edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
25/09/2012
Fondos y bancos de negocios maniobran para no perder su posición de privilegio como intermediarios

Los acuerdos de información y doble imposición de España con varios paraísos fiscales están congelados

Paraisos fiscales en el Caribe
Carlos Schwartz

Una serie de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición y fijar las condiciones de información con una serie de países calificados como paraísos fiscales por la hacienda española están congelados. La negociación de los acuerdos con España la lleva adelante el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en representación de siete de los ocho países en cuestión, en su mayoría ex colonias o miembros del Commonwealth. Este retraso en la tramitación ha sido vinculado por fuentes de medios financieros con los intereses de la industria de la gestión de fondos de inversión con sede en Londres. La City es el mayor centro desde donde operan esos gestores en Europa. Se trata tanto de gestoras independientes como gestoras subsidiarias de grandes bancos de negocios.

La cuestión central es que las gestoras con sede en Londres cargan honorarios para hacer la representación de los fondos establecidos en paraísos fiscales lo que les ahorra a dichos fondos una retención fiscal del 21% sobre las plusvalías, sin derecho a compensación con las minusvalías, que se les aplicaría si intervinieran directamente. Como las sociedades residentes en Reino Unido reciben trato de residentes en la Unión Europea la retención fiscal es reducida y se devuelve al sujeto retenido, quien se supone que paga en su lugar de residencia los impuestos correspondientes a las rentas del capital.

Como los que hacen de fachada no son los propietarios de las acciones, sino simplemente actúan por cuenta de terceros, esas rentas del capital no tributan. Esta es la razón por la cual pequeñas islas del caribe o del Canal de la Mancha tienen una inmensa cantidad de fondos de inversión domiciliados en sus territorios. El caso más espectacular es el de las Islas Caimán. En estas se concentra un 34% de la industria global de fondos de inversión. Le sigue los Estados Unidos con el 24% y Luxemburgo con el 10%, Irlanda con el 7%, Islas Vírgenes Británicas con el 6%, y Bermuda con el 3%.

Entre los convenios que han sido rubricados -es el protocolo de inicio del trámite-, pero que no han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque están a expensas de la firma definitiva y por lo tanto siguen en tramitación, figuran los de Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. El retraso se debe a dilaciones por parte de las autoridades del Reino Unido. El Ministerio de Exteriores británico, el Foreign Office, tiene un departamento -el UK Investment and Trade Department- con más de 2.000 empleados destinado a supervisar los acuerdos y tratados que están en el interés del país o, como en este caso, de retrasarlos.

El motivo es sencillo, la City representa una fuente de ingresos por servicios que además aporta de forma directa a la balanza de pagos porque supone un flujo de entrada de capitales en el país casi sin solución de continuidad. Esto convierte a la industria financiera asentada en Reino Unido en un interés estratégico del país. El sector contribuyó en 2010 al Producto Interior Bruto de Reino Unido con un 9% y supone un 12% de los ingresos fiscales del país.

Si Islas Caimán regularizara su situación frente a España firmando convenios de doble imposición o de información, según el caso, los fondos de inversión con sede en ese territorio podrían omitir el coste de operar a través de las gestoras y bancos de negocios establecidos en Londres, lo cual redundaría en beneficio de los intermediarios y operadores locales en el caso español. También beneficiaría a Bolsas y Mercados Españoles (BME) porque al abaratarse los costes habría mayor volumen en los mercados locales procedentes de esta fuente. Estas circunstancias explican que la tramitación de los acuerdos se encuentre virtualmente paralizada y no haya un horizonte claro para su aprobación definitiva.

Sin embargo, en el marco de los acuerdos del G20 de 2009 una de las maneras estipuladas para que los paraísos fiscales fuesen eliminados de las listas “negras y grises” consistía en que estos firmases al menos 12 acuerdos de intercambio de información. En mayo pasado un informe de la OCDE certificó que estos ocho territorios, y otros muchos están ya “regularizados”– junto a España – porque han implementado “tax standards” y por tanto no necesitan seguir firmando más acuerdos.

Ocurre que Islas Caimán ha mostrado sobradamente tener capacidad plena para firmar por sí acuerdos fiscales, cosa que ya ha hecho en muchos casos. Uno muy relevante es el que ha firmado con Reino Unido en 2009 de doble imposición e información en línea con las exigencias de la Directiva Europea de Fiscalidad sobre el Ahorro de 2004. Lo cual viene a demostrar que la intermediación del Reino Unido no tiene otro sentido que el de retrasar la firma. Basta recordar que el corazón de los ingresos de los grandes brokers es el préstamo de dinero para la compra apalancada de títulos y el préstamo de títulos para operaciones cortas, es decir de venta a plazo. El 90% de la industria del brokerage primario europeo está en Londres.

Mientras tanto la fiscalidad de los dividendos en Europa ha sido objeto de acciones legales por parte de fondos de inversión que se han visto sometidos a agravios comparativos en esta materia. La Corte Europea de Justicia ha fallado en contra de Francia en una acción por discriminación ya que en el país vecino la tributación de los dividendos por parte de los fondos de inversión es distinta para los franceses respecto de los no residentes. La Corte estima que la fiscalidad diferencial sobre los dividendos según la residencia del fondo coarta el libre movimiento de capitales en la Unión Europea. En este caso se trata de una disputa entre residentes dentro de la UE. De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas ese trato discriminatorio existe en otros países. La fuente mencionó a España, Alemania, Polonia y Bélgica como países con un trato diferenciado. En el caso de España, ICNreport no logró obtener un comentario de fuentes financieras que lo ratifique.

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