edición: 2470 , Lunes, 21 mayo 2018
19/02/2015
LA OREJA DE LARRAZ

La futura Ley de Auditoría incluye nuevas restricciones para mantener la independencia del auditor

Javier Ardalán
La nueva Ley de Auditoría, cuyo proyecto ha sido aprobado en el último Consejo de Ministros, reduce a un año el periodo para las prohibiciones impuestas con posterioridad a la finalización del trabajo de auditoría, al objeto de evitar que en la realización del trabajo se presenten situaciones que supongan un riesgo o una amenaza a la independencia por la existencia de compromisos o expectativas futuras que puedan comprometer la objetividad del auditor. Únicamente se mantiene el periodo de prohibición de dos años para el caso de auditores de entidades de interés público.
La futura Ley incluye nuevas restricciones para mantener la independencia de estos profesionales, incluidas en la Directiva 2014/56/UE, muchas de ellas parecen absolutamente obvias, como la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que cualquier persona, no solo el auditor, que pueda influir en el resultado de la auditoría se abstenga de participar en el proceso de toma de decisiones de la entidad.

También se prohíbe que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría tome medidas para evitar conflictos de interés o de relación comercial u otra clase, directas o indirectas, reales o potenciales, que puedan comprometer su independencia.

El auditor de cuentas o sociedad de auditoría, su personal o quien le preste servicios en el ejercicio de la actividad de auditoría, y determinados parientes, no pueden poseer interés significativo directo ni realicen determinadas operaciones con instrumentos financieros de la entidad auditada.

Estas personas no deben participar en la auditoría si poseen instrumentos financieros de la auditada o tienen algún interés o relación comercial o financiera con la misma.

Y finalmente, recoge determinadas exigencias en relación con los regalos, situaciones sobrevenidas que afecten a la entidad auditada y prohibiciones posteriores, y con el periodo mínimo durante el cual la obligación de independencia debe observarse. Por todo ello, y consecuentemente con la finalidad expresada de reforzar la independencia, el régimen contenido en la nueva directiva va más allá de un enfoque de principios.

La futura Ley trata de elevar los estándares de independencia, pero además, obliga a evaluar las amenazas a la independencia y en su caso aplicar salvaguardas para atenuar aquellas (autorrevisión, abogacía, interés propio, familiaridad o confianza o intimidación) que pudieran comprometer la independencia y en su caso abstenerse de realizar la auditoría.

Igualmente, sigue obligando a cada Estado miembro a asegurar que el auditor de cuentas no realice una auditoría en relación a una entidad auditada cuando existan relaciones financieras, comerciales, laborales o de otro tipo de tal importancia que comprometa la independencia del auditor. La nueva redacción sigue obligando a que el auditor considere el entorno de red en que opera a los efectos de observar su independencia.

La norma establece que debe emitirse un informe de auditoría cuyo contenido es mucho más amplio que el previsto con carácter general, exigiéndose en el Reglamento de la Unión Europea información sobre la independencia y sobre su capacidad para detectar irregularidades, incluidas las debidas a fraude.

En segundo lugar, estos auditores deben publicar el informe anual de transparencia, respecto al cual el citado Reglamento de la Unión Europea incorpora determinada información financiera sobre sus ingresos y desglose, cuyo criterio se determina en esta ley, y los de la red auditora.

Por opción se exige que se publique de forma separada al de la red a la que pudiera pertenecer en aras de alcanzar una mayor transparencia y evitar cualquier confusión, sin perjuicio del contenido que adicionalmente podrá desarrollarse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

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