edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
27/05/2013
Nueva vuelta de tuerca judicial a la reforma laboral

Los acuerdos con un centro de trabajo en un despido colectivo son extensibles a otros

Xavier Gil Pecharromán

Nueva vuelta de tuerca en la interpretación de los jueces a la reforma laboral:  una sociedad con dos centros de trabajo distintos no puede despedir más trabajadores de uno de ellos, con quien no llegó a acuerdos, que del segundo, con cuyo comité de empresa sí lo hizo, si las circunstancias económicas son similares.

La ponente, la magistrada María Jesús García Hernández, sentencia que las propuestas de la empresa realizadas en el periodo de consultas, aun no siendo aceptadas, ni ser vinculantes a su término, si que constituyen un importante dato a valorar por los tribunales.

De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declara nulos 9 despidos en una sentencia de 26 de febrero de 2013, que son los que superan los 15 despidos acordados con el centro de trabajo de Tenerife de una sociedad pública, donde se firmó un acuerdo, sobre los 24 de Las Palmas, donde no se llegó a pacto alguno.

La sentencia destaca que el Comité Intercentros, al que se había delegado la capacidad negociadora, tenía dos posiciones diferenciadas y no aunadas. Por un lado, estaba la voluntad negociadora real de los miembros de Santa Cruz de Tenerife, frente al inmovilismo de los de Las Palmas. Diferencias que se trasladaron a cada uno de los Comités de Empresa, de tal forma que se alcanzó el acuerdo del ERE en los centros de Santa Cruz de Tenerife y no en los de Las Palmas.

García Hernández, considera que la extinción de 24 contratos en la provincia de Las Palmas no es una mejora ni puede ofrecerse como tal, pese a que así resulte de una comparativa con la posición de partida (38 extinciones en la provincia), posición que considera táctica a efectos de negociar.

Por el contrario, la magistrada entiende que el despido de 24 trabajadores en la provincia de Las Palmas, supone un retroceso en relación a la oferta final (15 extinciones en Tenerife), un empeoramiento que sienta unas diferencias que tilda de "irrazonables e injustificadas entre sus trabajadores".

Las tacha de irrazonables, porque al afectar las causas objetivas, productiva y económica, a la Empresa en su conjunto, las medidas que se adopten han de ser homogéneas (aunque proporcionales) para todo su personal.

Y las llama Injustificadas, al no aparecer acompañadas de ninguna modificación sobre los parámetros y magnitudes económicas en los que desde el inicio la empresa hacía descansar su determinación de despedir.

Por ello, determina que la decisión final al ser irrazonable constituye una especie de sanción a los trabajadores ocupados en Las Palmas por no alcanzar acuerdo en la negociación, al tiempo que concluye que "la plantilla está sobredimensionada, pero la decisión de extinguir 24 contratos en Las Palmas es desproporcionada una vez reconocido por la propia empresa en la negociación con los trabajadores de Tenerife.

Consecuentemente, aunque la sentencia falla que la plantilla está sobredimensionada, solo la decisión de extinguir 15 puestos de trabajo en Las Palmas con idéntica medidas de acompañamiento a las acordadas en Santa Cruz de Tenerife, se estima ajustada a derecho.
 Si en Santa Cruz de Tenerife, a través de medidas de acompañamiento, se logró salvar 16 puestos de trabajo inicialmente avocados a su extinción, la decisión empresarial, para ser razonable, ha de otorgar idéntico tratamiento a Las Palmas, al ser idénticas las circunstancias.

La resolución judicial recoge una amplia doctrina respecto a la obligación de negociar de buena fe, no de medios sino de resultados. Por ello, la magistrada defiende que "es oportuno recordar que la obligación de negociar de buena fe es una obligación no de medios sino de resultado, por lo que no exige el logro de un acuerdo".

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