edición: 2556 , Martes, 18 septiembre 2018
22/06/2009
OBSERVATORIO FISCAL

Los acuerdos de valoración con la Administración tributaria

DATADIAR
Tras la entrada en vigor, el pasado 19 de febrero, de la nueva regulación sobre las operaciones vinculadas, las empresas deben elaborar información detallada y exhaustiva sobre las transacciones realizadas dentro del grupo de empresas. El tipo de documentación exigible dependerá del tipo de operaciones realizadas así como también del tipo de entidades y personas físicas que participen en las mismas, con distintos niveles de exigencia documental.

El precio de adquisición por el cual han de registrarse contablemente estas operaciones debe corresponderse con el importe que sería acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre competencia, entendiendo por el mismo el valor de mercado, si existe un mercado representativo o, en su defecto, el derivado de aplicar determinados modelos y técnicas de general aceptación y en armonía con el principio de prudencia.

Para realizar el análisis de comparabilidad, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades establece una serie de circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta por el obligado tributario, siguiendo de manera casi literal las pautas establecidas a estos efectos por las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y Administraciones tributarias.
 
Entre estas circunstancias, hay que tener en cuenta las características de los bienes o servicios objeto de las operaciones vinculadas;  las funciones y riesgos asumidos, así como los activos utilizados por las partes; los términos contractuales de las operaciones (responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante); las características de los mercados u otros factores económicos que puedan afectar a las operaciones y cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante (como por ejemplo las estrategias mercantiles).

El método de valoración se podrá elegir libremente por el empresario, pero existe la referencia del estipulado por la OCDE, que actualmente está tratando de fijar estándares aplicados a multitud de situaciones. Las discrepancias de valoración o método no serán motivo de sanción", puesto que  en el valor de mercado no existe una regla fija, lo que hará que sean revisables caso por caso.

Para resolver los posibles conflictos son recomendables los Acuerdos Previos de Valoración, regulados por el artículo 91 de la Ley General Tributaria (desarrollado, a su vez, por el Real Decreto 1793/2008 de 3 de noviembre, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades), con los que el empresario puede consensuar con la Administración el precio de mercado de las transacciones con otras sociedades.

Estos acuerdos pueden obtenerse para diferentes contenidos, no sólo para la valoración de operaciones, sino también para gastos de investigación y desarrollo, servicios de apoyo a la gestión, subcapitalización o gastos generales imputables a los establecimientos permanentes.

En este sentido, la iniciación de un procedimiento de estas características no supone un esfuerzo administrativo adicional, puesto que la información que el contribuyente debe remitir a la Administración al solicitar la determinación del valor normal de mercado se asimila a la exigida en las obligaciones de documentación.

El procedimiento puede culminar con la aprobación de la propuesta del contribuyente, con el rechazo, o con la aprobación de una propuesta distinta, aunque deberá ser aceptada por el contribuyente.

A la hora de establecer los precios de transferencia entre sociedades vinculadas es necesario tener en cuenta que se consideran vinculadas las sociedades entre las que existe relación con  una participación del 5% del capital, o del 1% si se trata de una empresa cotizada y siendo el contribuyente quien está obligado a demostrar que se han realizado a precio de mercado tanto las operaciones nacionales como internacionales.

También, que las empresas que incumplan la normativa de operaciones vinculadas en sus obligaciones de describir y justificar que las transacciones efectuadas se hicieron a valor de mercado podrían enfrentarse a sanciones que podría superar el millón de euros.

Finalmente, recordar que la sociedad debe indicarle a la Administración tributaria los elementos de comparación internos o externos a tener en consideración, e incluir una mención justificativa cuando no cuente con datos comparables de empresas independientes, o la fiabilidad de éstos sea limitada.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La exención en el IRPF de las indemnizaciones percibidas por el mal funcionamiento de las Administraciones Públicas sólo abarca aquellas que resarzan daños personales, y no perjuicios económicos. D.G.T. C, 30-09-2008.
Por auto judicial, al consultante -funcionario de la Administración del Estado- se le reconoce una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de la Administración de una sentencia que reponía al consultante en un determinado puesto de trabajo. Al haberse practicado retención a cuenta del IRPF sobre el importe de la indemnización, pregunta sobre el sometimiento de esta indemnización al Impuesto.

A efectos del mantenimiento del derecho a la reducción practicada, es necesario que pueda acreditarse el mantenimiento del valor durante el plazo legal en elementos patrimoniales identificables. D.G.T. C, 02-09-2008.
Adquisición «mortis causa» de un 3,384% de un patrimonio afecto a una actividad empresarial. Si es preciso continuar el ejercicio de la actividad empresarial para disfrutar de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
 
Tribunales

Normativa nacional que reserva el disfrute de una ventaja fiscal a los bienes utilizados en un establecimiento permanente situado en el territorio nacional. T.J.C.E. S, 04-12-2008.
El artículo 49 CE se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual se deniega el disfrute de una prima por inversión a las empresas que adquieren bienes corporales, por el mero hecho de que los bienes por los que se solicita esta prima y que se ceden a título oneroso se utilicen principalmente en otros Estados miembros.

Régimen de tributación de grupo. Sociedad matriz residente. Subfiliales residentes controladas a través de una filial no residente. T.J.C.E. S, 27-11-2008.
El artículo 52 del Tratado CE (actualmente artículo 43 CE, tras su modificación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual se concede un régimen de imposición de grupo a una sociedad matriz residente en ese Estado miembro que controla filiales y subfiliales igualmente residentes en dicho Estado, pero se excluye para tal sociedad matriz si sus subfiliales residentes son controladas por medio de una filial residente en otro Estado miembro.
 
Tribunales Económico-Administrativos

Deducibilidad de los servicios de apoyo a la gestión de la entidad, referidos a los “management fees”, facturados por una de las sociedades vinculadas. T.E.A.C. R, 11-09-2008.
Son deducibles los servicios de apoyo a la gestión de la entidad únicamente en la parte que se refiere a los “management fees” facturados por una de las sociedades vinculadas, pero no las de los demás servicios, al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 16.5 de la LIS (Ley 43/1995). La Administración española no ha conculcado el Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, sobre ajustes por precios de transferencia en el ámbito de la Comunidad Europea, a la vista de los artículos 5, 6 y 8.1 del mismo. Las dotaciones a la provisión por responsabilidades son improcedentes, por resultar incorrecta su imputación temporal en relación con lo establecido en el artículo 13.2.a) de la LIS. Se descarta la deducibilidad de las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro, ya que se aportan alegaciones genéricas pero no justificación concreta de los créditos con la antigüedad aducida. Se desestima la deducibilidad de las dotaciones a las provisiones matemáticas adicionales, tanto en lo que se refiere al cálculo en los seguros individuales como en los seguros de grupo, por superar los mínimos establecidos en su normativa reguladora. El ajuste practicado en un ejercicio por la entidad por las contribuciones en conceptos de “servicios pasados” efectuadas al Plan de Pensiones resulta improcedente, ya que la documentación relativa al Plan de Reequilibrio no fue presentada por la entidad hasta el año siguiente ante la Dirección General de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda y el artículo 22.2 del Real Decreto 1588/1999 no sólo resulta aplicable a los planes de reequilibrio sometidos a autorización administrativa, sino también a los no sometidos a dicha autorización.

La notificación del cambio de domicilio fiscal mediante el modelo 037 no produce efectos frente a la administración autonómica. T.E.A.C. R, 24-09-2008.
No procede ninguno de los motivos de oposición al apremio y, en concreto, no existe falta de notificación de la liquidación, pues aunque se había comunicado el cambio de domicilio fiscal a través del Modelo 037 a la AEAT, esta comunicación no produjo efectos frente a la Administración autonómica que es la que dictó y notificó la liquidación.

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