edición: 2784 , Lunes, 19 agosto 2019
22/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Legislación concursal: después de la enésima reforma, llega la normativa de la UE

Xavier Gil Pecharromán
Es la enésima reforma de la legislación concursal española desde 2003. Sin embargo, esta vez la norma nos llega de Bruselas.
El Diario oficial de la Unión Europea publicaba el pasado 5 de junio, el nuevo texto refundido del Reglamento sobre insolvencia, que entrará en vigor el próximo viernes, aunque no será aplicable obligatoriamente por los Veintiocho a partir del 26 de junio de 2017. Como en la mayoría de las legislaciones estatales, la nueva normativa persigue evitar la insolvencia del deudor o el cese de su actividad.

El nuevo Reglamento incluye disposiciones que regulan la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de acciones que se deriven directamente de dichos procedimientos y guarden una estrecha vinculación con ellos. Pero, no solo se regula el concurso de grupos de sociedades, sino el nuevo sistema de interconexión de registros nacionales de insolvencia. Quedan excluidas las empresas de seguros; entidades de crédito; empresas de inversión y otras empresas y entidades en la medida en que se incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/24/CE, ni a los organismos de inversión colectiva.

Se aplicará a los procedimientos colectivos públicos, incluidos los provisionales, regulados en la legislación en materia de insolvencia y en los que, a efectos de rescate, reestructuración de la deuda, reorganización o liquidación, se nombre a un administrador concursal, los bienes y negocios de un deudor se sometan a control o supervisión judicial, o un juez acuerde, o se establezca por ministerio de la ley, una suspensión temporal de los procedimientos de ejecución individual para facilitar las negociaciones entre el deudor y sus acreedores,

Un apartado fundamental es la tutela de los terceros de buena fe y de los titulares de derechos y garantías reales sobre bienes inscribibles en registros nacionales y la inscribibilidad de los administradores concursales nombrados en procedimientos abiertos por tribunales extranjeros que son objeto de reconocimiento sin ningún tipo de ‘exequatur’.

Cuando el Derecho del Estado miembro en el que esté situado un establecimiento del deudor, y este establecimiento esté inscrito en un registro público de dicho Estado miembro, o el Derecho del Estado miembro en el que esté situado un bien inmueble perteneciente al deudor, exija que la información sobre la apertura de un procedimiento de insolvencia se publique en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro público, el administrador concursal o el deudor no desapoderado de todas las medidas necesarias para asegurar que se practica dicha inscripción.

Asimismo, el presente Reglamento contiene disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos procedimientos, así como disposiciones relativas a la ley aplicable a los procedimientos de insolvencia. Adicionalmente, el presente Reglamento debe establecer normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a varios miembros de un mismo grupo de sociedades.

El ámbito de aplicación del presente Reglamento se amplía a los procedimientos que promueven el rescate de empresas viables económicamente a pesar de estar en dificultades, y que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios. En particular, se amplía a los procedimientos que estén dirigidos a la reestructuración de un deudor en una fase en la que la insolvencia es solo una probabilidad, o que permitan al deudor conservar el control total o parcial de sus bienes y negocios.

Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor (‘procedimiento de insolvencia principal’).

El centro de intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual y reconocible por terceros la administración de sus intereses. Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. Esta presunción solo será aplicable si el domicilio social no ha sido trasladado a otro Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia.

Respecto de los particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional independiente, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, su centro principal de actividad. Esta presunción solo será aplicable si el centro principal de actividad de la persona en cuestión no ha sido trasladado a otro Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia.

En el caso de otros particulares, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de residencia habitual de dicho particular. Esta presunción solo será aplicable si la residencia habitual no ha sido trasladada a otro Estado miembro en los seis meses anteriores a la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia.
Cuando el centro de intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro solo serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese deudor si este posee un establecimiento en el territorio de este otro Estado miembro. Los efectos de dicho procedimiento se limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro.

Cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia, cualquier otro procedimiento de sobre el mismo asunto que se abra con posterioridad será un procedimiento de insolvencia secundario. Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor (‘procedimiento de insolvencia principal’).

Un procedimiento de insolvencia territorial solo podrá abrirse con anterioridad a un procedimiento de insolvencia principal cuando no pueda abrirse un procedimiento de insolvencia principal debido a las condiciones establecidas por la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el centro de intereses principales del deudor.

También, cuando la apertura del procedimiento de insolvencia territorial sea solicitada por: i) un acreedor cuyo crédito tenga su origen en la explotación de un establecimiento situado dentro del territorio del Estado miembro en el que se ha solicitado la apertura del procedimiento territorial o cuyo crédito esté relacionado con dicha explotación, Y, finalmente, en aquellos casos en que una autoridad pública que, de conformidad con la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el establecimiento, esté facultada para solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia.

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