edición: 2306 , Martes, 19 septiembre 2017
10/01/2013

Licitadores de rehabilitación de carreteras, navieras y asociaciones gasistas, principales sancionados por Competencia

Javier Ardalán
Las multas impuestas por el Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) por infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia  ascienden a 242,6 millones de euros en el periodo  y la sanción más alta se impuso en el expediente sancionador a Navieras Baleares, por importe de 54 millones de euros, por mantener un cártel de larga duración.

La CNC recaudó en los ocho primeros meses de 2012 un total de 23,6 millones de euros por multas, cifra que es un 44% superior a la obtenida en todo 2011 (16,4 millones) y multiplica por seis la recaudada en 2008 (4,1 millones) y 2009 (4,8 millones).

Se trata de una amplia labor de protección y sancionadora que la CNC ha reflejado su memoria de 2011-2012 con el extraño sabor de la desaparición, ya que actualmente se  tramita un Anteproyecto de Ley que supondrá una radical reforma organizativa de los organismos reguladores sectoriales y del supervisor de la competencia en nuestro país.

En octubre de 2011 el Consejo de la CNC impuso multas por valor de más de 47 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras. La colusión en las licitaciones o ‘bid rigging’ constituye una de las conductas anticompetitivas más graves.

En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes. Esta práctica supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo de obras de rehabilitación de carreteras.

La CNC impuso, en agosto de 2012, sendas sanciones a la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) y a la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP) por acordar en su seno y recomendar el precio de los servicios de inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de gas natural y GLP, el alta, enganche y verificación de instalaciones de dichas instalaciones y el Servicio de Atención de Urgencias.

En el seno primero de SEDIGAS y luego de la AOGLP las empresas distribuidoras acordaban los precios que se debía recomendar que fijaran a las Administraciones Autonómicas, la justificación de tales cifras, la necesidad de recomendar que se actualizaran anualmente, así como la forma en que se haría llegar esta información a las Comunidades Autónomas.

En 2012 la CNC ha interpuesto un recurso contra una norma estatal, la disposición final cuarta del Real Decreto 1623/2011 de 14 de noviembre, por el que se regulan los efectos de la entrada en funcionamiento del enlace entre el sistema eléctrico peninsular y el balear. La CNC considera que esta disposición restringe injustificadamente la competencia al modificar el procedimiento que ha de seguir la empresa eléctrica distribuidora de cada zona al recibir una solicitud de nueva acometida o nueva extensión de la red.

En su recurso, la CNC subraya que este obstáculo a la competencia, de carácter normativo, es de mayor gravedad aun que las posibles conductas individuales de diversas empresas distribuidoras que se venían produciendo con anterioridad al Real Decreto 1623/2011 y que la CNC ha sancionado repetidamente. Sólo en el ejercicio 2011- 2012 las empresas distribuidoras de electricidad han sido sancionadas por abuso de posición de dominio por esta causa con multas que superan los 18 millones de euros. El recurso ante el Tribunal Supremo está todavía pendiente de resolución.

En marzo de 2012, la CNC aprobó la operación de concentración por la que la Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA) adquiría el 100% del capital social de Chevron España SA (CHESA), tomando el control exclusivo de esta empresa. La autorización se subordinó al cumplimiento de una serie de compromisos propuestos por CEPSA que, en opinión de la CNC, eran suficientes para solucionar los problemas de competencia detectados como consecuencia de la concentración de ambas entidades.

Por su importancia, hay que señalar como un hito importante el análisis de la operación de concentración en el sector audiovisual español entre Antena 3 y La Sexta. Esta operación se produce después del análisis de la doble operación Telecinco/Cuatro y Prisa/ Telefónica/ Telecinco/  Digital +.

En el caso del sector público, el objetivo de la CNC ha sido conseguir la consideración por parte de las Administraciones Públicas del impacto sobre las condiciones de competencia a la hora de regular. Para ello ha publicado más de 70 informes sobre proyectos normativos, dos guías sobre regulación y ha hecho uso  de la legitimación activa para impugnar ante los tribunales determinadas normas.

En este periodo son los estudios sobre carburantes de automoción, sobre colegios profesionales y sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector agroalimentario. Además, la CNC ha realizado toda una serie de informes preceptivos sobre proyectos normativos en curso, ofreciendo a las administraciones propuestas de mejora y recomendaciones para evitar restricciones innecesarias. Merece la pena destacar, en tercer lugar, la repercusión del tercer Informe de Ayudas Públicas en el que se analizaban los convenios firmados por las Comunidades Autónomas con determinadas líneas aéreas para promocionar aeropuertos regionales.

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