiento está garantizado por el propio Tratado y forma parte del acervo comunitario, el ejercicio práctico del mismo suele resultar difícil o casi imposible debido a las normas y procedimientos que lo regulan.

Una empresa que se plantee cooperar con una autoridad de competencia en el contexto de su programa de clemencia (por el que la empresa reconoce su participación en un cártel a cambio de la dispensa o una reducción de la multa) no puede saber en el momento de su cooperación si las víctimas de la infracción de la legislación de competencia tendrán acceso a la información que facilitó voluntariamente a la autoridad de competencia.

En concreto, en su sentencia Pfleiderer dictada en 2011, el Tribunal Europeo de Justicia consideró que, en ausencia de legislación de la UE, corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir, sobre la base de la legislación nacional y caso por caso, si permite la exhibición de documentos, incluidos los documentos de clemencia.

Al adoptar esa decisión, el órgano jurisdiccional nacional debe poner en la balanza tanto el interés de proteger la eficacia de la aplicación pública de las normas de competencia de la UE como el de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al pleno resarcimiento. Ello podría dar lugar a discrepancias entre los Estados miembros e incluso dentro de ellos en relación con la exhibición de medios de prueba de los expedientes de las autoridades de competencia.

Además, es probable que la incertidumbre resultante en cuanto a la posibilidad de exhibir información relacionada con los programas de clemencia pueda influir en una empresa a la hora de decidir si coopera o no con las autoridades de competencia en el marco de su programa de clemencia.

En ausencia de una medida jurídicamente vinculante a escala de la UE, la eficacia de los programas de clemencia — que constituyen un instrumento muy importante en la aplicación pública de las normas de competencia de la UE — podría verse gravemente comprometida por el riesgo de exhibición de determinados documentos en las demandas por daños y perjuicios interpuestas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

La necesidad de regular la interacción de la aplicación privada y pública también se corroboró en las respuestas de los interesados a la consulta pública en relación con el Libro Blanco de 2008 sobre acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de Competencia.

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