edición: 3050 , Lunes, 21 septiembre 2020
02/07/2019

Las empresas ya pueden acogerse al nuevo sistema de arbitraje para asuntos de doble tributación de la UE

Javier Ardalán
Acaban de entrar en vigor las nuevas normas de la UE para garantizar una resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre los Estados miembros. Con ello, se pretende facilitar la vida de las empresas y las personas sometidas a doble imposición y ofrecerles una mayor seguridad fiscal. La Comisión Europea calcula que están pendientes en la UE cerca de 2.000 litigios de este tipo, de los que alrededor de 900 se prolongan desde hace más de dos años, con un valor estimado de10.500 millones de euros.
La nueva Directiva será aplicable a las denuncias presentadas a partir del 1 de julio de 2019 respecto de las cuestiones en litigio referentes a ingresos o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a esa fecha. Las autoridades competentes también podrán decidir aplicar la Directiva a cualquier denuncia presentada antes de esa fecha o a ejercicios fiscales anteriores.

La doble imposición se produce cuando dos o más países reclaman el derecho a gravar los mismos ingresos o beneficios de una empresa o persona. Esto puede deberse, por ejemplo, a un desajuste entre las normas nacionales de diferentes jurisdicciones o a interpretaciones divergentes de la misma disposición de un convenio tributario bilateral. 

Hasta ahora, solo se ha celebrado un convenio multilateral que brinda a las autoridades tributarias la posibilidad de someter un litigio a arbitraje, pero sin ninguna vía de recurso para que el sujeto pasivo inicie él mismo este proceso. Tampoco las autoridades tributarias están obligadas actualmente a alcanzar un acuerdo definitivo.

Los contribuyentes que se enfrentan a litigios fiscales derivados de convenios tributarios bilaterales o de convenios que prevean la supresión de la doble imposición podrán iniciar ahora un procedimiento de mutuo acuerdo por el que los Estados miembros de que se trate deberán tratar de resolver el litigio de forma amistosa en un plazo de dos años.

Si no se ha encontrado una solución al final de este plazo de dos años, el contribuyente podrá solicitar la creación de una comisión consultiva para emitir un dictamen. Si los Estados miembros no lo hacen, el contribuyente podrá interponer un recurso ante el órgano jurisdiccional nacional que le corresponda y obligar a los Estados miembros a actuar.

Esta comisión consultiva estará compuesta por tres miembros independientes designados por los Estados miembros interesados y por representantes de las autoridades competentes de que se trate. La comisión habrá de emitir un dictamen en un plazo de seis meses, que los Estados miembros interesados deberán cumplir a menos que acepten otra solución en un plazo de seis meses a partir del dictamen.

Si no se cumple la resolución, el contribuyente que haya aceptado la resolución definitiva y haya renunciado a su derecho a las vías de recurso internas en un plazo de sesenta días a partir de la notificación podrá tratar de hacerla cumplir ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Los Estados miembros están obligados a informar a los contribuyentes y a publicar la resolución definitiva o un resumen de ella.

Cualquier persona afectada tendrá derecho a presentar una reclamación sobre una cuestión en litigio a cada una de las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados en la que solicite la resolución de esta.

La reclamación se presentará en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir una cuestión en litigio, independientemente de que dicha persona utilice o no a las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados. 

La persona afectada presentará simultáneamente la reclamación con la misma información a cada autoridad competente, e indicará en la reclamación cuáles son los otros Estados miembros afectados.

El plazo de dos años a que se refiere el párrafo primero podrá prorrogarse por un período de hasta un año a petición de una autoridad competente de un Estado miembro afectado a las demás autoridades competentes de los Estados miembros afectados, si la autoridad competente solicitante lo justifica por escrito.

Una vez que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan alcanzado un acuerdo sobre la manera de resolver la cuestión en litigio dentro del plazo establecido, la autoridad competente de cada uno de los Estados miembros de que se trate notificará sin demora dicho acuerdo a la persona afectada, como decisión vinculante para la autoridad y ejecutable por la persona afectada, siempre que esta acepte la decisión y renuncie al derecho a utilizar otras vías de acción judicial, en su caso. 

En el caso en que los procedimientos relativos a estas otras vías de acción judicial ya se hubieran iniciado, la decisión únicamente pasará a ser vinculante y ejecutable una vez que la persona afectada aporte pruebas a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados de que se han tomado medidas para poner fin a dichos procedimientos. 

Estas pruebas se presentarán a más tardar a los sesenta días de la fecha en que dicho acuerdo sea notificado a la persona afectada. La decisión se aplicará entonces sin demora, con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros de que se trate.

Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan alcanzado un acuerdo sobre la manera de resolver la cuestión en litigio dentro del plazo, la autoridad competente de cada uno de los Estados miembros afectados informará al respecto a la persona afectada, indicando los motivos de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.

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