edición: 3100 , Miércoles, 2 diciembre 2020
05/04/2018

La vertiginosa caída de una fintech cuestiona los mecanismos de control de los mercados y reguladores

La errónea inclusión de Longfin en el índice Rusell provoca pérdidas a una infinidad de fondos
Carlos Schwartz
La fintech Longfin inició su cotización en diciembre en el NASDAQ de Nuevas York utilizando para ello una serie de beneficios otorgados a las pequeñas y medianas empresas para su salida al mercado mediante una legislación de 2012. Condiciones menos estrictas en materia de transparencia y de detalles contables forman parte de esta regulación 'light' para alentar la entrada en la bolsa de valores de empresas que necesitan capital para su desarrollo incipiente. La legislación es parte del andamiaje jurídico post crisis conocido como Reg A+ y fue pensada para apalancar el desarrollo de empresas innovadoras. La empresa obtuvo en su oferta pública inicial 5,7 millones de dólares y el precio de sus acciones se multiplicó casi por 13 tras anunciar la adquisición de otra empresa, Ziddu.com que supuestamente cuenta con tecnología de cadena de bloques y se dedica a emitir una criptomoneda atada al bitcoin y al ethereum. Pero la turbulenta historia de Longfin desde su creación en febrero de 2017 cuenta con hechos como la dimisión del consejero delegado y del director financiero poco antes de la salida a bolsa de la empresa y ahora una investigación por la Securities and Exchange Commission, el regulador de los mercados en Estados Unidos. 
La empresa, como muchas del sector de las fintech o de las 'start up' tecnológicas tiene su sede en Singapur, destino de algunos conocidos emprendedores españoles embarcados en proyectos tecnológico-financieros. El precio de las acciones inició su caída a finales de la pasada semana y en seis días perdió un 85% de su valor. El lunes la empresa reconoció que era objeto de una investigación por parte de la SEC. 

La introducción de condiciones menos duras para la salida a bolsa de las pequeñas y medianas empresas ha sido considerada en general como “una forma de alentar el desarrollo de empresas con un alto contenido innovador pero con escasos recursos” de acuerdo con una fuente del mercado, que sin embargo señala que “lo que se debe evitar a cualquier coste es que los filtros necesarios fracasen. Y en este caso han fracasado los mercados, el regulador y los índices”.

Las ofertas iniciales hechas al amparo de la Reg A+ han permitido obtener recursos por 400 millones de dólares desde 2015 hasta diciembre pasado de acuerdo con la consultora Audit Analytics. Sólo 40 de entre
290 empresas lograron pasar los filtros y las que hicieron una oferta inicial fueron aun menos, y es de señalar que la mayoría de las empresas carecía de beneficios. Longfin es una de las 10 mini ofertas iniciales hechas en las bolsas estadounidenses utilizando las disposiciones de la Reg A+ y la única que cotiza por encima de su precio de salida de acuerdo con el proveedor de información Dealogic. 

Las acciones de Longfin cayeron un 30% el martes y la empresa anunció que si no logra recomponer su capital podría suspender sus operaciones. No hay detalles sobre la naturaleza de la investigación de la SEC salvo que analiza la oferta inicial y la adquisición de Ziddu, pero el lunes se filtraron informaciones sobre irregularidades en el proceso de admisión por consentimiento de las autoridades de la bolsa y de la SEC entre ellas la admisión de una auditoría que podría no cumplir con los requisitos exigibles. 

Mientras la vertiginosa caída del valor de las acciones de Longfin continuaba varios grupos de inversión sufrían severas pérdidas por la inclusión del valor en el índice FTSE Rusell 2000 y 3000 de pequeñas y medianas empresas, el más prestigioso para este tipo de inversión, anunciado el 14 de febrero con efecto al 22 de marzo. Los fondos de BlackRock solo habrían perdido en torno a 8 millones de dólares. 

Cálculos independientes cifran las pérdidas de varios fondos en no menos de 12 millones de dólares. BlackRock tras la admisión de Longfin en el Rusell adquirió la mayoría de las acciones de la empresa disponibles en el mercado. El 28 de marzo FTSE Rusell anunció que se había equivocado al admitir a Longfin porque la empresa no cumplía uno de los requisitos del índice, un 'free float' disponible de no menos del 5%. La disponibilidad era menor del 2% afirmó el índice. La inclusión original del valor en el índice hizo saltar su precio de 31 dólares por acción a 71 dólares. El martes cotizaba a 14 dólares. De momento los grandes fondos mantienen silencio sobre las pérdidas que sufrieron.

El jefe de la oficina de información pública del estado de Massachusetts, William Galvin, puso el dedo en la llaga al señalar que este tipo de incidentes tiene una inmensa proyección porque los mercados regulados atraen a pequeños inversores con escasa formación financiera y que un incidente de este tipo puede ocasionar severas pérdidas a inversores individuales sin formación financiera. Galvin señaló que en las operaciones de capital privadas intervienen financieros e inversores institucionales que constituyen el principal soporte de las 'start up' a escala global. 

Dar acceso a las empresas a un mercado regulado con presencia de inversores particulares supone un riesgo que debe ser controlado de forma minuciosa por los mercados y sus reguladores, señaló el funcionario. El año pasado las 'start-up' levantaron capital por importe de 2,5 billones de dólares mediante colocaciones privadas de acciones entre inversores institucionales, en su mayoría grandes fondos de capital privado. Ha sido de esta forma que Telegram obtuvo 850 millones de dólares en una oferta inicial para el desarrollo de una criptomoneda del mes pasado. “A las ofertas privadas acuden los inversores profesionales, incluidas las empresas de capital riesgo y por ello son un riesgo muy controlado”, señaló una fuente de un fondo de capital de riesgo, quien añadió “no es el caso de Longfin, esto va a hacer daño al mecanismo diseñado para la capitalización de empresas innovadoras”.

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