edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
03/07/2020
Sin Presupuestos de crisis hasta 2021

La subida de impuestos obliga al Gobierno a garantizar compromisos con la sociedad

Sin margen fiscal, desbordado por la coyuntura y a la espera de conocer el volumen y los plazos de las ayudas europeas, el Ejecutivo, también sin Presupuestos, se enfrenta a la necesidad de ofrecer garantías de compromisos con la ciudadanía y las empresas
Juan José González
El Gobierno afirma que aún no ha comenzado a elaborar los presupuestos. Se refiere a los de 2021, por supuesto, una vez certificado que las cuentas para el presente son imposibles de acordar siquiera con los actuales apoyos de legislatura. Funciona el país con las cuentas heredadas, y ajustadas según la coyuntura a los problemas puntuales. En realidad no hay cifras; solamente disposiciones de crédito, gastos a discreción, dinero que sale de la caja. Es la dinámica similar a una caja al uso en las tiendas de ultramarinos de antaño. La contabilidad nacional se mueve hoy en términos caseros y con criterio de urgencia, y de conveniencia. Los empresarios no están muy preocupados: intuyen que la caja deberá esperar a las recargas europeas, el rescate millonario aún sin acuerdo que pretende ser el primer éxito de gestión de la nueva presidencia de la Unión Europea, este semestre a cargo de Alemania y su Canciller Angela Merkel como colofón y cierre a una carrera política que dejará huella. El Gobierno utiliza una coartada política para justificar la renuncia a la elaboración presupuestaria en la existencia de multitud de incógnitas. Por un lado, las internas, con una evidente imposibilidad de evaluar el impacto económico del golpe de la pandemia. Y por otro, la incertidumbre sobre el cuánto y el cuándo de las ayudas europeas.
Son las dos premisas que cualquier técnico de hacienda exigiría para construir unas cuentas medianamente adaptadas a las necesidades de un objetivo, hoy también incierto para un Gobierno que parece superado, desorientado y con un mínimo margen o colchón fiscal para lo que viene. No es nada nuevo el exiguo colchón fiscal del que dispone la Administración del Estado, tan escasa hoy de recursos para ofrecer a un Gobierno que deberá gastar tanto como obligado al ahorro.

El déficit de 2019 aumentó tres décimas cuando no era lo acordado con Bruselas. Y la deuda cerró ese ejercicio en el 95,5%, luego, el Gobierno ya era consciente -antes de la pandemia- que su margen para desarrollar las políticas comprometidas en su programa electoral, así como las obligaciones firmadas con sus socios de coalición, presionarían sobre la elaboración presupuestaria. Pero tras el golpe de la pandemia, está obligado a replantear proyectos, gastos y claro, las cuentas. De estas preocupan ahora no tanto los gastos, que serán superiores a lo previsto, como los ingresos. 

Antes, Hacienda deberá contar con la nueva estrategia del Ejecutivo, pues es obligado fijar una nueva regla de gasto así como una nueva senda de déficit y de deuda, ya que las fijadas en febrero pasado estaban calculadas en base a un crecimiento de la economía del 1,6% y claro, nada que ver con la realidad, con la "nueva normalidad". La realidad, la nueva, apunta a una carencia generalizada de recursos y prolongada en el tiempo, sin fecha. A la caja del Estado no llegarán 26.000 millones de euros de ingresos previstos, y para mayor desgracia de la misma los gastos de los ERTE se pueden disparar -según contempla el Programa de Estabilidad en poder de Bruselas- hasta los 30.000 millones, además de los nuevos gastos del Ingreso Mínimo Vital. En fin, sin margen fiscal ni tiempo hábil para presentar los Presupuestos antes del 1 de octubre (fecha legal límite) el Ejecutivo tendrá que inventarse una nueva estrategia.

La opinión generalizada apunta a que el Gobierno se  encuentra en un callejón sin salida. El estado de las cuentas ya ha comenzado a reflejar los problemas con caídas de ingresos en el primer semestre. A lo que hay que añadir la presión de las cifras y de las opiniones de instituciones expertas como la más reciente del Banco de España. Del callejón sin salida pretende el Ejecutivo salir (además de la ayuda de Bruselas) con un reajuste de impuestos, algo para lo que no sólo deberá contar con el consenso político sino que, además, deberá ser justificado y explicado de forma convincente a la ciudadanía.

La sociedad, a falta de una cita con las urnas, sólo parece estar en posición de exigir responsabilidad. Y en esta pedir que el Ejecutivo establezca un plazo de compromiso para la reducción del endeudamiento público. Que invierta (y gaste) en sanidad y educación; que realice reformas en el ámbito del Pacto de Toledo, del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad. La ciudadanía y las empresas sufren la ineficacia y lentitud de la Administración Pública del Estado, luego debe introducir las reformas necesarias para corregirlas. Y, finalmente, y también en el ámbito de las Administraciones auditar procesos de gasto, de control de trabajo, eliminar burocracia, austeridad en el trabajo administrativo y político de los ministerios. En suma, el Gobierno deberá justificar a la ciudadanía las subidas inevitables de los impuestos.

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