edición: 2556 , Martes, 18 septiembre 2018
23/05/2018

Las Autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley

ICNR
Las Comunidades Autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%.
De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea.

Según el documento, las Autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.

Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.

El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.

Y ese no sería el único motivo. Se advierte en este trabajo que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017.

Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".

Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.

Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

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