edición: 2365 , Viernes, 15 diciembre 2017
04/12/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

LES, una mera declaración de buenas intenciones

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
Detrás de las muchas polémicas y controversias suscitadas por la crisis, encontramos una idea que, felizmente, parece contar con una adhesión unánime: el patrón de crecimiento de la economía española, aquel que nos permitió alcanzar niveles históricos de prosperidad, es hoy un modelo agotado, caduco y, por tanto, necesitado de una urgente y radical transformación. El consenso va incluso más allá, puesto que, al margen de las etiquetas que cada cual quiera ponerle, hay coincidencia en señalar que la alternativa deseada es la de una economía basada en el conocimiento y, consecuentemente, en el capital humano. Una economía moderna, competitiva y flexible, con la que encarar los retos y oportunidades de un entorno más global, más dinámico y más complejo que nunca. Pero el acuerdo termina ahí y las discrepancias se multiplican cuando se aborda el tema que resulta más delicado desde el punto de vista político. A saber, qué medidas adoptar y cómo implementarlas para lograr el ansiado cambio de modelo.

Desde el Gobierno se ha entendido que la renovación podrá lograrse, o al menos iniciarse, mediante la promulgación y entrada en vigor de una sola ley, la reciente y ya famosa Ley de Economía Sostenible. Ese es, por varias razones, un planteamiento cuando menos erróneo. Primero, porque la ley no deja de ser, en el mejor de los casos, una mera declaración de buenas intenciones o un listado de objetivos. Segundo, porque ni a éste ni a ningún otro gobierno le compete la tarea de determinar qué sectores y actividades económicas configurarán el modelo productivo de un país.

Una ley no puede ni debe aspirar a la transformación radical del patrón competitivo de una economía tan compleja e importante como la española. Nuestro modelo económico lo ha de construir la sociedad española, no el Gobierno. El papel que corresponde al poder ejecutivo no es otro que establecer unas buenas reglas del juego y velar por su cumplimiento, permitiendo que, dentro de ese marco normativo, los agentes económicos respondan con libertad a los incentivos existentes para así ser los auténticos timoneles del cambio. En esa difícil y valiosa tarea, el Gobierno debe actuar con transparencia para transmitir la necesaria confianza y facilitar la estabilidad.

El Círculo de Empresarios se ha manifestado en numerosas ocasiones al respecto, señalando la urgente necesidad de reformas estructurales que, a partir de un plan coherente, hagan de nuestros mercados un mecanismo más eficiente de asignación de los recursos y creación de riqueza. Se trata de establecer las condiciones para que la iniciativa privada descubra y desarrolle en España procesos más productivos, generadores de empleo y de mayor valor añadido.

Sin ser exhaustivos hay que señalar las reformas de la educación, del mercado de trabajo y de la regulación de los mercados como prioritarias. Aunque otras podrían incorporarse a la lista, como la del mix energético o la de la financiación autonómica.

En el espíritu y en los objetivos de tales reformas debe tenerse muy en cuenta el papel de los empresarios. Conviene recordar una verdad que, desafortunadamente, se obvia a menudo en el debate político: una economía es competitiva en la medida en que lo son sus empresas -también sus trabajadores-. Son las empresas las que crean empleo. Son las empresas las que canalizan el potencial de los trabajadores hacia ganancias de productividad y, por ende, hacia el crecimiento económico y de bienestar para el conjunto de la sociedad. Y sin empresarios, sin personas emprendedoras capaces de asumir riesgos, no hay empresas, no hay empleo y no hay prosperidad.

Sea cual sea el modelo exacto resultante de las reformas, el espíritu y la iniciativa de los empresarios se antojan esenciales no sólo en la superación de la crisis, sino sobre todo en la capacidad de nuestra economía para instalarse en la senda de un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo.

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