edición: 2558 , Jueves, 20 septiembre 2018
12/04/2018

La UE prepara una directiva para planes de pensiones privados paneuropeos para este verano

La Coordinadora de pensionistas rechaza la propuesta y convoca a una nueva movilización el 16
Carlos Schwartz
La Coordinadora estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca el próximo lunes a una nueva movilización nacional en rechazo de un Reglamento que la Unión Europea espera tener aprobado a principios del verano, posiblemente en junio. El proyecto de una legislación homogénea para un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP, por sus siglas en inglés) ha seguido un largo proceso de maduración como iniciativa de la Comisión Europea y ha contado con el apoyo del Consejo Europeo y de la mayoría del Parlamento Europeo. El proyecto concentra todos los conceptos liberales que imperan en las estructuras de gobierno de la Unión y que inspiran a la mayoría de los gobiernos que forman parte de la misma aunque no suponen planes obligatorios sino una opción alternativa voluntaria. La Coordinadora considera que el proyecto es un avance claro de las fuerzas que se oponen a la defensa de los sistemas de pensiones públicas y se opone porque las homogeneización de una legislación paneuropea de pensiones privadas constituye una declaración explícita en favor de estos sistemas y una presión sobre los Gobiernos para que faciliten e incentiven el desarrollo de los planes privados de pensiones y se apoyen en ellos para retacear el apoyo a las pensiones estatales. 
Pero el proyecto de la Comisión Europea va bastante más allá que este objetivo. Mientras, el argumento central del proyecto es que la base de población trabajadora se reduce por relación al incremento de la población en edad de jubilarse. Los cálculos de la Comisión y su argumento esencial afirman que en la actualidad la proporción entre la población de 65 o más años respecto de la población entre los 15 y los 64 años es del 31,4% mientras que en el 2060 se espera que esta relación sea del 56,8%. El argumento para este cambio en la relación es el incremento de las expectativas de vida por los progresos científicos y médicos y por el otro lado la caída de la tasa de fertilidad con un menor índice de natalidad. La pregunta que este escenario escamotea es quiénes se supone que van a constituir las fuerzas laborales necesarias para que la maquinaria productiva se mantenga en marcha en el 2060.

La realidad es que la propia UE señala al respecto que se trata de una estimación que no tiene en cuenta factores decisivos a la hora de dicho cálculo. Los flujos migratorios, el retraso creciente en la edad de solicitud de pensiones, la posibilidad del desarrollo de políticas destinadas al incentivo de la natalidad, y como un aspecto clave la generación de políticas activas de empleo en la medida que de nada sirve tener una significativa población en edad de trabajar si esta no consigue empleo, un elemento clave en España a la hora de analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. 

La cuestión central para la UE es la fuerte presión de dos corrientes esenciales. De un lado los intereses empresariales reticentes de forma creciente a las contribuciones por cuotas sociales a los sistemas públicos de pensiones. Del otro, los intereses de la industria financiera para la cual la mera existencia de los sistemas públicos de pensiones constituyen una seria competencia y los PEPP un brillante negocio carente de riesgo. Todos los argumentos de la Comisión Europea se encaminan a la necesidad de aumentar la edad de jubilación de la población activa de un lado y a la de reducir la cuantía de las pensiones como proporción de los ingresos salariales de la población activa. 

En este último punto la CE en realidad lo que busca es reducir la presión sobre los presupuestos públicos del compromiso esencial de la sociedad del bienestar: garantizar unas pensiones dignas a la población con el argumento de que este objetivo se torna crecientemente insostenible. Con prescindencia de un factor fundamental: la existencia de las contribuciones por parte de trabajadores y empleadores durante la vida laboral. En este contexto va de suyo que en materia de ”productos paneuropeos de pensiones individuales” las empresas no estarán obligadas a efectuar contribuciones de ningún tipo complementarias de los aportes de sus empleados. No se trata de Planes Privados de Empresa.

El proyecto de Reglamento hace una historia del intento de establecer los PEPP, y curiosamente ésta arranca de la necesidad de crear un mercado financiero único y el papel que la masa de dinero acumulada en estos productos de pensiones podría jugar como activos de inversión de largo plazo. Según se afirmaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015, «cabría prever una pensión individual europea, de carácter facultativo, como modelo reglamentario basado en un nivel adecuado de protección del consumidor y que podrían utilizar los proveedores de pensiones cuando ofrecieran sus productos en toda la UE. 

Un mercado de pensiones europeo de "tercer pilar" de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversores institucionales y la inversión en la economía real». Se trata en este sentido de crear un mercado de capitales de muy largo plazo que tendería por naturaleza a invertirse en proyectos con similares periodos de maduración como los proyectos de infraestructuras.

El reglamento afirma que “Desde el punto de vista de los promotores, la propuesta pretende permitir a una amplia gama de promotores (bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión) ofrecer PEPP y garantizar unas condiciones de competencia equitativas. Los PEPP podrían ofrecerse en línea, incluido el asesoramiento, y no requerirían una red de sucursales, facilitando el acceso al mercado. Las normas en materia de pasaporte ayudarán a los promotores a introducirse en nuevos mercados nacionales. 

La normalización de los elementos clave debería reducir también los costes de los promotores y ayudarles a agrupar las contribuciones de los distintos mercados nacionales, con el fin de canalizar activos hacia inversiones a escala de la UE”. Desde luego el Reglamento propone que el trato fiscal de los PEPP se homologue a los de los Planes de Pensiones Privados en cada país de la UE. En la medida que los planes de pensiones suponen un ingreso plano para sus gestores, que es un porcentaje sobre la masa de dinero en gestión, este es un negocio redondo para todos los promotores implicados. No asumen riesgo por el rendimiento de los planes y cobran por disponer a su servicio de una inmensa masa de dinero que la CE espera que se sume al mercado único de capitales europeo.

La historia reciente de los planes de pensiones privados no es satisfactoria en condiciones de crisis económica y financiera. En este sentido los ejemplos de Argentina y Chile son flagrantes. Mientras tanto el modelo al que pretende migrar la UE es el de pensiones públicas decrecientes con menor presión sobre los presupuestos públicos de los estados miembros y una reducción de cargas sociales sobre las empresas con el argumento de que los sistemas públicos de pensiones no son sostenibles. Lo que cabe preguntarse realmente es si un sistema económico que para su supervivencia tiene que reducir las pensiones públicas es sostenible. 

En España la reducción y bonificaciones de las cuotas sociales de las empresas de un lado, los bajos salarios de los trabajadores sometidos a una devaluación interna feroz que redujo los aportes previsionales, y las altas tasas de paro son el principal motivo para la caída de los ingresos de la Seguridad Social. Esto es reversible porque depende de la política económica del Gobierno, lo cual quiere decir que lo insostenible es esa política económica.

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