edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
10/11/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Los administradores que actúan como directivos mejorarán su fiscalidad

Xavier Gil Pecharromán

La reforma fiscal va a concluir con la actual obligación de que las sociedades tengan que cambiar los estatutos cuando en ellos conste que el cargo de administrador es gratuito, pero dispongan de un contrato de alta dirección por el que sí perciban ingresos.

La gratuidad o no del cargo de administrador de sociedades de capital ha traído consigo una amplia polémica, que se generalizó con las sentencias del Tribunal Supremo de 2008, conocidas como la sentencia Mahou, en la que se dio por buena la interpretación de la Inspección de Hacienda de considerar que se trata de ‘liberalidades’ las retribuciones de los administradores no incluidas en los Estatutos, aunque se trate de asignaciones económicas derivadas de sus actividades como directivos de las empresas. La tributación, de esta forma se incrementa.

Por el contrario, la Dirección General de Tributos emitió tres las consultas que aceptan la deducibilidad fiscal de la retribución de los administradores por la prestación de servicios a la sociedad y su naturaleza de rendimientos íntegros del trabajo.

Para las empresas pequeñas se ha convertido en un auténtico engorro, por cuanto los pequeños negocios se ven en la necesidad de desechar los “estatutos tipo” o “estatutos estándar” que se configuran normalmente para reunir los requisitos establecidos por Registro Mercantil, puesto que no responden a las necesidades reales de la sociedad, porque ni todas las sociedades son iguales ni siempre se persiguen los mismos objetivos por sus socios. Así, es necesario poner en marcha la aprobación de la junta general de los nuevos estatutos y el recurso a asesores y notarios.

La reforma del Impuesto sobre Sociedades  establece que las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones distintas a su cargo serán fiscalmente deducibles a partir de enero de 2015, independientemente de su relación mercantil o laboral con la entidad y de si se encuentran o no reflejadas en los estatutos.

El actual sistema de remuneración establecido en los estatutos debe fijar además el concepto o conceptos retributivos.  Es decir, el sistema en virtud del cual el administrador va a ser retribuido. Por tanto, no basta con decir en los estatutos societarios que el cargo de administrador será retribuido, sino que los mismos estatutos deben establecer el concreto sistema o concepto de retribución.

El artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital enumera algunos de los conceptos retributivos que se pueden incluir en los estatutos, como es una asignación fija; dietas de asistencia; participación en beneficios; retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; remuneración en acciones o vinculada a su evolución; indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador; y los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. Sea cual sea el sistema elegido por los estatutos sociales, su importe máximo para el conjunto de administradores deberá ser fijado por la junta general.
Se trata, por tanto, de una medida que mejorará el actual tratamiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Así, los rendimientos del trabajo que perciban por la condición de administradores o miembros de los consejos de administración, en estos casos, dejarán de tener una retención del 42%.

Pero, además, no será la única medida que tenga efectos sobre el consejo de administración o sobre los administradores de este tipo de sociedades, puesto que la reforma fiscal modifica el tratamiento de las operaciones vinculadas, es decir, las realizadas entre socio y sociedad.

Hoy en día existe vinculación entre socio y sociedad si la participación es igual o superior al 5% o al 1% si se trata de valores admitidos a negociación en un mercado regulado. Con el texto de la reforma se considera que existe vinculación socio/sociedad si la participación es igual o superior al 25%. Por otra parte, el poder de decisión no constituye un supuesto de vinculación en la actualidad, mientras que a partir del 1 de enero de 2015 comenzará a tenerse en cuenta.

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