edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
23/10/2018
Obligadas a reforzar sus defensas legales

Las grandes empresas se preparan para una intensificación de las inspecciones

El Gobierno quiere exhibir como trofeos las deudas descubiertas en las grandes empresas y mostrar que se puede reducir el fraude fiscal
Juan José González
El sueño dorado de cualquier gobernante que se precie parece ser el mismo, con independencia de su color o ideología: reducir el fraude fiscal. A ese objetivo apuntan las medidas introducidas por el Ejecutivo en el anteproyecto de ley presupuestaria para el próximo ejercicio. Es un objetivo voluntarioso, cuyo logro parece entrañar una extraña dificultad, si bien, en esta ocasión se espera obtener resultados en el medio plazo, es decir, a mediados del año que viene. A tenor de la decisión de Hacienda de poner en marcha una gran unidad de control de grandes patrimonios, batalla a la que piensa asignar una primera dotación de 200 inspectores, queda demostrado que el Ejecutivo pretende reducir de forma apreciable la evasión fiscal. En principio, el objetivo de conseguir 830 millones más de ingresos en el próximo ejercicio por este concepto, parece muy afectado por el optimismo, quizá en la necesidad apremiante y urgente no sólo de recaudar más para cumplir los planes de gastar más, sino también, y desde este fin de semana pasado, de mostrar a Bruselas que la voluntad de recaudar es directamente proporcional a los gastos que se pretenden. En principio, la unidad de nueva creación, se fundamenta en que hay que controlar y perseguir las nuevas formas de evasión, y para lo que el anteproyecto de ley propone varias medidas de reforzamiento de control sobre el mercado de criptomonedas y los operadores de juego. Pero se establece también un objetivo de mayor recaudación por fraude fiscal, lo que para las grandes empresas supone todo un aviso para navegantes. Entienden que ahora Hacienda intensificará las inspecciones, lo que a su vez obliga a las compañías a redoblar sus defensas legales.
El Gobierno aborda los Presupuestos del próximo año como una batalla personal Y de la misma forma adopta uno de los principios de la filosofía estoica: hacer de la necesidad virtud que, traducido a la realidad equivale a la obligación de sacar ventaja de la coyuntura adversa. Muy adversa si se tiene en cuenta el complejo escenario político y el incierto horizonte económico. Con el permiso ya por escrito de Bruselas, España está autorizada a incumplir el objetivo de déficit público, para el presente y para el próximo ejercicio, los 84 diputados del partido en el Gobierno está obligado a un vía crucis singular, con una economía en fase de desaceleración y unos precios energéticos y del dinero al alza.

La fotografía del problema es tan sencilla como para el Gobierno es su solución: la subida de los impuestos, y sólo la subida, salvará los presupuestos (y con este el Gobierno). Luego se impone un combate `a muerte´ en el campo de batalla de los impuestos. En los dos últimos meses se han conocido las intenciones fiscales del Gobierno a través del continuo bombardeo de rumores sobre subidas del IRPF, Sociedades, etc. Se han `vendido´ al público general (empresas incluidas) los nuevos impuestos, de dice que "del siglo XXI".

Por si no fuera suficiente, España aspira a ser pionera en nuevos impuestos. Es el caso de la `tasa Google´, un gravamen indirecto dirigido a las grandes empresas por sus actividades digitales que Hacienda considera "escapan al actual marco fiscal". O el de las finanzas, aunque aquí ya menos pioneros (Francia e italia ya lo aplican) o `tasa Tobin´, impuesto indirecto que gravará las compras de acciones.

Por tanto, voluntad de recaudar sí, es evidente, pero no es suficiente según Bruselas, que se alinea con la opinión de numerosos expertos independientes, que estiman que ni las medidas son eficaces (nuevas tasas a la banca y las tecnológicas) ni lo hipotéticamente recaudado serviría para paliar algunos de los rotos que mantiene España, por ejemplo, en el caso del déficit de las pensiones y del sistema de protección de la Seguridad Social.

De igual forma que se cuestiona el deseo recaudador del Ejecutivo por la vía de nuevos impuestos -"del siglo XXI"- habría que valorar en sentido contrario y positivo, la intención de llevar a la práctica ideas que en su día no pasaron de sencillas propuestas de otros gobiernos y que ahora parece que sí llegarán a buen puerto. El anteproyecto de Ley presupuestaria contempla medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, un conjunto de medidas con el que se pretende mejorar la recaudación y por lo que se espera ingresar cerca de 850 millones de euros.

Pero a fin de cuentas, el sueño dorado de reducir el fraude fiscal debe cumplirse, no sólo por lo que implica como compromiso con Bruselas dentro del marco general de aumento de los ingresos, sino también por cuanto supone un logro administrativo que puede proyectar una buena imagen política. Y para ello se ha elegido a la gran empresa puesto que las deudas descubiertas suelen ser superiores en tamaño a las de las pymes. Un objetivo nada fácil si se tienen en cuenta que las grandes cuentas con fuertes defensas jurídicas pero que, a partir de ahora se reforzarán aún más.

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