edición: 2848 , Lunes, 18 noviembre 2019
09/07/2010

Los accionistas minoritarios españoles instan a PT y Telefónica a negociar de forma inmediata

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) instó ayer a los consejos de administración de Portugal Telecom (PT) y Telefónica a abrir "de forma inmediata" una "vía de diálogo y negociación" para encontrar una solución en relación al control de Vivo.

Tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que declaró hoy ilegal la acción de oro con la que el Gobierno portugués veto la compra de Telefónica del 30% de Vivo en manos de PT, Aemec indicó que, con independencia de la obligación del Estado luso de acatar la ley, los grupos deberían negociar para "reconducir la situación" y respectar los términos de la oferta de la firma española, respaldada por un 74% de los accionistas del operador portugués.

La asociación amenazó además con emprender acciones judiciales de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno luso y el consejo de administración de PT si, finalmente, no prospera la vía del diálogo entre los grupos, socios al 50% en el holding que controla el 60% de Vivo, Brasilcel.

Estas medidas irían encaminadas a "resarcir" a los pequeños accionistas de los "perjuicios económicos" que les ha causado la decisión el Estado portugués, explicó la asociación.

Asimismo, Aemec mostró su satisfacción con la sentencia de las autoridades comunitarias, que constituye un "importante hito" en la defensa de los intereses de los pequeños inversores y accionistas de los distintos países de la UE, y explicó que el fallo pone de relieve que la influencia del Gobierno luso sobre la gestión de PT no está justificada por "la magnitud" de la participación que mantiene y que puede "disuadir" a los operadores de otros estados miembros de efectuar inversiones directas.

Por ello, una "eventual negativa" por parte del Estado a aprobar una decisión importante para la sociedad puede pesar sobre el valor de sus acciones y, por lo tanto, disuadir a los accionistas de invertir, lo que constituye una restricción a la libre circulación de capitales, añadió Aemec.

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