edición: 2558 , Jueves, 20 septiembre 2018
08/06/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Llega la hora de unificar criterios entre los Veintiocho sobre los procedimientos de segunda oportunidad

Javier Ardalán
Las instituciones comunitarias ultiman estos días el texto de la Directiva del Parlamento y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, que modificará la Directiva 2012/30/UE.
El objetivo de la presente Directiva es eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la  libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de reestructuración preventiva, insolvencia y segunda oportunidad.

La Directiva pretende eliminar tales obstáculos logrando que las empresas viables que atraviesan dificultades financieras tengan un acceso efectivo a los marcos nacionales de reestructuración preventiva que les permitan seguir  operando; que los empresarios sobreendeudados honestos cuenten con una segunda oportunidad tras la plena condonación de sus deudas después de un período de tiempo razonable; y que se mejora la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y condonación, en particular con el fin de reducir su duración.

La calidad de los marcos de reestructuración e insolvencia de los Estados miembros afecta directamente a los porcentajes de recuperación de los acreedores. Los datos de que dispone el Banco Mundial indican que los porcentajes de recuperación en la UE varían entre el 30 % de Croacia y Rumanía, y el 90 % de Bélgica y Finlandia. Los porcentajes de recuperación son más altos en las economías en las que la reestructuración es el procedimiento de insolvencia más habitual.

En este tipo de economías, por término medio, los acreedores pueden esperar recuperar el 83% de sus créditos, frente a una media del 57% en los procedimientos de liquidación. Estos resultados reflejan factores económicos tales como la salud general de la economía y ponen de relieve la importancia de un marco de insolvencia general basado en unos pilares institucionales y culturales sólidos que le permita obtener unos mejores  resultados para la sociedad.

Los elementos de los procedimientos de reestructuración preventiva que afectan a su eficacia y, por consiguiente, al número de empresas rescatadas y a su viabilidad a largo plazo difieren considerablemente entre los diferentes Estados miembros. Por ejemplo, un marco eficaz debe exigir que una empresa en dificultades tenga acceso cuanto antes a la reestructuración preventiva. Sin embargo, en varios Estados miembros los deudores no pueden reestructurar sus deudas frente a sus acreedores antes de que sean declarados insolventes, o si lo hacen, deben asumir unas condiciones de acceso costosas o muy estrictas.

En muchos Estados miembros, los empresarios honrados que se encuentran en concurso de acreedores necesitan más de tres años para obtener una condonación de sus deudas y empezar de nuevo. La existencia de unos marcos ineficientes de segunda oportunidad supone que los empresarios queden atrapados en sus deudas o se vean empujados a la economía sumergida, o tengan que trasladarse a otras jurisdicciones para acceder a sistemas más favorables.

La reestructuración debe permitir que las empresas que atraviesan dificultades financieras continúen sus actividades en todo o en parte mediante la modificación de la composición, las condiciones o la estructura de los activos y del pasivo o de su estructura de capital, también mediante la venta de activos o de partes de la empresa. Los marcos de reestructuración preventiva permitirán a las empresas reestructurarse en una fase inicial y evitar la insolvencia.

La Directiva busca reducir las diferencias que obstaculizan la reestructuración temprana de empresas viables con dificultades financieras y la posibilidad de una segunda oportunidad para los empresarios honrados. De este modo, se aportará una mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad en la Unión. Además, maximizan las ventajas a todo tipo de acreedores e inversores y fomentar la inversión transfronteriza. Una mayor coherencia también facilitará la reestructuración de los grupos de empresas, independientemente de la ubicación en la Unión de las empresas que los constituyen.

El Parlamento y el Consejo europeos  prevén que las pymes se beneficiarán de un enfoque más coherente a nivel de la Unión, ya que no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a los altos costes de reestructuración y aprovechar los procedimientos de reestructuración más eficientes de algunos Estados miembros.

Las pymes, especialmente cuando se enfrentan a dificultades financieras, a menudo no disponen de los recursos necesarios para recurrir a asesoramiento profesional, por lo que conviene crear herramientas de alerta que avisen a los deudores de la urgencia de actuar.

 Con el fin de ayudar a dichas empresas a reestructurar a bajo coste, deben desarrollarse también, a nivel nacional, modelos de planes de reestructuración que podrán consultarse en línea. El deudor debe tener la posibilidad de utilizarlos y adaptarlos a sus propias necesidades y a las especificidades de su empresa.

El marco de reestructuración debe estar a disposición de los deudores para que puedan hacer frente a sus dificultades financieras en una fase temprana, cuando resulta posible prevenir su insolvencia y garantizar la continuación de las actividades empresariales.

Además, debe estar disponible antes de que un deudor se  encuentre en situación de insolvencia con arreglo a la legislación nacional, es decir, antes de que el deudor cumpla las condiciones para entrar en un procedimiento colectivo de insolvencia que implica normalmente un total desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un síndico.

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